Cuando conocí el oriente de Antioquia supe que los jardines colgantes de Babilonia, con flores de variados colores, pájaros con colas curvas y grandes cascadas cristalinas, estuvieron inspirados en sus tierras. De inmediato, me maravilló esa particular y extraña riqueza hídrica que va formando paisajes escarpados donde millones de litros de agua buscan afanosamente encontrarse con las aguas cálidas que dividen las cordilleras andinas central y oriental, siempre acompañados de un exuberante bosque tropical y sonidos relajantes de aves, insectos y primates.
Sus grandes ríos, en su natural y desesperada búsqueda por el valle del Magdalena, sin embargo, se ven interrumpidos por inundaciones artificiales que le quitan vigor y caudal al recorrido del agua, transformando los sonidos, colores, olores y paisajes. Ya hace 10 años que conozco esta región que visito con frecuencia y siempre he advertido la existencia de dos espacios que se confunden y se diferencian entre sí. Enormes espejos de aguas detenidas y grandes infraestructuras en cemento con una simetría a escala humana que no terminan por acomodarse al verdor y las asimétricas montañas de los Andes antioqueños.
Desde la década de los sesenta, el municipio de San Rafael (así como todo el oriente de Antioquia) transformó su ruralidad centenaria llena de bosques de galería, tierras que abastecían de frutas y hortalizas a los habitantes de Antioquia, con aroma de café y costumbres propias de arrieros, mineros y campesinos que forjaron la cultura paisa, por grandes obras de ingeniería que desviarían los ríos Guatapé y Nare para formar un gran sistema de centrales hidroeléctricas.
Entre las décadas de los sesenta y los ochenta, los proyectos de generación de energía hidráulica se desarrollaron sin un adecuado diálogo social, sin una acertada evaluación de los impactos en varias dimensiones y sin que los habitantes del municipio pudieran comprender las implicaciones de los grandes cambios que se avecinaban. Fue un proceso impuesto por las autoridades políticas nacionales y los grandes intereses económicos sin la debida información, participación y compensación.
Una vez las centrales estuvieron funcionando, a finales de los ochenta, los cambios demográficos y de vocación económica estuvieron acompañados por el interés de grupos armados al margen de la ley por capturar las millonarias rentas asociadas a la generación de energía y, entonces, quienes allí habitaban tuvieron que soportar la modificación de su cultura, de su sustento económico, de sus aguas y sus ecosistemas en medio de la guerra.
Con lamento, la llegada de las hidroeléctricas y el conflicto armado no mejoró el bienestar de quienes han habitado el municipio de San Rafael. El sacrificio del capital natural para la generación de energía no fue compensado proporcionalmente con recursos provenientes de transferencias del sector eléctrico, a pesar de la evidente pérdida de capacidad fiscal por el menor recaudo de impuesto predial debido a que gran parte de su territorio se encuentra bajo el agua. Los ingresos de quienes habitan las zonas rurales circundantes a los embalses apenas superan el 50% de un salario mínimo mensual, las tarifas del servicio público de energía en el municipio son iguales que las de cualquier otro municipio no generador y las necesidades básicas insatisfechas están por encima del promedio nacional. Nada que celebrar.
A pesar de las adversidades y el viento en contra, los habitantes de San Rafael se han levantado lentamente gracias a sus riquezas hídricas, logrando captar la atención de un turismo local aún en formación. Los pocos espacios que quedaron sin intervenir, por donde aún fluyen los ríos y quebradas de manera libre, son aprovechados por lugareños y visitantes para reencontrarse con la tranquilidad que ya no se percibe en los grandes centros urbanos, justo en medio de aguas cristalinas.
Ahora, el turismo hídrico representa una importante fuente de ingreso para los sanrafaelitas de a pie que no se han favorecido de los millonarios recursos económicos generados por las hidroeléctricas, que son la mayoría. Además, se han convertido en el lugar de encuentro social y cultural.
Pero justo cuando hay un camino allanado y las nuevas generaciones se adaptan, aparece nuevamente el voraz apetito de los intereses políticos y económicos por desviar los pocos espacios de agua que corren en libertad. La empresa Clear Water S.A.S, que representa legalmente Luis Hoyos (hermano del senador Germán Hoyos), solicitó licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Churimo ante Cornare con las mismas estrategias de antaño: sin participación de la comunidad, con ausencia de información, sin la adecuada identificación de impactos que conlleva a un inadecuado esquema de compensaciones y en total sigilo. El procedimiento utilizado, por lo menos, levanta sospechas.
Por fortuna, los habitantes de San Rafael han aprendido la lección y como pocos conocen los estragos de los proyectos extractivos en sus territorios. El colectivo de jóvenes Somos del Río y organizaciones locales llamaron la atención sobre la existencia del proyecto y de inmediato recibió la solidaridad de los sanrafaelitas, de organizaciones sociales de municipios aledaños, de líderes ambientales y defensores del territorio, entre otros. El pasado 15 de julio fue aprobada por parte de Cornare una audiencia pública para socializar el proyecto, conocer los impactos y aportar información relevante para el trámite de licencia sobre el río Churimo, a llevarse a cabo el próximo 25 de agosto.
La audiencia pública es la oportunidad para que los sanrafaelitas le cuenten a los interesados del proyecto y a las autoridades ambientales lo orgullosos que se sienten de sus ríos y quebradas; de la importancia económica, ecológica y social de las cuencas hídricas libres y vivas, de lo que han tenido que padecer por el desarrollo dentro de su territorio de proyectos que nunca le fueron consultados pero que cambiaron sus vidas para siempre. Es el momento para hacer un debate público sobre la necesidad de seguir desviando los ríos y de los beneficios que esto trae al bienestar de las comunidades locales. Informarse y participar es un deber moral.
Los ríos y quebradas, ahora, no solo son la esperanza de las nuevas generaciones por recuperar lo que perdieron con las hidroeléctricas, representan también su último refugio de vida y de libertad que les recuerda lo que algún día fue su territorio. Se han convertido en lugares sagrados. ¡Llegó la hora de defenderlos!
