La entrevista de Humberto de La Calle, jefe de la delegación del Gobierno en las conversaciones de La Habana con las FARC-EP, realizada con el periodista Juan Gossaín, ameritan una reflexión en cuanto ubican el estado actual de las conversaciones, en la versión estatal, pero sobre todo, hacen evidente que la agenda de la oposición al proceso esta superponiéndose a la agenda del Acuerdo General para una Paz Estable y Duradera, que es la que guía las conversaciones.
Hay que saludar la franqueza con que De la Calle aborda la entrevista, pues en ella sopesa de manera contundente las razones del Gobierno-Estado en relación con el proceso y permite desde allí establecer con toda claridad las posibilidades del mismo, no solo en materia de paz, sino en materia de guerra. Siempre he pensado que el lenguaje tiene un peso específico en unas conversaciones de esta naturaleza y que lo primero que hay que hacer es desescalar la palabra, que el diálogo debe ser inteligente e incluyente, y que hay que ser cuidadoso con no amenazar o extorsionar al adversario en relación con lo que se está haciendo y con lo que se puede hacer. El instrumento más importante de una negociación es la persuasión no la amenaza, de ahí que sea equivocado anunciar, ante la nación, colocándola como cortina de justificación, que “La paciencia de los colombianos se está agotando”, y que por lo tanto “el proceso está llegando a su fin o por bien o por mal”, y que agregue: “Yo sí quiero decirles a las FARC con toda seriedad: Esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana”. Y que concluya: “Realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos”.
Habría que preguntarle a Humberto de cuáles son los colombianos que habla… porque aunque parezca vergonzoso e incomprensible, este “país” se acostumbró a vivir en la guerra, sobre todo el “país” que no la padece, porque el país que si la padece ha buscado y se ha comprometido con la paz por las vías del diálogo y la solución negociada. Movimientos sociales, partidos políticos y sectores democráticos y la sociedad civil en general, que es distinta a la sociedad en general, se han movilizado masivamente para defender ese proceso y lo han hecho a tal grado que posibilitaron la reelección presidencial de Juan Manuel Santos. O está hablando de los colombianos que se han comprometido con la guerra y se han opuesto al proceso de paz, como los sectores de empresarios, élites económicas tradicionales y trasnacionales, élites políticas tradicionales y autoritarias, que le apostaron y le siguen a apostando a un proceso de pacificación y de sometimiento de la insurgencia sin cambios posibles . O está hablando de los colombianos domesticados por los medios, que son los que construyen la realidad que perciben las comunidades, que no les importa ni la paz ni la guerra; marchan detrás de los discursos de los arrieros políticos, vociferando sin criterio alguno, ni comprender el alcance y las implicaciones de sus discursos contra la paz y por la guerra, o de los colombianos que desde las fuerzas militares presionan al Gobierno para que pongan fin a las conversaciones espantados por el fantasma de que con el proceso de paz la institución se va a acabar.
No son las encuestas, ni los acontecimientos del momento los que deben mantener el pensamiento de un estratega de la paz. No pueden ser los estados de ánimo con que se levante el país por los hechos que están ocurriendo en materia de acciones militares los que definan el comportamiento del Gobierno-Estado para parar una guerra de 50 o más años. Esta guerra no se divide entre antes de Buenos Aires y después de Buenos Aires, no han sido once, ni doce, ni un centenar los muertos de la Fuerza Pública, han sido millares, como millares han sido los muertos de la guerrilla y de la población. Es eso lo que cuenta, porque si por muertos fuera, las FARC ya se debían haber ido hace meses de la mesa de conversaciones: a los once de Buenos Aires, el Gobierno retalió con 36 o más guerrilleros. Lastimoso lo de Tumaco, criticable, pero no es la primera voladura de oleoductos que ocurre en este país. Ni es agua potable lo que beben los habitantes de Tumaco desde sus acueductos. La guerra siempre afecta a las poblaciones y por eso hay que pararla. La guerra afecta al medio ambiente y por eso hay que pararla.
El peor momento del proceso de paz... ¡¡¡qué bueno!!!
Qué bueno que el proceso de paz este en el peor momento de sus tres años, eso quiere decir que va bien…, todos los procesos de paz del mundo cuando se acerca su final se vuelven más difíciles, son mayores los retos, las angustias, los aceleres y es ahí, no en otro momento, cuando se requiere de la grandeza de quienes conversan para no dejarse arrastrar de las fuerzas que los presionan y terminar por darles la razón a los opositores, como parece ser lo que está ocurriendo y evidencia sin escrúpulos el jefe de la delegación del Gobierno. Desde luego que hay que recuperar la serenidad, la sindéresis y desde luego que este es el momento de las decisiones de fondo, sobre dos temas de agenda que son cruciales: víctimas (verdad y Justicia) y terminación del conflicto.
Uno no conversa con el enemigo para llegar a acuerdos políticos diciéndole que se les agota su tiempo militar y su tiempo histórico. No, uno los persuade para que se convierta en su aliado estratégico para construir la paz, la democracia y el bienestar que requiere el país. Uno le abre el camino para que se incluyan como protagonistas en la construcción histórica de la nación. De eso es de lo que se trata la finalización del conflicto y la paz. Uno no le dice al interlocutor que no es nadie, sino le señala las rutas que se pueden seguir en una sociedad que se abre a un universo pluralista desde el cual se puede construir el bienestar global.
La agenda de los opositores está minando el proceso…
Al menos en tres puntos la agenda de los opositores ha sido asumida por el Gobierno Nacional y es eso lo que ha reversado el proceso.
Primero. Resulta absolutamente claro que este es un momento distinto al de los procesos anteriores, pero no le pueden cobrar a las FARC lo que no hicieron con las organizaciones que se desmovilizaron en el noventa, ni lo que dejaron de hacer con el proceso con los paramilitares en materia de justicia y víctimas. Es el Gobierno el que tiene que tramitar ante las Cortes Internacionales en razón de los acuerdos que contrajo y de los tratados que firmó las seguridades jurídicas del proceso. Por la experiencia histórica en otros procesos del mundo lo que debe prevalecer son los intereses de la paz nacional sobre los compromisos internacionales, y seguramente, una adecuada gestión ante los espacios que señala Humberto va encontrar las comprensiones que se han hecho evidentes de la comunidad internacional con este proceso. Sería trágico y vergonzoso para un país, no poder llegar a la paz interna porque sus acuerdos con el Tribunal de Roma y la Corte Interamericana se lo impiden, y que no logre adecuar la legislación interna incluyendo los fallos de Corte Constitucional.
Segundo. Equipar justicia para las víctimas igual a privación de la libertad de los victimarios es otro de los elementos de la agenda de oposición que se ha impuesto. Ese tema debe ser el resultado de una discusión en la mesa de todas las posibilidades que existen y de la más conveniente para el proceso. Del reconocimiento en amplitud y profundidad de las múltiples responsabilidades, comenzando por las del Estado. El concepto de justicia debe ser un concepto amplio que en primera instancia favorezca la verdad, la reparación integral y un compromiso auténtico de no repetición, las víctimas han hecho más énfasis en estos tres puntos que en la exigencia de privación de la libertad de los victimarios, la que se puede dar, como en el caso de los paramilitares: sin verdad, sin reparación integral y sin compromiso de no repetición.
Tercero. La propuesta de Álvaro Uribe Vélez de la creación de centros de concentración, para pagar penas es otro de los elementos que se incorporó a los imaginarios del Gobierno y que Humberto hace explícita con la variante de la incorporación a la vida civil en el proceso de dejación de armas: “Me parece sumamente constructiva. Y creo que el ex presidente Uribe tiene razón. Se puede discutir si es oportuna, pero la idea que uno tiene para acabar el conflicto es que sí es necesario y realista promover esas zonas de concentración, que pueden ser para gente temporalmente armada que se someta a un proceso de dejación de armas que es una condición esencial para que haya acuerdo y se reincorporen a la vida civil”.
El Gobierno ha asumido la idea de la oposición en el sentido de que cualquiera que sea la forma debe descargarse el peso de la justicia sobre los responsables de los delitos y que no existe manera de eludir la privación de la libertad, así se escoja dentro de los delitos cometidos unos y se asigne a unos responsables: “Una comisión independiente hace esa selección que le sería entregada a la Fiscalía para que escoja quiénes fueron los que cometieron esos delitos que tienen carácter internacional. Lo que se busca es limitar la acción penal a ese tipo de delitos y a sus máximos responsables. A ellos se les aplicaría la misma pena que dictan las leyes vigentes, pero que podría reducirse a una pena alternativa que se pague en condiciones de dignidad, sin rejas ni piyamas rayadas. Pero hay que asumir las consecuencias judiciales de los actos”. No sé si las FARC acepten que se les aplique un modelo de justicia que les da tratamiento de delincuentes, con las mismas penas vigentes y los mismas prerrogativas que tiene un delincuente común que colabora con la justicia y se les saque del delito político y los conexos, con todos los atenuantes que este implica. Creo que ese no es el camino. El delito político debe tener un lugar en la justicia y en los procesos políticos del país. Pero esto, igualmente, en materia de acuerdo debe ser el resultado de una discusión persuasiva e incluyente, que no se cierre en inadmisibles y se torne inmodificable.
No sé si los campos de concentración de guerrilleros sea el mecanismo que ha de utilizarse para la normalización de los miembros de las FARC en la vida social, económica, política e institucional del país, todavía eso está por definirse, pero cualquiera que sea, debe ser lo menos traumático para el proceso y para la sociedad colombiana y debe contar, en lo posible, con el mayor acompañamiento internacional y las mayores garantías.
No se ve con suficiente claridad la postura del Gobierno frente a la extradición. Las declaraciones del presidente desde España hace algunos meses a este respecto fueron muy bien recibidas, pero hoy no esta tan claro ese tema y no se puede dejar a la deriva y a la voluntad presidencial el futuro de ese tópico. La experiencia de los comandantes paramilitares durante la administración Uribe es un mal precedente.
Cese al fuego y las hostilidades
El tema de cese al fuego y las hostilidades tiene una lectura distinta entre en las partes. De La calle ha señalado “Nosotros hemos dicho: cese del fuego bilateral y definitivo, pero no solo del fuego sino también de las hostilidades, la extorsión, el narcotráfico”. Para las FARC, el cese bilateral es posible, así existan otros actores del conflicto con los que también es necesario entrar a conversar o no va a existir paz verdadera.
La sub-comisión técnica, para la terminación del conflicto, puede establecer desde ya unos territorios de paz, puede someterlos a veedurías e incluso a verificación con delegados de la comunidad internacional y de Naciones Unidas. Puede probarse un cese bilateral selectivo y escalonado sobre los territorios donde el conflicto ha sido más agudo e irlo extendiendo a todo el territorio. Se puede iniciar con un proceso de des-escalamiento focalizado que apunte a crear ambientes amables para la paz. Hay que involucrar a la población como garantes de ese des-escalamiento. Si para el Gobierno el cese de hostilidades es no más secuestros, no más extorsión, no más narcotráfico, para las FARC es no más persecución a líderes campesinos, a líderes populares, sindicales, magisteriales, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos de izquierda, no más muertes, no más desapariciones, no más represión, judicialización y criminalización de la protesta legitima, no más desplazamiento, no más muerte de reclamantes de tierra… entre otras acciones contra la población civil y sus formas de organización social y política. Estas dos concepciones pueden hacerse coincidir y llegar a un acuerdo sobre Cese de Hostilidades, porque esa es la puerta de entrada al postconflicto, que como lo evidencia De La Calle no es la ausencia de conflictos, sino su reactivación legal y legítima.
Resulta lesivo para el proceso descalificar los esfuerzos de la contraparte y sus gestos de paz, sugiriendo que han sido poco serios, cuando el mismo Gobierno reconoció en distintas ocasiones que las FARC cumplieron con el cese al fuego unilateral y venían desarrollando una importante agenda de desescalamiento. El cese bilateral no puede ser condicionado por una de las partes, sino acordado en conveniencia por las dos y como un componente esencial de mutua credibilidad en la etapa de terminación del conflicto. Están bien los elementos de verificación nacional e internacional, cuando son las dos partes las comprometidas. El Cese Bilateral al fuego es un compromiso de las partes con el país, de parar definitivamente la guerra, y debe generar una actitud en los territorios que permitan detener la acción de otros actores. Existe un sabotaje militar al proceso que no procede necesariamente de la Fuerza Pública, sino de sectores interesados en que la guerra se mantenga, porque ella es su vehículo de acumulación capitalista criminal y de enriquecimiento ilícito.
Sobre la verdad y las víctimas
Una de las conclusiones más relevantes de la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas fue haber señalado que no existe una única verdad, sino una pluralidad de verdades, por tanto no puede ni debe existir una verdad oficial. En eso, pese a que no se ha sometido al rigor del escrutinio político de la mesa de conversaciones el informe, se pudo avanzar en la creación de los fundamentos de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en el marco de la discusión del tema de víctimas que mas allá de todas las valoraciones y descalificaciones que se le puedan hacer a la misma, lo que hay que permitirle es que se construya y haga su tarea.
La entrevista del periodista Juan Gossaín a Humberto De La Calle muestra, como es lógico, la versión del Gobierno sobre el proceso y no lo que debe ser un balance equilibrado y compartido de las partes sobre el proceso, por eso Juan Gossaín le está debiendo al país la otra versión del estado del mismo en una entrevista similar con el jefe de la delegación de las FARC-EP: Iván Márquez.
Aliados estratégicos en la victoria de la paz sobre la guerra
Considero que ya es hora que el Gobierno y las FARC-EP defiendan conjuntamente el proceso frente a los opositores y a los escépticos, que al finalizar cada ciclo los plenipotenciarios del Gobierno y FARC se vengan al país a hacer pedagogía de paz, a reunirse con los movimientos sociales, con los empresarios, con los medios, con la Fuerza Pública, con los opositores y que se ponga a prueba la oferta de seguridad que el Estado debe ofrecer a los que se van a normalizar y a convertir en sujeto político, legal y legítimo, en el marco del orden constitucional existente en el postconflicto.
Este es el momento en que el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en lugar de estarse descalificando, sembrando incertidumbre y desconfianza en la gente De La Calle, debían convertirse en aliados estratégicos en la victoria de la paz sobre la guerra.
