Mucha tinta se ha escrito sobre la problemática del hospital La Misericordia de Calarcá; en la prensa hablada y escrita, tanto en los medios de la región y en el ámbito nacional. Marchas, plantones, velatones, ollas comunitarias, mítines, pancartas, acciones jurídicas exigiendo en un solo grito ¡La Salud se respeta, carajo! No voy a entrar en detalles de la problemática que ya todos conocemos. La Superintendencia de Salud, en un informe de 193 páginas, encontró 54 hallazgos del orden fiscal, judicial y administrativo. Pero lo que no pudo constatar dicha entidad fue la politiquería que impera en dicho centro de salud. Veamos el roscograma del manejo e interés politiquero que hay en juego en el hospital La Misericordia.
El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, fue elegido con el respaldo político de la vieja guardia del sector clientelista y caduco del Quindío de los últimos 30 años y del senador liberal caldense Mario Castaño. Pero ese matrimonio entre senador y el gobernador se desmoronó porque el el gobernador Jaramillo Cárdenas entregó el negocio de los suministros hospitalarios para los hospitales del Quindío a un operador muy cercano al círculo político de sus entrañas.
Esto hizo que el actual gerente del hospital de Calarcá, Bernardo Gutiérrez, se le saliera de su redil, privilegiando a su protector político, el senador caldense Mario Castaño, en la compra de suministros hospitalarios , favoreciendo a la empresa del parlamentario caldense. En últimas, el senador de marras protege al actual gerente de sus actos desdeñosos en el manejo del hospital.
El gobernador, muy hábil, ha logrado dejar en el imaginario que todo el desastre de la crisis del hospital ha sido solo del gerente, que obviamente sí es uno de los responsables de dicha crisis. Pero ¿quién nombra al gerente del Hospital La Misericordia? ¡Lo nombra el Gobernador del Quindío! ¿Quién preside la Junta Directiva del hospital? ¡La preside el gobernador!
Y, para acabar de completar, el actual mandatario de los quindianos, en declaración a los medios de comunicación hace algunos días, dijo "aunque tenga la plata no le voy a girar ni un solo peso al gerente, hasta que no renuncie". Señor gobernador, eso, literalmente, es un chantaje. Aquí lo que tiene que prevalecer es el derecho a la salud y a la vida, por encima de cálculos de índole político.
Pero lo insólito de todo este problema con el hospital es que ni el gobernador, ni el gerente, ni las EPS, ni la secretaria de Salud, ni los diputados, ni el alcalde de Calarcá, ni el Ministerio de Salud asumen la responsabilidad de la crisis de dicho centro hospitalario. Como dice un reconocido escritor quindiano, “la culpa es de la vaca”.
¡Qué sinvergüenzas! Cómo es que atentan contra el derecho a la vida de los más de 100.000 usuarios de este centro hospitalario. En últimas, la salud de los calarqueños y de los quindianos está presa por la mafia politiquera que nos gobierna.
¡Basta ya! No queremos más explicaciones chimbas. Necesitamos que garanticen el derecho a la salud como mandato fundamental de nuestra carta política y como deber moral de los mandatarios frente a sus gobernados.
