Desde el 20 de agosto 5.000 trabajadores del complejo carbonífero de El Cerrejón votaron la huelga, pero solo hasta el 1 de septiembre a las 3:15 de la tarde se inició al no haberse llegado a un acuerdo entre el sindicato y la multinacional.
¿Por qué la huelga?
Son dos temas: por un lado, la negociación de la convención colectiva de trabajo y, por otro, la imposición del turno 7x3 al cual los trabajadores han llamado el turno de la muerte. Dicho turno fue puesto en marcha por la multinacional de manera paralela al conflicto colectivo de trabajo según afirma el sindicato. Al estilo esclavista, la multinacional asegura que la decisión de cambiar los turnos no se discute. Este turno reduciría el número de trabajadores en un 25 por ciento.
A finales de 2019 el sindicato presentó pliego de peticiones, pero no se pudo llegar a un acuerdo con la multinacional, obligando a los trabajadores, ya en el presente año, a declararse en huelga en plena cuarentena. Pero ante esta emergencia nacional y el riesgo consecuente, el sindicato optó por retirar el pliego de peticiones. Este hecho hizo que de manera automática se prorrogara la convención colectiva de 2018-2019 hasta el 30 de junio del presente año. El 26 de junio el sindicato presentó nuevamente el pliego de peticiones donde pretende conservar básicamente lo ya pactado y realizar unos ajustes legales a los pequeños beneficios contemplados en la convención. La respuesta de la multinacional fue la de demandar por segunda vez (la primera vez lo hizo en diciembre de 2019) ante el Ministerio de Trabajo.
La empresa convocó al primer encuentro para el día 3 de julio, pero al parecer según el sindicato, las garantías se pudieron suscribir el 13 de julio, iniciando la etapa de arreglo directo el día 14 de julio. Paralelamente a la etapa de arreglo directo, el día 15 de julio, la empresa presenta de manera formal el turno de siete días de trabajo por tres de descanso (7×3) como parte de lo que ha llamado el proceso de transformación, con el objetivo de la multinacional según el sindicato de reducir costos. Con este turno la empresa pretende reducir en un 25 por ciento el número de sus trabajadores. De igual forma reducir el costo de la convención colectiva congelando y eliminando beneficios adquiridos, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus trabajadores.
La empresa pretende eliminar los siguientes derechos adquiridos y contemplados en la convención colectiva de 2018-2019.
- Conversión de contratos a término indefinido. Lo acostumbrado es pactar un número mínimo de conversiones de contrato de la propia empresa. En la última Convención el número de contratos convertidos pactados fue de 230.
- Subsidio de transporte para los trabajadores que residen en Barranquilla y Valledupar, que cubre 70 por ciento del costo del transporte. De eliminarse este punto, se verían afectados aproximadamente 1.135 trabajadores.
- Auxilio educativo para hijos pensionados y auxilio para la asociación de pensionados, Asopcerrejón. De ser eliminado, dejaría sin subsidio a los hijos de los pensionados por invalidez, muchos de ellos como consecuencia del trabajo.
- Los aportes para los centros de cultura física y terapéutica. Necesarios para el mantenimiento y la rehabilitación de la salud de los trabajadores.
- Reajustes por IPC para el segundo año de vigencia, que asegura el poder adquisitivo para los ítems económicos de la Convención Colectiva de Trabajo.
- Rubro que se destina a investigación de enfermedades laborales por parte del sindicato.
Ahora, también pretende reducir los siguientes derechos adquiridos:
- El transporte diario a las poblaciones de La Guajira, Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción y poblaciones intermedias.
- Primas de vacaciones. (prima de servicios, cesantías y otros), y reducir también el ingreso base de cotización a seguridad social y su consecuente disminución del valor de las futuras incapacidades médicas y mesadas.
- Bono de retiro anticipado por pensión de vejez. De 6 a 3 salarios del trabajador.
- Incremento del salario por eficiencia y productividad, de 2 a un 1 por ciento.
- También pretende reducir los auxilios educación para los hijos de los trabajadores activos, pensionados y fallecidos, al igual que la prima de antigüedad y los aportes de los planes adicionales de salud de medicina prepagada.
- Bono por cumplimento de metas.
Así, aprovechando la febril ofensiva patronal con ocasión de la pandemia, respaldada con diligencia con lesivos decretos por el gobierno de Duque, para hacer retroceder los derechos laborales o desconocer las conquistas de los trabajadores, la multinacional pretende realizar una serie de medidas que desmejorarían notablemente las condiciones de los trabajadores y elevarían la tasa de desempleo en La Guajira, departamento olvidado por el Estado y los gobiernos de turno.
Es fundamental no pasar por alto un dato clave. El primer contrato que realizó el Estado colombiano para la explotación de los carbones en el Cerrejón Zona Norte lo suscribió con la multinacional Intercor, por entonces filial de la Exxon en asocio con Carbocol, empresa industrial y social del Estado, en diciembre de 1976 por un período de 30 años, que se vencían en el año 2009. Terminado el contrato, de acuerdo con la cláusula 24 del mismo, Intercor quedaba obligada a dejar en producción las minas en explotación y debía entregar a la nación las construcciones y demás propiedades inmuebles de la cuenta conjunta ubicadas en el Área contratada, todo lo cual pasaría gratuitamente a poder de Carbocol, empresa estatal de la nación dueña del 50% de la producción de carbón, así como las servidumbres y bienes adquiridos en beneficio del contrato, aunque aquéllas o éstos, se encontraran fuera del Área contratada. Es decir, de modo inequívoco, rezaba originalmente el contrato, en el año 2009, que el Estado colombiano podía haber recuperado la mina. Pero he aquí que el gobierno renunció ─de modo insólito y hasta hoy injustificado─ a dicha ventajosa estipulación en favor de la nación. Las clases dirigentes del país consintieron así en la entrega de lo que queda de nuestro carbón a las multinacionales mediante el Decreto 020 de 2000 expedido por el gobierno de Andrés Pastrana. Y encima, prorrogando dicho contrato por 25 años más (!?)...
Queda claro entonces que hoy los trabajadores se enfrentan al consorcio multinacional de las mineras BHP Billiton, Glencore y Anglo American, que hoy son dueñas de las tres zonas del Cerrejón, y no a una empresa estatal debido al sentido antinacional de los gobiernos.
En medio de los confinamientos se ha producido un severo retraimiento de las movilizaciones sociales y de las luchas sindicales que marcaron un alto nivel en 2019. Su punto más alto lo marcaron las jornadas del 21 N que alcanzaron a una última réplica en febrero del presente año. En ese ambiente de parálisis es necesario brindar la solidaridad del mundo del trabajo hacia este colectivo obrero que ha decidido luchar por sus derechos. Todo debe empezar por que la opinión pública conozca los desarrollos del movimiento de los trabajadores y la respuesta de la transnacional y la actitud que presente el gobierno nacional quien hasta ahora ha venido aplicando una reforma laboral a punta de decretos tal como el 1174 del 27 de agosto, que da pie a la multinacional para realizar las reformas que pretende.
Aunque el carbón es el combustible fósil más contaminante y el desarrollo del país no puede cifrarse a largo plazo en una estrategia minero exportadora, un gobierno que responda a las necesidades de la nación y del pueblo, será el llamado a efectuar la necesaria transición, con el concurso y el apoyo consciente de los trabajadores de una economía basa en los combustibles fósiles a nueva impulsadas por energías limpias y renovables.
