Las chambonadas de Hidroituango, las torres de Space en Medellín, el derrumbe del puente de Chirajara en la vía a Villavicencio y el puente arrugado de Santander, para no hablar de los edificios caídos en Cartagena, son una muestra de lo que hacen la unión de empresarios y políticos ambiciosos por maximizar las ganancias con mínima inversión y acelere de tiempo dizque para terminar las obras.
El afán de sacar proyectos adelante cueste lo que cueste con “todas las formas de lucha”, utilizando a los sobrados de los paracos para asesinar y enterrar a orillas del río Cauca los restos de líderes que se opusieron a su realización porque ponían en peligro vidas y subsistencia de las comunidades de pescadores, areneros y barequeros asentados en las riberas, como sucedió antes de iniciar las obras en municipios vecinos a la represa de Hidroituango; más la urgencia de obtener ganancias rápidas y con la menor inversión después de emprendidas las obras, al cerrar antes de tiempo dos compuertas habilitadas para desviar las aguas al inicio de los trabajos, son algunas de las principales causas de que este proyecto se haya salido de madre y padre, al verse obligados a encapsular el torrente invernal del río Cauca por la sala de máquinas donde ya habían instalado complejos y costosos equipos; y además de los 9,6 billones inicialmente presupuestados requieran aproximadamente 3 billones adicionales para intentar salvarlo, según calculó el gobernador de Antioquia Luis Pérez.
Este funcionario, en defensa de los intereses del departamento que es el mayor accionista, en declaraciones a Yamid Amat, destacó que al abrirse licitación internacional se presentaron empresas constructoras de China, Italia, Estados Unidos y otros países con experiencia en la construcción de hidroeléctricas, pero su ejecución fue adjudicada a las Empresas Públicas de Medellín, que por primera vez se le medía a un proyecto de tanta envergadura. La EPM propietaria de la mayoría de hidroeléctricas del país y hasta hace pocos años empresa modelo, con activos superiores a los 20 billones de pesos, en proyectos como Hidroituango y en Chile (acueducto de Antofagasta) ha tenido tropiezos que debilitan su patrimonio e ingresos de sus principales accionistas: el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, que gracias a cuantiosos dividendos anuales han dispuesto de recursos extras para emprender importantes obras de infraestructura en sus territorios.
Como director ejecutor del proyecto, EPM, aseguró en el exterior la obra. Con los dineros que cobre debe responderle al departamento de Antioquia por los recursos que invirtió y el lucro cesante, pues de ser rescatada la casa de máquinas y reforzada la montaña para que no se derrumbe, la hidroeléctrica sólo empezaría a generar energía con tres años de retraso, poniendo en peligro la autosuficiencia hidroeléctrica del país y propiciando futuras alzas al precio de energía, al depender en mayor proporción de las carbo y gaso-eléctricas.
La concentración del manejo energético en grandes empresas y especialmente las hidroeléctricas construidas en el departamento de Antioquia, ha sido una política constante desde hace más de 40 años y fortalecida durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, cuando respaldó el inició de las obras en Hidroituango.
Previamente, en otros departamentos del país y siguiendo la política neoliberal de privatizar las empresas del Estado, el primer gobierno de Uribe apuntalado en la funcionaria del ministerio de Hacienda Eva María Uribe, favoreció la intervención y entrega a poderosos grupos económicos que respaldaron su candidatura, de empresas departamentales como Cedelca, exprimida en el Cauca, durante décadas por las casas Iragorri (liberal) y Valencia (conservadora) limitándole su capacidad de recuperación y saneamiento administrativo y financiero al entregar la venta de energía, primero a la CEC y después a la CEO, y el manejo de las microcentrales al ‘sindicato’ patronal y de oscuros manejos de la UTEN, mientras vendían a menor precio la hidroeléctrica de Patico, la mayor generadora del departamento.
Para acabar de debilitar a Cedelca y las finanzas de los socios regionales de la empresa, devaluaron las acciones del departamento del Cauca y los municipios, no reconocieron lo aportado durante años por los usuarios con la sobretasa al impuesto predial descontada mensualmente en los recibos, castrando así su capacidad para liderar proyectos hidroeléctricos con gran potencial y en zonas con escasa población, como las hidroeléctrica del Micay, en el Pacífico con estudios avanzados desde la CRC, y la del río Caquetá, en la Bota caucana, con potencial energético mayor que el de Hidroituango.
Volviendo a Hidroituango, por lo pronto a EPM le toca afrontar la grave emergencia ambiental y socioeconómica generada aguas abajo de la represa, asegurar la protección de la vida de los habitantes de poblaciones ribereñas y con la sala de máquinas seca, evaluar los daños que sobre los equipos y la montaña causó el obligatorio e imprevisto torrente de agua que le tocó soportar para afrontar la emergencia ocasionada en las chambonadas cometidas por los contratistas cerrando antes de tiempo dos túneles de conducción movidos por el afán de generar energía antes del tiempo previsto.
Ante emergencias como la de Huidroituango y ante los frecuentes fracasos de proyectos de infraestructura en distintas regiones del país, la ingeniería colombiana debe hacerse una profunda evaluación para evitar que se repitan errores costosos en vidas humanas, de especies animales, vegetales y microorganismos, en la economía y modo de vida de diversas comunidades de bajos ingresos y en general depredando el medio ambiente motivados por una falsa noción de progreso.
También urge repensar la política energética del país y sus fuentes para aprovechar el sol y los vientos como lo están haciendo en otros países del continente y el mundo.
A Emcali, que también había sido intervenida, si no la desmantelaron como hicieron con Cedelca, limitada a cobrarle el arriendo a la CEO y manteniendo a una costosa burocracia manejada por políticos locales.
