En el Cauca sabíamos muy bien lo que significaban los energúmenos llamados de Londoño Hoyos a “hacer trizas el proceso de paz” firmado con las Farc, tomándose la voz de los más radicales del Centro Democrático; que después de utilizar al Das, lo hicieron con un sector de las fuerzas armadas y sus cuerpos de inteligencia, puestos a su maquiavélico servicio, así como lo hicieron con la Fiscalía, ahora persiguiendo a rivales políticos como Fajardo.
Después de un año largo de relativa tranquilidad en contraste con la zozobra de los ataques a puestos de policía, cilindros, bombas, minas y atentados que eran lo cotidiano antes de la firma de los acuerdos de paz con las Farc, regresamos a las masacres, combates en campos y ataques armados a poblaciones como Toribio y Corinto y a la continua presencia de bandas armadas de todas las denominaciones y tendencias, haciendo retenes en los caminos, extorsionando a comerciantes y finqueros, mientras aumentó el asesinato de líderes comunitarios.
Era de esperarse después de la sospechosa y prolongada ausencia de las fuerzas armadas en el territorio que desocuparon los frentes guerrilleros de las Farc que se movilizaban por el Cauca, permitiendo que a regiones como el nororiente del departamento llegaran, además de las disidencias, cuadrillas del ELN, los Caparros del EPL, las autodefensas gaitanistas, etcétera, mientras el gobierno de Duque boicoteaba el proceso de paz con ELN, para que de nuevo se atizara la violencia que les conviene para justificar la represión, y así: “todos a una”, como en Fuenteovejuna, la emprendieran contra los indígenas y líderes comunitarios en conflicto con el gran capital y también se oponen a la ocupación de sus territorios por grupos que reclutan a sus jóvenes y disputan la minería ilegal y el narcotráfico que el Estado continúa combatiendo con la misma fórmula inútil que nos impuso el presidente Nixon en 1972: la prohibición y persecución militar y judicial, que lo único que hace es llenar cárceles de raspachines y mulas, mientras a lo morrongo estimulan el negocio al acrecentar ganancias y dispararse los precios de la cocaína, heroína y marihuana, que disimuladamente y gracias a los paraísos fiscales y sofisticadas operaciones de lavado de dineros, terminan en manos de los bancos, industriales, constructores, urbanizadores, comerciantes y políticos, que junto a los capos son los verdaderos beneficiarios de la economía subterránea que les conviene mantener prohibida en esta narco o delitocracia colombiana.
En medio de la penuria generada por la pandemia y a las puertas de nueva reforma tributaria para mantener las exenciones a los multimillonarios y acabar de ensartar a la clase media y baja, a la par que anuncian la compra de aviones cazas por 14 billones de pesos, quieren hacernos creer que el narcotráfico es la fuente de toda violencia y males que afectan al país y la fórmula es perseguir a los campesinos que la cultivan y fumigar sus cultivos con glifosato, presionando el traslado de las siembras a otras inhóspitas regiones donde las diversas mafias instalarán sus contaminantes laboratorios y fábricas de submarinos para transportarla y después serán deforestadas abriéndole trocha a los narco-hacendados-ganaderos-palmicultores, para que se apoderen de las tierras desalojando a indígenas y comunidades afros.
Hasta en los Estados Unidos que nos impuso la prohibición a rajatabla, más de 30 estados legalizaron el cultivo de cannabis para uso medicinal e industrial obteniendo multimillonarias ganancias y de paso regulando el uso recreativo, para que de refilón, la mayoría de negros y latinos no sigan abarrotando sus prisiones por delitos ligados con el narcotráfico.
Así como Trump en su nefasta presidencia negó el cambio climático, en su país revivió la explotación del carbón e impulsó el contaminante fracking, en Colombia un gobierno de su misma afinidad ultraderechista que le copió el libreto, insiste en aplicar políticas desfasadas, como la reanudación de la fumigación de cultivos de coca, que realmente benefician a los contratistas de los aviones, fabricantes de glifosato y capos de los carteles, multiplicando las ganancias ante el encarecimiento de la cocaína por escasez.
Lo ideal sería que en el Congreso dieran trámite al proyecto de ley que el senador Iván Marulanda Vélez presentó para legalizar el cultivo y procesamiento de la hoja coca para uso alimenticio y medicinal, como ancestralmente lo han hecho pueblos indígenas; y farmacéutico y recreativo, como lo han utilizado en los países “civilizados”.
Pero en este gobierno al servicio de grandes capitales legales y oscuros, mientras actúan como morrongos, al Cauca le toca mamarse la nueva ola de violencia en campos y poblaciones.
Tendremos que esperar a que este nefasto gobierno termine su periodo para que elijamos otro que no sea el que diga el padrino, para que empiece a sacarnos de 20 años de depredación y realmente tenga en sus propósitos concretar la paz y no perpetuar la guerra.
