Las constructoras paisas Coninsa Ramón H. Londoño y Conconcreto terminaron enredadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango del que también salieron golpeadas reputacionalmente. Coninsa Ramón tenía el 10% del consorcio CCC Ituango mientras que a la brasilera Camargo Correa le pertenecía el 55% de la sociedad y a Conconcreto el 35%. En enero de 2020, Empresas Públicas de Medellín (EPM) demandó al Consorcio por $9,9 billones el cual buscó asesoría jurídica en el abogado antioqueño José Vicente Blanco, fundador y director de la firma JVB Abogados.
El abogado está especializado en derecho administrativo, tiene más de 20 años de experiencia y se ha dedicado a representar empresas del sector de infraestructura que se dedican a la contratación pública. Blanco alista baterías para darle la pelea al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien el Consorcio demandó ante la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia. Por ahora, el Consorcio se anota primer triunfo tras el acuerdo de EPM de prorrogar el contrato a los actuales constructores para avanzar en las obras sin retrasos. Sin embargo, este solo es la punta del iceberg con la que tendrá que lidiar el abogado Blanco en caso que Quintero ceda el contrato a un tercero y el Consorcio deba pagar una billonaria suma de dinero como reparación.
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