Múltiples intentos se han adelantado desde hace muchos años para fortalecer la Justicia Penal Militar haciéndola más independiente, autónoma y moderna, de tal manera que se incrementara su legitimidad y transparencia, poniéndola a tono con la Constitución Política de 1991 y en congruencia con el Sistema Penal Acusatorio.
Pero como es común en nuestra cultura, y los componentes de la Fuerza Pública no somos ajenos a ello, el adagio “en casa de herrero, azadón de palo” se puede predicar en este caso, ya que han existido y siguen existiendo algunas voces en contra de esta histórica evolución, dentro de la Fuerza Pública y en la misma Justicia Penal Militar, muchas de estas con lógicos argumentos por cierto, pero que al final entorpecen dar el paso, el que hoy avanza con suma diligencia a cargo del Ejecutivo, del ministro de Defensa y del Dr. Fabio Espitia, ratificado por el señor presidente como el director de la nueva Unidad Administrativa Especial. Se debe señalar que fue fiscal general (e), fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y egresado del Curso Integral de Seguridad y Defensa, un perfil muy oportuno en el liderazgo de esta transición.
De acuerdo con los decretos presidenciales, la Justicia Penal Militar será una jurisdicción moderna que basará su operación apoyándose en tecnología de punta, desde la recepción de la denuncia, pasando por las actuaciones de fiscales, policías judiciales y jueces, implementando además un completo tablero de control para el seguimiento de los órganos de investigación, juzgamiento y administrativos dentro de los cuales se encuentra la Dirección Ejecutiva, garantizando la integridad y veracidad de la información gestionada.
La información de la noticia criminal será homogenizada con las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación y tendrá un número único de noticia criminal (Nunc) que permitirá conocer la trazabilidad de los casos. Se destaca la interoperabilidad con otras entidades del Estado, en especial con la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y la Dijín de la Policía Nacional -Dirección de Investigación Criminal e Interpol-, con el objeto de compartir información en línea y en tiempo real, lo que facilitará además la definición de casos entre la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar, evitando así la dualidad jurisdiccional en las investigaciones, prevaleciendo igualmente el principio de economía procesal.
La integridad y veracidad de la información permitirá adelantar estudios sobre el fenómeno delictivo de conocimiento de la Justicia Penal Militar, insumos muy valiosos para retroalimentar a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional sobre las causas de estas conductas y de esta manera contribuir en las decisiones de tipo preventivo, correctivo y de selección y formación del personal. Dispondrá de una plataforma electrónica web y móvil, que facilitará a defensores, indiciados y demás ciudadanía realizar trámites y consultas sobre la información pública relevante de los casos que maneja la Justicia Penal Militar, que hoy no existe y que aportará una mayor transparencia.
Muy oportuna la creación de la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial, a la que se le atribuye el carácter de centro de formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio de la Justicia Penal Militar y Policial, con el fin de ofrecer de manera permanente a sus servidores, inducción, formación y actualización judicial, tanto teórica como práctica, en administración de justicia, gestión judicial e investigativa, entre otras, para asegurar la calidad del servicio.
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Expertos manifiestan que es necesario blindarla frente a injerencias políticas, otros indican que parte de las decisiones adoptadas en el decreto ya han sido derogadas por la Corte Constitucional
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Expertos en el tema consideran que en un futuro próximo se pueden abocar algunos elementos de diseño de la Justicia Penal Militar para hacerla totalmente independiente, pues existen apreciaciones en el sentido de lograr mayor autonomía frente a las decisiones de los comandantes de Fuerza y el ministro de Defensa ya que estos integran el Consejo Ejecutivo y al cual ingresarán el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el ministro de Justicia. Otros manifiestan que es necesario blindarla frente a injerencias políticas inapropiadas que puedan afectar el sistema en el futuro; y algunos indican que parte de las decisiones adoptadas en el decreto ya han sido derogadas por la Corte Constitucional, es decir que tienen vicios de constitucionalidad. Las observaciones expresadas por las Reservas de la Fuerza Pública fueron superadas casi en su totalidad, luego de reuniones sostenidas con el Dr. Espitia; algunas de ellas relacionada con la supresión de dos de sus Salas, asunto que será resuelto de manera paulatina con la implementaión del Sistema Penal Acusatorio a partir del próximo año; la incertidumbre frente a la homologación de la carrera del personal de la jurisdicción especial con los funcionarios no uniformados del Ministerio de Defensa, y finalmente lo que pasará con los delitos típicamente militares que conciernen al derecho operacional y al régimen disciplinario y que no están contemplados en el código penal militar.
Los desafíos para el Gobierno Nacional y para el director de la nueva Unidad Administrativa son de suma trascedencia, en razón a que deberá elegirse un Fiscal Penal Militar que cumpla con la experiencia, conocimiento, independencia y carácter para acusar ante los respectivos jueces a soldados y policías de la Patria que en cumplimiento de su deber, en un país con complejas adversidades como el nuestro, infrinjan la Ley, ya sea en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción especializada contenida en el Código Penal Militar. También es de suma importancia el esfuerzo investigativo de Policía Judicial a cargo de la Dijín, ya que demanda un gran fortalecimiento en presupuesto, en número de investigadores y en capacitación.
En conclusión, estamos ad portas de una importante e histórica transformación de la Justicia Penal Militar, con la cual se pretende, entre otros objetivos blindar la justicia ante la Corte Penal Internacional; ahorrar recursos pues se ha planeado su reestructuración a cero costo; no descapitalizar su talento humano ya que no se suprimen cargos; afianzar los indicadores de gestión y evaluación apoyándose en tecnología de punta; fortalecer la veeduría ciudadana; brindar todas las garantías legales y constitucionales a los miembros de la Fuerza Pública; restando así argumentos a los detractores nacionales e internacionales que ya no tendrán que buscar el mugre debajo de la alfombra. Todos estos mecanismos tecnológicos, jurídicos, procedimentales, operativos y administrativos, destinados al fortalecimiento del sistema penal militar, son imbatibles herramientas que la harán más transparente y legítima.
