La tremenda historia "tercermundista" de más de 50 años del sistema eléctrico de la región Caribe ha llegado en los últimos meses a la crisis más grave y más costosa para la ciudadanía.
La salida a esta crisis es mucho más difícil que llenarse de indignación y exigirle a Electricaribe que desista de sus "excesos en contra de los usuarios".
Lo que tenemos hoy en la región es, en buena medida, el cadáver insepulto de las llamadas electrificadoras de la costa, que fueron privatizadas en 1998 después de un festín de corrupción clientelista que fue, por décadas, uno de los motores de la política electoral del caribe y de muchos lugares de Colombia. Pero, por lo visto, con la privatización cambió todo para que nada cambiara.
Para saber dónde estamos parados habrá que saber los motivos por los cuales el primer comprador de la mayoría de esos activos (Houston Industries / Electricidad de Caracas) los vendió, solo dos años después, a la española Unión Fenosa, en el mismo estado en que los recibió, y sin mejora alguna del servicio.
Habrá que saber por qué durante la primera década de este siglo las inversiones efectivas en infraestructura y gestión fueron apenas una pequeña fracción del deber ser. Bueno saber quiénes son responsables de este mal desempeño del prestador del servicio. Y ya vamos por la mitad de esta década; ¿qué ha ocurrido en estos últimos años?
Electricaribe, propiedad de la multinacional española Gas Natural Fenosa, después de su fusión con Unión Fenosa en 2009, enfrenta una realidad regional muy conflictiva. Una de las más grandes áreas de servicio de distribución de energía en el continente está signada por la pobreza, la informalidad, la subnormalidad urbana. Obviamente esa condición no exime a la empresa ni al gobierno de respetar los derechos de la comunidad.
Y sí que se han irrespetado esos derechos. La falla del Estado es colosal. Este no ha cumplido cabalmente sus responsabilidades de dirección y control durante la era de propiedad privada del negocio. Sin haber hecho las inversiones requeridas desde 1998, no se puede esperar que, por arte de magia, la región Caribe tenga un servicio eléctrico aceptable. Varios años habrán de pasar antes de que los usuarios tengan una mínima satisfacción.
(2). Así, la "lucha contra Electricaribe", por sí misma, no ha sido - ni será - más que una denuncia. Un grito herido. O un dispositivo electoral. El deber de los líderes ciudadanos y del gobierno es corregir los errores de planeación y control; ello significa, claro, obligar a Electricaribe (o a sus sucesores) a cumplir sus compromisos de inversión, registrados al máximo detalle. El gobierno tiene plenas atribuciones. Hay que recordarles a los dirigentes regionales que los departamentos, municipios y distritos tienen claras responsabilidades en este campo. Una revisión de su cumplimiento arrojará resultados desoladores. Mucha tela de donde cortar aquí.
(3). La CREG tiene ocho (no seis) miembros que son expertos comisionados de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República. Ocurre que, por diversas razones, aún en ambientes "expertos", muchos ignoran que el presidente de la CREG es el Ministro de Minas y Energía y que el Ministro de Hacienda y el jefe del Departamento Nacional de Planeación son también miembros. En otras palabras, es falsa la noción de que la CREG es un conventículo de clérigos uncidos de "técnica" y exentos de responsabilidad política y de dirección gubernamental. ¿Cuántas decisiones de la CREG se han tomado a voto limpio, por encima de la voluntad del gobierno?
Artículo publicado originalmente el 26 de noviembre de 2015
