La compleja situación que enfrenta el departamento del Chocó es lamentable. Los problemas siguen avanzando, tanto así que aplica la vieja expresión que señala “nos está llevando el que nos trajo”. No son nuevos los penosos índices de calidad de vida de nuestros hermanos chocoanos, tampoco las causas estructurales que generan esta situación en la tierra bendita de las fiestas del “San Pacho”.
Es necesario reconocer que en educación, agua potable, energía, empleo y necesidades básicas, el Chocó se queda atrás. Es decir, el departamento carece de los mínimos niveles de calidad de vida. No obstante, ahora lo que resuena en los pasillos nacionales es el estado deplorable de salud que enfrentan sus habitantes, y en particular, la poca infraestructura para garantizar este bien común, mal llamado servicio público.
Según el informe de la Contraloría General, la situación fiscal del departamento no es la mejor, debido a que el servicio presenta serias irregularidades. No se puede desconocer la situación política, económica e institucional que presenta el Hospital Departamental San Francisco de Asís, en donde se requiere una “vigilancia rigurosa especial”, según el ordenamiento de la Corte Constitucional frente al estado de la entidad encargada de la salud en la región. Ahora, la situación consiste en sacar a flote la crisis que vive el hospital, y dar un giro a un posible escenario de estabilidad.
Lo aterrador del asunto reside en que es el único hospital de mediano nivel, a pesar de tener problemas como: el agua que se usa no pasa por un tratamiento adecuado porque la maquina está en mal estado; los niveles de contaminación en la zona son altísimos, llegando al punto donde los pacientes deben jugar a la ruleta entre tomar agua con mercurio o con otros residuos (heces); y por si fuera poco, el tratamiento del agua se está haciendo de manera manual puesto que su conexión proviene del río Atrato, el cual presenta según el Instituto de Investigaciones ambientales del Pacifico, niveles considerables de mercurio y otros mentales, que son corrosivos para la salud de los habitantes en la región. (Véase)
Todo esto nos invita a reflexionar en lo que podríamos llamar la “maldición” que vive el departamento del Chocó, en particular el Hospital Departamental San Francisco de Asís. Lo anterior es una muestra de los problemas de planeación y gestión que muestra el gobierno nacional. Además, simboliza las contradicciones que tiene el sector privado y su incapacidad de garantizar las necesidades, procedimientos y servicios mínimos que requieren los pacientes. Igualmente, es resultado de los intentos fallidos por garantizar el servicio a las familias más humildes de las regiones que históricamente han sufrido el conflicto armado.
Así pues, no suena raro exigir mejores condiciones en este campo público en el país. No se puede pensar en la construcción de la paz territorial, ni mucho menos en un tipo de pedagogía de la misma, si no se buscan estrategias para ir superando este problema que afecta a todos los colombianos. Ahora, pensar la paz con un sistema de salud a medias es la muestra de los vacíos que tiene el actual momento del posconflicto en la nación.
En efecto, el sistema general de salud en Colombia no presenta las mejores condiciones desde la prevención hasta el seguimiento de los tratamientos. La incapacidad del gobierno de Santos I y las reformas político - administrativas de Uribe I-II llevaron al punto de enajenar este bien público a las empresas transnacionales dedicadas al “negocio” de la salud. Como dicen, enfermarse es sinónimo de endeudarse, dada la falta de gestión y cubrimiento que tienen las EPS en la prestación de todas las especialidades y subespecialidades que requieren los pacientes.
En conclusión, las fuertes críticas que ha recibido el gobierno nacional han sido sobre su propuesta de concebir un sistema mixto y la unificación de los programas de salud pública en las regiones. Lo que implica, seguir entregando a las empresas privadas los servicios generales, especializados y los procesos de alto nivel a las clínicas particulares, llevando a generar un estado de dependencia del sector público sobre las grandes clínicas, centros e instituciones que poseen la capacidad de realizar el servicio.
