Los testimonios de las víctimas ante la JEP son desgarradores, sus relatos marcados por el dolor advierten que no resisten el mínimo privilegio para sus victimarios, los que acudieron al terror, la tortura y el vil trato a inocentes seres humanos, entre ellos valientes policías y soldados de la patria. El calvario fue y sigue siendo de tal magnitud, que no admite matices y tampoco la más mínima opción razonable para que autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad posen de “honorables” padres de la patria. La barbarie y crueldad de sus acciones, siguen vigentes por desgracia, ahora a través de la segunda Marquetalia y las disidencias, y de otro lado por las bacrim y el ELN.
No habrá tribunal alguno que enmiende con sus decisiones las cicatrices causadas a toda una sociedad y menos a las víctimas en vida. No lo logró la Carta de Londres con la instauración del Tribunal de Núremberg, que en menos de un año sentenció 12 penas de muerte y 7 condenas a prisión; tampoco el Tribunal Internacional para la antigua Yugoeslavia que desde 1993 ha proferido más de 124 condenas entre ellas al extinto Milosevic. Todavía y después de varias décadas millones de víctimas del Holocausto y del “carnicero de los Balcanes” viven con estos fantasmas a cuestas.
Los cabecillas de las Farc o de los Comunes, están en mora de renunciar al Congreso, aceptar sus responsabilidades, cumplir las penas y luego sí, someterse al escrutinio público; al final se enfrentarán a una sociedad amnésica, indiferente y poco resiliente; contarán con aliados políticos y como ya ha ocurrido, lograrán cargos de elección popular, ministerios, embajadas etc. Pero nada, en absoluto, podrá borrar la alevosía de sus actos.
No habrá proceso de paz, de reconciliación, de perdón y olvido, inmunidad, indulto o amnistía, que rezarse el castigo ejemplar a los victimarios y la reparación de las víctimas. No habrá asunción de culpa que borre el daño irreparable causado a millones de víctimas que aún lloran a sus seres queridos desaparecidos y que luchan cotidianamente, no por el perdón o la reparación, sino por la verdad y la justicia.
Es irrefutable que el acuerdo con las Farc disminuyó y desactivó de manera significativa parte de la violencia histórica del país; pero no hay derecho a que las víctimas se revictimicen observando con ahogo e impotencia a sus victimarios en la casa de la democracia, haciendo leyes, gozando de privilegios y pontificando pública y cínicamente, posando de acusadores y redentores de los grandes males que enquistaron en el pasado.
Grave error cometen los gobernantes, las altas cortes y los organismos internacionales, al legitimar y decretar investiduras y curules en el Congreso de la República para beneficiar a terroristas con esta dignidad, en forma automática, en la impunidad y con plenos derechos civiles y políticos como cualquier ciudadano. En unos meses recibirán penas alternativas, iguales o menores a quienes han infringido la ley por pequeñas causas, con restricciones de la libertad, detenciones domiciliarias y trabajos comunitarios que nunca se equipararán con la crueldad sistemática causada a toda una nación por más de cinco décadas.
Algunas de estas historias trágicas han quedado registradas en infinidad de tomos de memoria como el libro Mitú, la noche de los jaguares (2018), donde algunas de las víctimas narraron sus fatales experiencias, la intensidad del trauma vivido y sus pérdidas existenciales; como sucedió con el general Luis Herlindo Mendieta, los tenientes coroneles William Donato y Enrique Murillo, los sargentos Arbey Delgado y César Augusto Lasso; el capitán Enrique Murillo; el teniente Javier Rodríguez y el subintendente John Frank Pinchao; los cuales padecieron hasta más de una década los horrores del secuestro, siendo sometidos a la mayor degradación humana.
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La credibilidad de los victimarios, aún en la impunidad, es inexistente y la aceptación de sus culpas es tan frágil, mentirosa y forzada que resulta ofensiva para las víctimas
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Los victimarios aún en la impunidad, deberían abandonar el protagonismo público. El país no resiste sus rostros con el sello del horror. Su credibilidad es inexistente y la aceptación de sus culpas es tan frágil, mentirosa y forzada que resulta ofensiva para las víctimas. El ELN, la segunda Marquetalia y las disidencias, tienen el espejo del acuerdo con las Farc, y persiguen iguales o mayores beneficios; por ahora saben que su único destino es seguir huyendo en Cuba y Venezuela, o someterse, a las condiciones del gobierno, o caer abatidos en sus guaridas criminales.
Difícilmente el pais resista otro acuerdo como el de La Habana, sectores mayoritarios de la sociedad viven indignados con la desproporción de los privilegios que han acompañado este y anteriores procesos de reintegración; mientras altos oficiales del estado están en prisión, antiguos cabecillas de grupos terroristas usufructan aministías, indultos y amplios beneficios, algunos se han acercado a la primera magistratura; y no se trata de ser enemigos de la paz y amigos de la guerra, o de hacer trizas los acuerdos; es el sufrimiento intenso, de cuerpo y alma, de las víctimas.
Los Honorables Padres de la Patria, aquella mayoría que hoy, desde el Congreso, representa a los colombianos de bien; aún tienen el desafío de demostrarle a sus electores que es posible seguir “construyendo nación”, defendiendo y promoviendo los valores del estado social de derecho, desde la legitimidad y no por conquistas alcanzadas producto de alianzas con mafias del crimen, la corrupción, o por transacciones de un acuerdo político que defectuosamente entregó pasaportes parlamentarios a criminales de guerra.
Bien expresó Ana María, durante los funerales de su padre, el coronel Juan Ernesto Guevara Castro, secuestrado en la toma de Mitú y muerto en el nefasto cautiverio: “se llevaron la vida y nos trajeron la muerte”, mientras alias el Monojojoy reportaba al otrora Secretariado, hoy ¨Honorables Padres de la Patria: el ¨comejen da cuenta de parte de los restos del coronel¨. Así de simple.
