La primera versión sobre la muerte del coronel de la Policía, Óscar Dávila Torres, ocurrida el viernes 9 de junio, la dio el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Antes de que los encargados del levantamiento del cuerpo llegaran a la escena, Petro escribió que el oficial se pegó un tiro en presencia de su escolta cuando éste iba a entregarle la botella de agua que le acaba de comprar en una tienda de la localidad bogotana de Teusaquillo. “Fue un tiro y no dos”, precisó el mandatario como anticipándose a las sospechas y suspicacias que serían inevitables por la calidad de la víctima y la misión que venía cumpliendo. Habría utilizado el arma que su acompañante dejó mientras traía el encargo.
El suceso causó conmoción entre los residentes de los edificios del barrio Salitre, contiguos al bunker de la Fiscalía. La camioneta oficial del coronel Dávila estaba parqueada en la calle 22 bis No. 48-40 y antes de que algún curioso se aproximara, un equipo de policías judiciales, despachados desde la vecina sede judicial, la rodearon con cintillas de seguridad de colores amarillo y negro utilizadas para restringir el paso por el lugar de una tragedia mientras levantaban el cuerpo.
Los vecinos recuerdan al oficial de la Policía como alguien amable, pero de pocas palabras. Es cierto, era discreto y reservado porque, como hombre formado en la disciplina de Inteligencia, tenía la misión de prevenir riesgos en la seguridad del presidente de la República. De ahí el nombre de la dependencia que estaba a cargo suyo y que funciona en el piso 13 del edificio de la DIAN en el centro Bogotá: “Jefatura de anticipación”, oficina subordinada a la Casa Militar de la Presidencia.
Su anonimato se rompió cuando estalló el escándalo por la desaparición de una maleta con dólares del apartamento de Laura Sarabia, hasta el 6 de junio jefe de gabinete de la Casa de Nariño. El nombre del coronel Dávila apareció asociado al interrogatorio y a la prueba de polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza, niñera de Sarabia y sospechosa de haber robado el dinero. También fue mencionado cuando se supo que los teléfonos de la niñera y de Fabiola Perea, empleada del servicio en la misma casa, fueron intervenidos e incluidos dentro de una investigación contra jefes del Clan del Golfo.
Siete días atrás de la tragedia en que acabó su vida el coronel le envió una carta al fiscal Francisco Barbosa en la que se ponía a su disposición para rendir un interrogatorio sobre los hechos que están siendo investigados y que guardan relación también con la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial en la Costa.
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Aunque resultaría fácil suponer que su muerte está asociada al caso, no hay certeza al respecto. Tampoco hay evidencia de que su muerte haya sido provocada por manos criminales. Pero aún así es inevitable que la suspicacias y sospechas a las que se quiso anticipar el presidente surjan en un caso tan sensible y complejo para el país.
Ese tipo de sospechas son inevitables aquí y en otras partes del mundo, especialmente el América Latina, donde suicidios y muertes extrañas de potenciales testigos se han producido en medio de casos que han puesto en aprietos a mandatarios de la región. Este es una breve antología, basada en el libro Los Watergates Latinos: prensa vs gobernantes corruptos, de los periodistas Fernando Cárdenas y Jorge González (Ediciones B, 2006).
La más bella de la Casa Rosada
En la Argentina de los tiempos de Carlos Menen la bella Lourdes Di Natali, una joven modelo que trabajó como asistente personal de Emir Yoma, cuñado del mandatario, apareció muerta el sábado 1º. de marzo de 2003 en el patio interior de un edificio de departamentos de Mansilla y Pueyrredón, en Buenos Aires. La tragedia ocurrió al día siguiente de que la joven prometió la entrega de documentos que comprometían al presidente en un tráfico ilegal de armas hacia Croacia y Ecuador.
Además de su intención de acudir a las autoridades, luego de ser despedida de la Casa Rosada por no haber accedido a los requiebros amorosos de su jefe, Lourdes le prometió al periodista Jorge Urien Berry, director de la Unidad Investigativa del diario La Nación, entregarles claves y registros de documentos que estaban bajo la custodia de una Notaría en Uruguay.
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El dictamen oficial de la muerte “acreditaba” que la Di Natali se había expuesto a su muerte al Ingerir licor en exceso y salir luego a una ventana del piso 10 con la intención de cortar con un cuchillo tramontina la fibra del cable de televisión, tras lo cual resbaló y cayó fatalmente al vacío. Necropsias posteriores sugirieron que el alcohol le fue “inyectado en su organismo” con una sonda nasogástrica, pero hasta el sol de hoy condenados por el presunto crimen. Lo cierto es que se fue a la tumba con el secreto de las comisiones que, según ella, cobraron Menem y Yoma por el trasiego ilegal de las armas.
Tiempo atrás, el 3 de noviembre de 2003, una explosión destruyó la base militar de Río Tercero, en Córdoba, donde fueron recalzadas las armas vendidas subrepticiamente. El presidente Menem fue el primero en llegar al sitio del siniestro y entre los escombros dio una declaración con la que buscaba ponerse a la salvo de suspicacias y sospecha. “Fue un accidente”, dijo.
La carta del general suicida
En Perú, en tiempos de Alberto Fujimori, el general del ejército Óscar Villanueva Leal, jefe de adquisiciones del Ministerio del Interior, apareció muerto cuando avanzaba un juicio por enriquecimiento ilícito contra Vladimiro Montesinos, jefe de adquisiciones del Ministerio del Interior, apreció sin vida en su casa en Lima.
“El interfecto se dio un tiro en la boca”, se leía en el acta de defunción de Villanueva, que era considerado entonces como el cajero de Montesinos porque se comprobó que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional le impartió autorización para manejar parte de sus comisiones provenientes de negocios de compra de armamento a multinacionales fabricantes de arsenales.
Villanueva estaba dispuesto a contar lo que sabía en busca de beneficios judiciales, pero antes quería comprar una especie de seguro de vida: pagaría sobornos para que le redujeran la condena a Montesinos y a otros funcionarios e intentaría acallar con dinero a periodistas que les seguían la pista a sus negocios turbios, encabezados por la compra de aviones de combate.
El día que el cadáver fue levantado, los inspectores judiciales encontraron en la casa del general una carta dirigida éste a un sobrino suyo que era coronel de la Policía. “Sobrino malagradecido, he hecho mal en preferirte. Quiero que me digas que hiciste con todo ese dinero que te dimos para que pusieras a Páez de nuestro lado”, se leía en uno de los apartes. Él “Páez” al que aludía la carta el periodista Ángel Páez, jefe de investigación del diario La República, encargado del destape de los entuertos.
Casos como este hay muchos más y han ocurrido desde México hasta La Patagonia, pero todos tienen algún en común: no han ido más allá de las sospechas y de las suspicacias.
