Prudencia extrema es la mayor virtud a la que deberíamos acudir ante el lamentable y repudiable asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moīse. Episodio que atraviesa las noticias del mundo, registrando pasaportes púrpura de los colombianos capturados y fallecidos, al lado de armas largas, radios y chalecos antibalas; connacionales de la reserva activa bajo investigación, acusados del magnicidio a través de una incursión criminal, “tipo comando” que simulaba agentes de la DEA.
Haití no dudó en depositar toda la confianza en Colombia, con quienes ha mantenido efectiva cooperación. El Director de la Policía de Haití, León Charles, oficial naval y quien hizo parte de un programa de navegación con la Armada de Colombia en el Buque Escuela Gloria en 1992, está al frente de la investigación, apoyándose en una comisión de alto nivel de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, que junto al FBI e Interpol, avanza en las pesquizas. Este gesto de amistad recíproca, desvirtúa de tajo aseveraciones falsas, que atribuyen la operación criminal a un complot de empresarios haitianos con los gobiernos americano y colombiano. Lamentable e injusta la columna de Héctor Abad Facio Lince en El Espectador, cuyo consabido prejuicio acusa a las Fuerzas Militares de ser un “costal lleno de manzanas podridas”.
No hay duda que se trató de un contrato criminal, con autoría intelectual en poderosos empresarios de la Isla, asociados con enemigos políticos del primer mandatario y materializada por personal experto en operaciones de asalto de nacionalidades haitiana, colombiana y americana. Se identifican tres niveles de compartimentación sobre el objetivo a cumplir: el intelectual y financiero, donde aparecen ya investigadas las firmas CTU Security y Worlwide Capital Lending Group. El segundo, a cargo de quienes dirigieron la acción criminal, donde hay colombianos. Y el tercero, el gancho ciego, casi todos soldados de la reserva activa, reclutados para servicios de protección, y que terminaron entrampados en un hecho criminal de connotación mundial.
El mercado de la seguridad creció 8,2 % el último año. España factura 4.500 millones de euros anual, Chile 900 millones de dólares. Latinoamérica cuenta con 16.000 compañías que ocupan a 2,4 millones de personas. Colombia no se queda atrás y factura más de 7 billones de pesos anuales. La experticia de activos y retirados de la Fuerza Pública es quizá la más apetecida en el mundo, pero no como se pregunta Abad Faciolince, ¨para labores de sicariato”.
¡Hilar fino!, actuando, reflexionando y decidiendo con cuidado y sutileza ante propuestas que huelen mal debe ser una constante, especialmente para nuestra Reserva Activa. Un salario mensual de 2.500 dólares no puede llevarlos a encontrar su propio Waterloo, arriesgando la vida, libertad y futuro profesional. Para ello existen asociaciones privadas, con reconocida credibilidad internacional, que agrupan prestigiosas firmas y expertos en inteligencia y seguridad, y este es el canal seguro, menos riesgoso y más efectivo para informarse y vincularse con servicios profesionales altamente sensitivos.
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Algunas empresas no tienen escrúpulo para corromper funcionarios de las agencias de inteligencia, ofrecer jugosas sumas para penetrar salas de interceptación, archivos financieros, hackear sistemas; y contratar servicios criminales
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El lucrativo negocio de la seguridad privada y el control de riesgos, cruza la frontera de la legalidad cuando hay ausencia de control, que aprovechan poderes económicos sin principios, con altos niveles de corrupción, que terminan siendo arma de doble filo, inclusive para la seguridad de los Estados. Entre ellas se conocen sus prácticas y pretensiones, y una especie de “black list”. Algunas no tienen escrúpulo para corromper a funcionarios de las agencias de inteligencia e investigación, ofrecen jugosas sumas de dinero para penetrar salas de interceptación, archivos financieros y hackear sistemas; así como, para contratar servicios criminales.
Los 420.000 hombres y mujeres de la reserva activa profesan amor infinito por la patria, la Ley del Veterano ha sido un esfuerzo de gratitud y en la dirección correcta, pero aún falta mucho. No existe una política de incentivos para retener a los buenos soldados y policías que esperan cumplir tiempo requerido de pensión para irse, por necesidad económica y fatiga comunmente. Faltan beneficios, en Europa y Estados Unidos, los veteranos tienen privilegios para contratar con el Estado, son los primeros en lista para proyectos de emprendimiento y se les facilita las operaciones de comercio exterior. Este clamor, nunca atendido, podría contribuír en contener el desvío de talento para ser contratado como criminales o mercenarios, también para evitar la fuga de cerebros y experiencia, de un capital humano con altísimas cualidades personales y profesionales, que se ha sacrificado por la patria y del que se prescinde a una edad altamente productiva. El mal acecha ante la falta de oportunidades, para la muestra un botón: caso Haití.
