Una vez declarada la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Programa Canastas Nutricionales contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa.
Desde esa fecha, la Contraloría, dentro de su plan de vigilancia a los recursos asignados a atender la pandemia, identificó que diferentes contratistas del ICBF entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos.
Asimismo, el organismo de control estableció que en varios departamentos del país tutores de los menores que recibieron las raciones del programa canasta nutricional tienen múltiples beneficiarios.
En Chimichagua (Cesar), una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en el municipio de Fundación (Magdalena), recibiendo raciones por todos. También se identificó que un adulto aseguró en las planillas ser tío político de 134 menores de edad en Buenaventura (Valle del Cauca) al recibir las raciones de alimentos.
Adicionalmente, según la Contraloría se generaron 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a más $12.000 millones de pesos por entregar. Se trata de contratos en los que en los meses de mayo, junio y julio del presente año se realizaron pocas entregas y, en algunos casos, ninguna.
Por ejemplo, se identificó un contrato en Medellín donde los meses de junio y julio no se reportó por el ICBF una sola ración de 2.691 que se debían hacer.
Ante esta seria problemática, el ente de control fiscal advierte sobre la necesidad de avanzar en el uso de nuevas tecnologías, que permitirán un mejor seguimiento y efectivo control a estos recursos.
