Las declaraciones de Humberto de la Calle, que mostró toda la prensa este domingo 5 de julio, han causado revuelo. Bajo el título gancho de que “Es posible que un día de estos las Farc no nos encuentren en la mesa de La Habana”, el periodista Juan Gossaín, a quien se le dio la exclusiva, quiso así llamar la atención de lo que puede suceder si continúa el actual clima de tensión entre las partes negociando en medio del fuego.
Sin embargo, habría que destacar otros elementos del reportaje como la decisión del gobierno de estar dispuesto a un cese al fuego bilateral antes de la firma de los acuerdos o el llamado a la opinión para que acepte la presencia de las Farc como un partido político en el posconflicto que ameritaban ser el centro de la presentación.
Muchas aristas, entonces, hay para comentar la explosiva entrevista, pero no quisiéramos adentrarnos sino en una sola que por lo delicado del asunto pone de ya el tema de la verdad en primer plano convocado por el propio jefe negociador: se trata, ni más ni menos, del exterminio del movimiento sindical.
“Las Farc han sido el elemento más conservador de la vida política colombiana. Cincuenta años de su violencia disolvieron prácticamente el movimiento sindical y el estudiantil”, remata De la Calle, dejando en el aire la vieja pero discutible tonada de que la presencia por tantos años de la insurgencia armada impidió el desarrollo del movimiento popular, y ahora presentada como la principal causante de este otro genocidio.
Craso error histórico de alguien que como el exvicepresidente de la República en el cuestionado periodo de Ernesto Samper, 1994-1998, poco o nada hizo por frenar el proceso de aniquilamiento de la dirigencia obrera por parte del paramilitarismo, -muchas veces aliado con empresarios- y de no pocos agentes del propio Estado.
Las cifras son aterradoras y todas apuntan a que los principales victimarios de los sindicalistas en el periodo que va de 1984 a 2010, para basarnos en el estudio oficial de la Presidencia de la República, auspiciado por el PNUD, “Violencia contra el sindicalismo”, son los paramilitares y agentes del Estado.
La realidad de las cifras
En el trabajo presentado en 2010 en el que participaron investigadores de renombre como Mauricio Archila, Gustavo Gallón y Ricardo Sánchez, entre otros, se indica el siguiente reparto de los autores de los crímenes a sindicalistas:
Fuerzas Armadas y Policía: 518
Fiscalía: 80
DAS: 20
Sin identificar: 1874
Paramilitares: 1932
Guerrilla: 207
Grupos sin identificar: 68
Es decir, de las 4779 violaciones a los derechos sindicales, entre ellas 3.000 muertos en un periodo de 26 años, (un promedio de un sindicalista muerto cada 72 horas) a la guerrilla le corresponde el 4.35 %.
Llama la atención que entre militares, policías, paramilitares, DAS y Fiscalía correspondan 2550 víctimas, el 52 % del total. Pero llama aún más la atención que 1.874 casos se remitan a un extraño “sin autor conocido”.
¿Cómo es posible que la Fiscalía, en un casi 40 % de los atentados contra el movimiento sindical, no tenga la más remota idea de los autores? Así como no la tiene tampoco en materia de muchos crímenes contra la población. El reino de la impunidad que precisamente alienta a los criminales a perpetuar su ronda de la muerte.
Pero De la Calle debería tener en cuenta otro dato aterrador que tiene otra causa, la persecución antisindical en Colombia. Si se quiere ser objetivo, la tasa de sindicalización pasó del 9.3 %, del total de la población trabajadora en 1984, al triste 4.2 % en 2009. La más baja en Suramérica y una de las peores del mundo entero.
Colombia ostenta el mayor índice de sindicalistas asesinados en el planeta y la más baja tasa de afiliaciones sindicales. La cifra de trabajadores que hoy hacen parte de sindicatos corresponde al número de asociados que había en 1944. Como si el país se hubiera estancado en 70 años. No llega hoy a los 800 mil el número de sindicalizados, de los cuales más de 500 mil pertenecen a trabajadores oficiales.
Todo esto se puede explicar por la política integral, sostenida y sistemática, encaminada a demoler toda expresión organizada de los trabajadores, para que no se integren a la lucha por sus derechos. ¿Tendrá todo esto que ver con el accionar de la guerrilla?
Lo dicen los mismos cuadros sobre las luchas sindicales en estos años: una baja en flecha de las movilizaciones y, sobre todo, de las huelgas.
Para Ricardo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, el carácter de los crímenes contra el sindicalismo corresponde a un eje sistémico dirigido a aniquilar al movimiento obrero desde el empresariado y el aparato del Estado.
Como dice el directivo nacional de la CUT, Domingo Tovar, “las violaciones hacen parte del conflicto interno. Son sistémicas, continúas y programadas, con el fin de implementar el modelo de ganancia de los grandes capitalistas, auspiciado desde el propio gobierno. El que se atraviese, lleva”.
Tovar declaró que es tan perverso este sistema que los empresarios prefieren pagar a un sicario para que se elimine a un dirigente sindical, atemorizando a toda la organización, lo que le sale mucho más barato, que embarcarse en una negociación con un sindicato.
Hay algo que llama la atención de aquel foro en 2010 cuando se presentó el estudio que es un mentís a las declaraciones De la Calle y que vale la pena retomar ahora: en el evento quedó claro que las tesis iniciales de un sector del PNUD y del gobierno, que planteaban que la muerte de sindicalistas también tenía que ver con una supuesta vinculación a las guerrillas, no tenían ningún asidero y bajo la firmeza de los investigadores, terminó siendo rechazada frontalmente y por lo tanto no se registra en el texto.
La polémica sobre el caso del sindicalicidio queda de nuevo abierta por las declaraciones del jefe negociador del Gobierno en La Habana. Los trabajadores tienen la palabra para esclarecer, ahora que se habla tanto de reparación, estos crímenes que bien podrían hacer parte de la obra de Jorge Luis Borges, La historia universal de la infamia.
