Vamos muy mal en materia de justicia; el asunto ha hecho metástasis. Hemos manifestado en reiteradas ocasiones que los políticos bien pueden enloquecerse, pero un juez en el ejercicio de sus funciones jamás, dado que, ello implicaría el padecimiento de situaciones repudiables para los administrados. En efecto, ello es lo que estamos presenciando porque la coyuntura es, realmente, nauseabunda.
Estas últimas semanas hemos observado múltiples decisiones cuestionables provenientes del aparato jurisdiccional, que vale la pena mencionar para mirar lo mal que estamos.
En un primer momento, nos enteramos como un juez de la república dejó en libertad a un presunto pedófilo que fue candidato al Concejo de Bogotá acusado de acceso carnal a un niño de trece años. Lo grave es que el elemento probatorio permitía inferir más allá de toda duda razonable la responsabilidad del sujeto, por unas conversaciones entre este y el menor, y por un vídeo sexual grabado. Dicho sujeto está libre y claramente es un peligro efectivo para la sociedad. ¿Qué pasó ahí?
En un segundo momento, sufrimos con el homicidio de Juan Sebastián Medina, una criatura indefensa de siete meses que fue abortada por su madre en esa entidad llamada Profamilia bajo la complicidad de un juzgado de Popayán. El niño estaba sano, la madre también, el padre quería tenerlo y la criatura no fue producto de alguna violación. ¿Por qué avalaron su muerte?, ¿por qué no ha pasado nada al respecto?, ¿por qué Profamilia ejecutó dicho crimen?, ¿por qué no le dieron el niño al padre que quería tenerlo, criarlo y formarlo?
En un tercer momento, luego de lo antecedente y como si fuese un repudiable chiste, observamos a un magistrado de la Corte Constitucional avalando el aborto libre hasta los tres meses de gestación, cuando científicamente sabemos que en ese término ya existe una criatura en formación. Está claro que lo que pretende el magistrado es legalizar una cruel matanza. ¿Qué tal que la madre del magistrado que propone legalizar el aborto hasta los tres meses, lo hubiera abortado a él? Seguramente no estaría hoy ese sujeto elaborando dicha propuesta, porque para hacerla debió gozar de la gran fortuna de nacer. ¡Qué paradoja!
En un cuarto momento, está el caso del tristemente célebre Hugo Quintero Bernate, quien es, de lejos, un sujeto que carece de imparcialidad y autonomía; dos principios básicos para administrar justicia. Contrario sensu, reluce por su exacerbado sesgo ideológico, el cual manifestaba en la cuenta de Twitter que tuvo que cerrar para soslayar una merecida sanción social.
En reiteradas ocasiones he advertido que lo malo no son los tribunales, pero las personas que integran los mismos sí y mucho. El poder judicial es, constitucionalmente, autónomo de los demás poderes, lo que quiere decir que no pueden ni deben obrar en política, sino única y exclusivamente en Derecho.
¿Reunirá el señor Quintero Bernate las cualidades necesarias para impartir justicia en Derecho y no en política? Las reglas de la experiencia nos demuestran lo contrario. Sus posiciones políticas toman partido frente a infinidad de temas y ello inexorablemente comprometería las garantías de los investigados que tienen convicciones diferentes a las suyas.
No dudamos que Quintero Bernate representaría a la denominada justicia espectáculo que tanto daño le ha hecho a la democracia y a las instituciones; dicha justicia siempre ha estado motivada por aspiraciones políticas. Su actuar radica en filtrar en los medios de comunicación el sentido de sus pretensiones, para ambientar sus ilegítimas decisiones. ¡Algo ligeramente bochornoso!
Argumentos nos sobran para calificar a nuestra justicia de soez ¿O no?
