Hidroituango, la principal central de generación del país, debería estar llevando hoy energía eléctrica a doce millones de hogares colombianos. Sin embargo, los expertos no se atreven todavía a prender sus turbinas porque el riesgo de generar una catástrofe al hacerlo no ha desaparecido.
Mientras las dudas tecnológicas crecen, la justicia penal comenzó a aclarar la situación de exfuncionarios presuntamente implicados en irregularidades que no permitieron que el complejo, con un costo cercano a los $4 billones, comenzaran a funcionar en 2018, como estaba previsto.
Un juez penal del circuito de Medellín absolvió a los antiguos ejecutivos de la sociedad a cargo del complejo, Luis Guillermo Gómez Atehortúa y Luis Javier Vélez Duque, al considerar que ninguno de los dos tomó decisiones que impactaran negativamente la estructura financiera y la calidad técnica de la obra.
Gómez Atehortúa fue gerente de la sociedad Hidroituango desde 2008 a 2011 y en su momento fue una de las primeras personas que hizo ver que Empresas Públicas de Medellín (EPM) estaba cayendo en un conflicto de intereses al actuar como juez y parte en decisiones claves para el futuro de la hidroeléctrica. Según él, EPM no solo llevaba la batuta de las decisiones técnicas, sino que al mismo tiempo integraba las comisiones encargadas de evaluarlas.
Vélez Duque, por su parte, se desempeñó como representante legal de la filial Epm Ituango desde su constitución en 2011, hasta su liquidación. En 2016 ocupó el cargo de vicepresidente de Generación de Energía. La denuncia en su contra aseguraba que el firmó el contrato BOMMT, que obligaba a EPM a operar y mantener el complejo durante 50 años, pese a un rosario de salvedades hechas por los expertos de la propia entidad.
El juzgado desestimó esos cargos, pese a que la Contraloría General de la República sancionó fiscalmente a Vélez por supuestas decisiones erróneas que habrían generado detrimento patrimonial.
El proceso aún no termina, ya que tanto la Fiscalía –entidad que acusó a los dos ejecutivos- como la Contraloría anunciaron de inmediato que interpondrían recursos de apelación, con lo cual la segunda instancia queda a cargo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
Al margen de los procesos judiciales, la atención pública se enfoca ahora en el próximo encendido de las turbinas para que la Hidroituango comience a generar la energía que ya tiene pre-vendida desde hace veinte años, cuando ganó dos subastas.
Las primeras pruebas han producido vibraciones y tremores en el área circundante al proyecto y las autoridades locales no descartan la posibilidad de que comunidades enteras tengan que ser evacuadas antes el riesgo de que las aguas encauzadas del río Cauca se vuelvan a desbordar.
Incluso el presidente Gustavo Petro le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que se abstenga de imponer millonarias sanciones a EPM ante la eventualidad de nuevos aplazamientos. Ha dicho que para él están primero la vida y la integridad de las personas que la sostenibilidad financiera del proyecto.
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