El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- fue creado como establecimiento público, mediante la Ley 75 de 1968 con el fin de proteger a la infancia desamparada menor de 7 años. Fue reformado en 1999 cuando se creó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), en 2006 al expedirse Ley de Infancia y Adolescencia y en 2012 con la ley 1607 que exonera del pago de aportes parafiscales a los aportantes que enuncia el Decreto 862 de 2013. Actualmente el ICBF es una entidad adscrita al Departamento de la Prosperidad DP que coordina el SNBF. Para la Procuraduría adscribir al ICBF al DP no es conveniente para el SNBF. El Instituto tiene 12.000 empleados, la mitad de planta y la otra mediante contrato de prestación de servicios. La vigilancia fiscal la ejerce la Contraloría General de la República. No se ha implementado en el ICBF una rendición pública de cuentas.
Recursos billonarios
El ICBF deriva su presupuesto anual de más de $3 billones de los impuestos parafiscales que se cobran a los empleadores y $1 billón del presupuesto de la nación, todo ello representaría un poco menos de un punto del PIB. En TES mantiene un billón de pesos, la misma cantidad que se gasta en un año en los contratos de alimentos para menores de edad. Los recursos de inversión de 2011 a 2014 repuntaron en un 48%. Semejante presupuesto el ICBF lo distribuye en más de 17.000 contratos de diversa naturaleza.
35 programas
El propósito para el cual fue creado de cubrir la Primera Infancia desamparada fue ampliado hasta cuando esa niñez cumpla 18 años de edad. Actualmente son más de 5 millones de niños atendidos, quedando por fuera de los programas 700 mil niños-as. En la década de los 70 se hizo cargo de los CAIFS (Hogares Infantiles) y a mediados de los 80 empezó a incorporar a las "Madres Comunitarias", actualmente más de 77 mil de las que falta por formalizar laboralmente más del 30%. Atiende igualmente el programa de madres sustitutas y hogares sustitutos que son más de 6000, Hogares comunitarios,
Defensores de Familia más de 1000 y población desplazada. En total el ICBF atiende aproximadamente 40 programas incluido los de adopciones de niños-as colombianos-as que en diez años, de 2002 a 2011, fueron 25.988 niños dados en adopción.
Frecuentemente son cuestionados los servicios dirigidos a la infancia, que por el descuido en su planeación y ejecución conlleva que al menos un niño indígena muera diariamente de hambre, según la senadora Angela Robledo; la alimentación escolar no responde en Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca; en un evento en 2007 fue descubierta bienestarina mezclada con ácido sórbico, atribuible a la falta de auditoria a tales contratos adjudicados al clan Nule por 13 mil millones de pesos; hallazgo de alimentos en estado de descomposición que pretendían distribuir a los infantes como acaeció en Túquerres, Nariño; en algunos casos desafortunadamente los ingieren como el sucedido recientemente en Villanueva, La Guajira,en donde en el jardín “Sueños Maravillosos” del ICBF, la Fundación Barrancas Siglo XXI, suministró a 37 niños y niñas queso en mal estado, que desencadenó en su intoxicación. Ese infortunado día 130 infantes se salvaron porque estaban en recreación fuera del jardín. La deficiente calidad quedó al descubierto en el reciente caso de la Regional Nariño, en donde les daban a los niños sobrados de restaurantes.
Regionales dependientes de los gobernadores no del director
El ICBF tiene regionales en las capitales de los departamentos y más de 200 Centros Zonales. Los directores regionales no dependen del director nacional, son nombrados de ternas que le envía el DAFP a los gobernadores que los designan. Previamente se hace un concurso de méritos por parte del DAFP de donde salen los candidatos. Este procedimiento denominado “selección pública transparente” sería modificado. Al retirarse un director regional las localidades quedan al garete mientras se convoca el concurso o acuden a nombrar provisionalmente personas que apenas conocen el departamento y desconocen sus problemas locales en materia de niñez vulnerable. Este problema lo afrontan Atlántico, Casanare, Córdoba, Putumayo, Quindío, Vaupés y Vichada. En algunos departamentos se presentan probables casos de corrupción, v.gr. Nariño, Chocó, Guajira y Antioquia, todos denunciados por la dirección general del ICBF. Las de Sucre y Chocó fueron intervenidas por Bogotá.
Los regionales comúnmente son cuestionados por su presunta connivencia con los contratistas, presiones indebidas para cobro de comisiones, participación en política, como el director del Icbf, Magdalena, Joaquín González Uturriago; otros han sido favorecidos por una orden de captura como Alfredo Barreneche, el director del ICBF en el Cesar, a otros les han formulado pliego de cargos por no actuar diligentemente en pro de la niñez, como el evento del ICBF en Bolívar; son arrestados in flagranti como el de Nariño que estaría comprometido en defraudaciones del programa De Cero a Siempre, por un valor de $3.792 millones. En otras administraciones, como la de Elvira Forero, un funcionario fue capturado al recibir presuntamente un dinero que se cree era para facilitar la adopción de un niño protegido.
La Procuraduría ha tenido que ocupar sorpresivamente sedes del ICBF para evitar ocultamiento de evidencias o pruebas relacionadas con desangres al dinero destinado a la niñez más afectada del país.
ICBF, más de seis meses sin director.
De los 4 directores nacionales que ha tenido el ICBF en los últimos 8 años, Elvira Forero Hernandez, Diego Molano y Zuluaga son administradores de empresas. Cristina Plazas es abogada administrativista. Ninguno ostenta estudios de posgrado en asuntos relativos con la niñez y juventud vulnerable. Forero se desempeñó cinco años desde el 2006 al 4 de noviembre de 2011. Su gestión fue calificada por la Procuraduría y la Contraloría como “desfavorable e ineficiente” y negligente en materia de contratación. La Procuraduría concluyó que su administración puso “ en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores". Diego Molano trasladado de Acción Social la sucedió desde el 8 de noviembre de 2011 y se retiró el uno de mayo de 2013 . En su administración el ICBF fue condenado por la muerte de un menor en la regional Bolívar. Molano aumentó considerablemente la nómina del ICBF, la mayoría mediante contrato de servicios, y además de auto reajustarse su salario lo hacía en un 150% a otros funcionarios. La Contraloría investiga contratos de suministro de alimentos por más de 30 mil millones adjudicados a una empresa de Germán Trujillo Manrique y el concejal de Bogotá Édgar Torrado. Estos habrían celebrado contratos con el ICBF en 5 años por más de 81 mil millones de pesos y las autoridades los investigan “para determinar o descartar si Trujillo y los Torrado conformaron un cartel que se habría llevado buena parte del presupuesto del ICBF”, según la Unidad Investigativa de El Tiempo. Cinco meses después de la renuncia de Molano fue designado Marco Aurelio Zuluaga en octubre del 2013 y renunció el 3 de julio de 2014. Más de un mes después, el 11 de Agosto de 2014 se nombró a Cristina Plazas Michelsen, procedente de la secretaría privada de la presidencia. Plazas reconoce que el ICBF le falló a los niños y niñas de Colombia.
El ICBF aliado del posconflicto al ICBF como integrante del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, junto con otra treintena de entidades, le fueron añadidas funciones como diseñar la política para garantizar un proceso de reparación integral para los niños, niñas y adolescentes víctimas, como en casos de reclutamientos ilícitos; establecer con tres organismos más los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia en posconflicto e impartir las directrices de una política de Reconciliación para que sean adoptadas por el SNBF. Los directores regionales integrarán en el pos conflicto los comités territoriales de justicia transicional.
