Los problemas que harían que la elección de Roy Barreras como senador fuera anulada, comenzaron en septiembre de 2017. A las directivas del Partido Social de la Unidad o Partido de la U -en el que militaba entonces- les molestó al extremo que el congresista se hubiera apartado de la disciplina de la colectividad y hubiera actuado por cuenta propia en la elección de Procurador General de la Nación.
Roy se puso en contravía de la orden recibida por la bancada de apoyar el nombre de la actual procuradora, Margarita Cabello, y se sumó a las huestes que respaldaban a Juan Carlos Cortés, quien había sido el viceprocurador de Fernando Carrillo. Cortés terminó siendo elegido magistrado de la Corte Constitucional.
Su voto disidente no solo se hizo público en los recintos del Capitolio Nacional, sino también en su cuenta personal de twitter. Las reacciones no se hicieron esperar. El día 11 de ese mes el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético de La U le anunció que le abriría proceso disciplinario por violación al régimen de bancadas.
Fiel a su estilo vehemente, el mismo día en que presentó sus descargos Barreras les hizo esta advertencia a sus jueces éticos: “Renuncio a términos y no presentaré más alegatos. Ante esta absurda investigación espero que fallen de una vez. Me niego a creer que una directiva de partido cometa este estropicio jurídico. Si lo hacen, los demandaré”.
El 9 de octubre de 2017 siguiente fue notificado de su expulsión del partido. El Senador se olvidó pronto del asunto. Avezado en el arte de tejer acuerdos políticos, se sumó a la Alianza Democrática Ampliada (ADA), un movimiento político de origen afro fundado por Paulino Riascos, líder del consejo comunitario de López de Micay en la costa pacífica caucana, que más tarde entraría al Pacto Histórico, plataforma política de Gustavo Petro.
ADA le dio el aval para que Roy presentara su candidatura al Senado de la República para el período 2022-2026
Las listas del Pacto obtuvieron una mayoría arrolladora en la elección: 2’302.847 votos que les dio para poner 20 senadores, la mayor bancada parlamentaria. Esos resultados y la condición de Barreras como impulsor, con buen éxito, de la aspiración presidencial de Petro le garantizaron de entrada la presidencia del Congreso. Petro no olvidaba que fue él quien tejió las redes de una consulta para su elección como candidato presidencial, en la que participaron también como precandidatos Francia Márquez, del Polo Democrático Alternativo; Alfredo Saade, de ADA; Camilo Romero, de Verdes por el Cambio y Arelis Uriana, de Movimiento Alternativo Indígena y Social.
Tan pronto como llegó al Congreso, comenzó a en su contra una demanda ante el Consejo de Estado presentada por un grupo de abogados encabezado por Martín Emilio Cardona Mendoza y Michelle Stefanny Gómez Congote.
Los demandantes argumentaban que el senador había incurrido en doble militancia por no haber renunciado a su condición de miembro de La U y haberse integrado a ADA. Aferrados a artículos e incisos recordaron que la Constitución estipula que a ningún ciudadano se le permite pertenecer a más de un partido o movimiento que tenga personería jurídica. La Ley Estatutaria 1475 de 2001 o Ley de Partidos establece que el congresista que quiera presentarse para la siguiente elección por un partido diferente al suyo debe renunciar a su curul por lo menos un año antes de los comicios.
Recién posesionado en la presidencia del Congreso, Roy Barreras le restó importancia a la demanda y dijo que dejaría el asunto en manos de un equipo jurídico porque él tendría que ocuparse de cosas más importantes, como sacar adelante la agenda legislativa que presentaría el gobierno electo.
Fue cierto, no se preocupó por el tema, más allá de darles poder a los abogados y de afirmar que los demandantes era “gente sin oficio”. No tuvo en cuenta antecedentes cercanos. Pareció olvidar, por ejemplo, que el abogado Cardona ya tenía a su haber varios éxitos jurídicos que irritaban a aquellos que lo llaman “perro de presa de investiduras y curules”.
Cardona era quien había tumbado la elección de la congresista Ángela María Robledo, en julio de 2021, por hechos relativamente similares
En ese entonces, como ahora, el Consejo de Estado acogió el argumento de la doble militancia. La representante Robledo consiguió su curul por la Alianza Verde, pero antes había sido candidata a la vicepresidencia de la República como fórmula de Petro.
La defensa del presidente del Congreso adujo durante el proceso de nulidad electoral que la doble militancia política en materia de coaliciones debe ser entendida desde la perspectiva de que el apoyo a los candidatos de coalición - independientemente del partido al que pertenezcan- no genera doble militancia, ya que el compromiso de los coaligados no es con los partidos sino con la colación misma.
El Consejo de Estado no acogió los argumentos y falló declarando la nulidad de la elección. Los efectos de la decisión fueron inmediatos. El jueves 5 de mayo Roy Barreras cumplió su última tarea de ese día en el Congreso, que era dirigir el debate del Plan Nacional de Desarrollo y lograr su aprobación. Y lo hizo.
En cumplimiento del Reglamento del Congreso A las 12 de la noche levantó la sesión y la convocó para unos minutos después.
A la 1:10 AM del este viernes se despidió del Congreso en medio de una cerrada salva de aplausos y de abrazos de congresistas de todos los sectores, incluidos los de los partidos de oposición
Continuará la batalla. Algunos abogados han esbozado tesis según la cual se podría intentar un recurso extraordinario ante el propio Consejo de Estado, pero esa opción parece muy remota porque la propia sentencia advierte que se trata de una decisión de única instancia. Por eso utilizará el camino de la tutela.
En el escenario de la tutela alegará que sus derechos fueron vulnerados porque no incurrió en doble militancia. El sentido común indicaría que, si La U lo expulsó mediante decisión disciplinaria, una renuncia posterior ya no tenía sentido.
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