"La casa y calle por cárcel es el hazmerreír de los colombianos, contra los que nos imparten justicia”
Nuestro estado es un país de leyes, los códigos se desactualizan día a día, por la cantidad de normas nuevas que deben remplazar o quitar de dichos textos. Su aplicabilidad se da de acuerdo a las interpretación, conceptualización y apreciación que cada uno de los Magistrados, Jueces, fiscales y abogados puedan esgrimir en el momento determinado. A esa argucia le agregamos el alto grado de corrupción en todos los entes de la justicia, donde colocamos también a la Procuraduría, la Contraloría General, las departamentales y municipales. La decisión para que un judicializado deba tener casa y calle por cárcel, es paradójica por esa interpretación, muy a pesar que la ley establece los criterios que se han de tener en cuenta para considerar si la libertad de alguien constituye un peligro para la sociedad. La misma Corte Constitucional estipuló “que no es suficiente la gravedad del delito para privar de la libertad a un procesado”.
Con tal fallo, le dieron pie al entramado judicial de la corrupción, para enviar a sus casas o a la calle a delincuentes de distintas estirpes, burlándose de esta manera del estado, las familias afectadas y de la comunidad en general. Fallos estos, controvertidos y espinosos se han convertidos en el pan de cada día, cuando se esperaba la imposición de medida de aseguramiento intramural en contra de personas imputadas por diferentes y graves delitos.
¿Pero qué podemos esperar de los que crean, aprueban, validan e imparten justicia, cuando ellos están inmersos en delitos y actos de corrupción? El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, con su historia en Odebrech, el director nacional de la Unidad Anticorrupción Gustavo Moreno, a la espera de ser extraditado por exigir dinero para incidir en los procesos del fugitivo exgobernador de Córdova, Alejandro Lyons, Gustavo Villegas, el hombre encargado de planear las estrategias en la lucha contra la criminalidad de Medellín como secretario de Seguridad de Medellín, aliado con bandas delincuenciales de la ciudad. Allí mismo, Sergio Zuluaga Peña, contralor de Antioquia, capturado por un escándalo de cirugías estéticas
¿Qué se está dando actualmente? Casa y calle por casa a los funcionarios de la DIAN por crear empresas ficticias, simular exportaciones y realizar transacciones comerciales para devoluciones de saldos a favor de empresas chatarreras. Casa y calle por casa para los innumerables alcaldes y funcionarios públicos del país judicializados por la suscripción de contratos sin el lleno de los requisitos donde se han robado billones y billones de pesos, pero cuyos delitos no les da para ser “un peligro para la sociedad”. Casa y calle por casa, a los ideólogos del robo de la salud, (hemofílicos y locos) y la educación (PAE) en los departamentos de Sucre, Córdova, Meta, Bolívar, Antioquia, Guajira y otros más, que según la Fiscalía, cobraron cuentas ficticias y los jueces les ofrecían beneficios judiciales a delincuentes a cambio de grandes sumas de dinero. Dentro de los beneficios, estaban las detenciones domiciliarias y las calles por cárcel.
En Colombia, “darle 20 puñaladas” a una mujer o a un niño, no constituye para los jueces “un peligro para la sociedad”, como tampoco “los asesinos en potencia” que venden medicamentos de alto costo adulterado y solo le dan casa por cárcel. Al presidiario excongresista Alberto Santofimio, le ordenaron que cumpliera el resto de su pena detenido en su casa por su participación en el magnicidio del precandidato presidencial Luis Carlos Galán.
Lo paradójico de todo en nuestra injusticia es que la propia fiscalía avale la condena intramural a un joven que aceptó cargos por haber robado 1,5 kilogramos de café y otros tantos de jamón en un supermercado de Bogotá, o del famoso caso del hombre que robó una caja de caldo de gallina que lo mantuvieron por un largo tiempo en la cárcel, o el que pagó cinco meses y siete días de prisión tras ser sorprendido robando dos cajas de chocolates.
En años anteriores era un honor obtener un título de bachiller, profesional y ser gente honesta y de bien, hoy el estandarte es tener un diploma con prontuario de delincuente, convicto o exconvicto.
