Río Cauca, segunda cuenca hidrográfica del país, epicentro de vida que se extiende a través de un extenso paisaje provisto de múltiples floras, de exuberante fauna. A orillas de uno de sus tramos, la majestuosa panorámica arropada por una amplia gama de verdes y ocres, contrasta con la fría y absurda realidad subsistente en versión antagónica: la lógica del capital versus el desplazamiento masivo de los moradores de aquel territorio.
El factor principal de aquella disyuntiva, que enfrenta a Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra los pobladores de los municipios de Ituango, Briceño y Toledo, ubicados en el departamento de Antioquia, es la construcción de la que será la hidroeléctrica más grande del país denominada Hidroituango, que proveerá el 17% de la energía eléctrica del país. La realización de vías relacionadas con el proyecto, incluye además a San Andres de Cerquia y Valdivia en el listado inicial de pueblos afectadas.
Inicialmente, la construcción afectará de manera directa a los cinco municipios anteriormente mencionados, pero en la medida en que las etapas de ejecución avancen, en las obras de transmisión, por citar un aspecto en específico, el diseño afectará a otros seis municipios, incluido Santa Fe de Antioquia, cuna de la colonización antioqueña.
El desvío del cauce del Río Cauca, una de las puestas en marcha del proyecto, trajo consigo en el corto plazo la desaparición de diversas especies acuíferas así como la obstaculización de la procreación y desove de múltiples tipos de peces migratorios.
La primera subienda posterior a la desviación suponía registrarse en enero de este año. Sin embargo, los pobladores, estupefactos, fueron los testigos principales de una catástrofe anunciada: miles de peces quedaron atrapados sin encontrar salida en la desembocadura del Río Ituango. Los habitantes aguas arriba se quedaron sin esta fuente de manutención esperada durante todo un año.
Pero no solo la flora y fauna serán las únicas que perecerán en este intento voraz por llevar a cabo una mega-obra cuyo valor supera los 5.500 millones de dólares, también los habitantes del territorio, quienes seguirán sufriendo, si nadie lo impide, desalojos violentos de su lugar ancestral.
Cabe resaltar que estos hostigamientos contra quienes habitan la orilla del río Cauca, a la altura del cañón de la cuenca hidrográfica, datan de años previos a la construcción de la represa. Desde mediados de los años noventa, al fragor de la expansión del paramilitarismo en los departamentos de Córdoba y Antioquia, las amenazas y despojo de tierras empezaron a tomar lugar en la región. Sin embargo, a raíz de la construcción de Hidroituango, dicha dinámica de “tierra arrasada” se ha recrudecido descomunalmente.
Para llevar a cabo este masivo despojo, EPM ha recurrido al apoyo de la policía, el ejército y la seguridad privada contratada por dicha empresa. El modus operandi de la compañía de seguridad, para consumar ese proceso de desalojo, ha sido la presión y amenazas indebidas, que han crecido en los últimos tres meses principalmente en la playa La Arenera, en el municipio de Toledo. El amedrentamiento ha incluido la incursión de hombres encapuchados con armas en el sector, bloqueos al flujo de productos en el área y restricciones para la libre circulación de los habitantes.
Todo lo anterior ha acaecido bajo el amparo del ejercito, que desde las instalaciones del Batallón Bajes, adscrito a la IV Brigada, ha apoyado todas las operaciones sin límite alguno. La presencia de este contingente armado institucional, perteneciente a los llamados Batallones Energéticos (sic), se ha consumado mediante la ocupación de escuelas y la presencia constante, mediante hostigamientos, en el perímetro donde se sitúa la represa.
Su accionar ha intentado de diversas maneras destruir el tejido social que se manifiesta en contra de la construcción de la hidroeléctrica mediante el miedo. Los señalamientos, las amenazas y la presión psicológica han tenido como objetivo principal acelerar el despojo.
De otro lado, EPM ha intentado minimizar el saldo social que la inundación de las riveras trae consigo. La inercia de la construcción no solo ha puesto en riesgo a quienes moran a orillas del río sino a quienes viven directa o indirectamente de la dinámica económica de esta milenaria fuente hídrica. La subestimación de los efectos colaterales por parte de esta empresa público-privada no solo han sido en términos económicos sino en términos demográficos.
Así, mientras EPM habla de 1400 afectados, organizaciones como Ríos Vivos (1), la más activa en el proceso de movilización y oposición al desalojo en contra de los pobladores, estima que esa misma cifra asciende a 180.000 habitantes. A manera de sugerencia, diversos sectores han venido insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un censo que de manera sistemática incluya a todos los afectados por la represa.
La hoja de ruta de las comunidades, en contra de este poderoso proyecto, se ha desarrollado develando la violación flagrante de los Derechos Humanos de las comunidades, cadena de múltiples atropellos que ha cercenado por completo sus derechos sociales, económicos y culturales.
El desplazamiento de los grupos poblacionales trae consigo no solo el abandono del lugar de origen, también la posibilidad de acceder a condiciones de vida mínimas a las familias que dejan atrás un relicario de vida y de recuerdos, de lazos afectivos y culturales.
Cada desalojo, aborta la posibilidad de decenas de familias, dedicadas al “barequeo” o búsqueda de oro artesanal y a la pesca, de subsistir. Con respecto al “barequeo”, es notorio como la mayoría de denuncias de los pobladores giran en torno a la persecución que han sufrido quienes lo realizan.
Este oficio, no solo ha sido un medio tradicional de obtención de recursos para las comunidades, también se ha convertido en una actividad tradicional que alimenta el imaginario y la construcción de costumbres propias que emergen desde el territorio. Lo ancestral y cultural convierte al “barequeo” y a la trashumancia en referentes identitarios fundamentales de quienes habitan el cañón del río Cauca.
A lo anterior, se suma el atenuante de que la mayoría de familias en estado de precariedad, producto de la construcción de la hidroeléctrica, no han sido reconocidas como afectadas, y mucho menos han recibido por parte de los entes gubernamentales, incluido EPM, alternativas o propuestas que mitiguen su condición de vulnerabilidad.
Desde el plano jurídico, algunos de los dirigentes principales, en los últimos años, han sufrido persecuciones judiciales que han roto con las nociones básicas de debido proceso.
Sobre el asedio continuo a los líderes, Cristina Isabel Zuleta, una de las dirigentes del Movimiento Ríos Vivos no duda en enfatizar como “la persecución judicial ha sido la estrategia privilegiada del gobierno para evitar los rechazos, criticas y oposición a Hidroituango. Por la historia de la zona, esto les ha servido para disolver las movilizaciones mediante el miedo a perder la libertad. Ya son tres las ocasiones en las que se han iniciado, sin fundamento alguno, procesos judiciales en contra de afectados por Hidroituango. En todos los casos, en medio de las protestas, en total 21 personas, todas en absoluto, hemos quedado en libertad por ser declaradas capturas ilegales y por falta de pruebas”.
Según los habitantes de las áreas que serán inundadas por el proyecto, los desalojos no han cumplido con los tratados internacionales, por tanto no han dudado en caracterizarlos como desalojos forzosos, como lo cita el planteamiento que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de octubre de 2014, en donde hacen un llamado a las autoridades y a los ejecutores del proyecto a que se ciñan a la normatividad internacional y recomendaciones contempladas en el documento realizado por la Organización de las Naciones Unidas denominado “principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo”(2).
Movilizarse, romper con el cerco de dominio ejercido por EPM y los diversos actores armados que protegen los intereses de la compañía. Visibilizar, poner en el epicentro de la ciudadanía, desde lo mediático y las redes sociales, el devenir inconforme que se mantiene al pié del cañón del rio Cauca, han sido algunas de las herramientas llevadas a cabo por Ríos Vivos para confrontar, desde la orilla pacifista, a la infranqueable andanada de una empresa pública en proceso de privatización (3), que dentro de poco dejará de ser de todas y todos los antioqueños.
Twitter: @pineda0ruiz
Notas:
(1) El Movimiento Ríos vivos es la articulación de diversos comunidades afectadas por la implementación de represas en amplios territorios a nivel nacional. Para mayor información consultar en https://defensaterritorios.wordpress.com/
(2) Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo. Organización de las Naciones Unidas, junio 11 de 2007. Fuente: http://alturl.com/hm7oy
(3) La Propuesta de Acuerdo N° 300, que el Alcalde Aníbal Gaviria acaba de presentar ante el Concejo de Medellín, por la cuál se le otorgan facultades al burgomaestre local por cuatro meses para llevar a cabo la modernización del Municipio, abre la posibilidad de la privatización de EPM, mediante la reforma de los estatutos de la compañía. Ya en 2013, gracias a la escisión de la empresa en EPM y EPM-UNE se vendió el 50% de la segunda a la sueca Millicom por 150 millones de dólares.
