A los magistrados de la JEP los tomó por sorpresa el traslado de tres cementerios, que hizo la empresa EPM y la Universidad de Antioquia, para sacar adelante el proyecto de Hidroituango sin antes verificar si los 349 cuerpos que se encontraban allí habían sido víctimas del conflicto armado. Fueron movidas las tumbas de la vereda de Orobajo del municipio de Sabanalarga, el corregimiento de Barbacoas de Peque y del poblado La Fortuna de Buriticá, en donde tiene influencia la cuestionada represa. Por las presuntas irregularidades que hubo en ese procedimiento, los jueces del alto tribunal van a indagar las responsabilidades de EPM y la Universidad de Antioquia, para determinar si quienes estaban enterrados eran desaparecidos del conflicto armado y si se habrían violado los derechos de las víctimas a obtener la verdad.
