Al principio de la pandemia, la exaltación a los médicos y demás trabajadores de la salud nos hizo pensar ilusamente que, finalmente, a través del reconocimiento social, recuperaríamos los derechos que poco a poco nos habían usurpado desde la implementación de la ley 100, que por fin dejaríamos de ser golpeados por todos los sectores que manejan los hilos económicos y de la salud en nuestro país. En medio de la angustia y el dolor, había una sensación de que, a pesar de la incertidumbre, al fin seriamos beneficiados por las anunciadas medidas gubernamentales.
En las noticias, las redes sociales y hasta en vallas publicitarias, mostraban cómo los trabajadores de la salud se veían expuestos a un gran riesgo, y desfilaban en los espacios prime time de la televisión, las imágenes de rostros cansados, agotados y angustiados, de enfermeras/os, médicos/as y terapeutas. Incluso, nos emocionamos hasta las lágrimas ante las manifestaciones sinceras de la gente que aplaudía desde balcones y ventanas en todas las ciudades del país, (quiero decir que lo agradecemos de corazón), incluso nos llamaron héroes. Humildemente, nos dimos a la tarea de explicar que no lo somos, que solo nos limitamos a cumplir con nuestro trabajo y con el deber ser de nuestra vocación de servir, de entregarlo todo por el derecho a la vida, a la salud digna de cada uno de los/as colombianos/as, sin distingo de razas ni condición económica; por cierto, muy en contravía del lucro, esencia de nuestro sistema de salud.
Poco a poco volvimos a la cruda realidad, aún más cruel que la de antes de la pandemia. En primer lugar, vimos cómo el gobierno intentó tratarnos como a esclavos y quiso obligarnos, mediante decreto, a servir en medio de la pandemia donde fuera y como fuera, irrespetando así los más elementales derechos humanos, laborales y profesionales, como el de la vida y las condiciones de bioseguridad para enfrentar la pandemia. Afortunadamente, las agremiaciones levantaron al unísono su voz de protesta e hicieron “retroceder” al gobierno que, en realidad, solo maquilló la misma decisión. Posteriormente, vimos cómo, con evidente intencionalidad, nos desaparecieron de las estadísticas de contagiados y, solo ante la exigencia pública de asociaciones y sindicatos médicos, después de varios muertos, empezó a registrarse una estadística específica de trabajadores de la salud infectados publicada por el Instituto Nacional de Salud.
En el mismo sentido, y desde el principio, vimos cómo se nos negaban los elementos de protección personal (EPP) mínimos – situación que hasta ahora sigue igual– para la seguridad en la atención de la pandemia, y cómo el gobierno solo emitió una orden sin hacer seguimiento a las Aseguradoras de Riesgos Laborales para dotarnos de estos EPP, las cuales han incumplido a pesar de la presión mediática, gremial y judicial, incluyendo tutelas interpuestas por médicos de distintas zonas del país. En Colombia ya estamos acostumbrados a ver como los poderes económicos incumplen las órdenes judiciales y gubernamentales sin ningún tipo de consecuencia y, también, cómo los entes de control brillan por su ausencia y enfilan sus baterías contra el más débil y sancionar chivos expiatorios. Nunca atacan las causas reales de los problemas.
Al mismo tiempo, empezamos a ver cómo al 80% de trabajadores/as de la salud, –que están contratados mediante OPS– se les redujeron las horas laborales o se les suspendió el contrato a enfermeras, terapeutas físicas, instrumentadoras, incluso a los esenciales en esta pandemia como internistas, anestesiólogos, todos ellos, potenciales intensivistas que quedaron cesantes. Ahora estamos en déficit de estos profesionales, para atender adecuadamente el aumento de la demanda en las UCI. Además, las represalias contra aquellos que osaron alzar su voz contra estas injusticias no se hicieron esperar a tal punto que, despidieron servicios completos porque no son costos efectivos en esta pandemia.
En muchos centros hospitalarios, clínicas privadas y públicas, empezaron a reducir el sueldo de los/as trabajadores/as de la salud, en algunos casos hasta el 40%. Es tanto el descaro de estos centros médicos que, en algunas instituciones que recibieron “la solidaridad” del sector privado y la sociedad en grandes cuantías, como ocurrió con la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, se atrevieron a reunirlos e informar que disminuirían el salario/ honorarios de sus médicos; en tanto que, para otras IPS no tan afortunadas como aquella prestigiosa entidad, salvadoras medidas económicas fueron anunciadas por el gobierno, pero estos dineros solo llegaron a las grandes EPS, beneficiadas con las medidas, con la no facturación y el no gasto de la UPC que nunca fue modificada; así como, para pago de proveedores y otras deudas. El dinero nunca llegó a los trabajadores, ni siquiera les pagaron las deudas acumuladas de salarios/ honorarios atrasados o, al menos parte de ellas.
El sector salud, golpeado desde años atrás por la priorización del lucro por encima de la vida, esencia misma de este sistema, nuevamente es objeto de burlas y de malos manejos. Las clínicas y hospitales que no están en integración vertical, vieron reducida su facturación; paradójicamente, y a pesar de los “salvavidas” anunciados por el ministerio de salud y de hacienda, profundizaron su crisis y con estas, la deuda salarial de los trabajadores de la salud que los lleva al dolor, el infortunio y el desespero, además de afectar la salud de los principales afectados de siempre, los pacientes.
Desde el principio el gobierno anunció un reconocimiento económico a los trabajadores de la salud, publicó un borrador de decreto para tal fin en el cual estaban excluidas la mayoría de las especialidades, con la excusa de no estar en primera línea y, de sobremesa, la adornó con una serie de exigencias de orden administrativo que no todos podrán cumplir. No tuvieron en cuenta la naturaleza de la enfermedad ni sus distintas estancias de atención, con el deliberado propósito de excluir personal de servicios generales, de alimentos, administrativos y muchas especialidades, incluidas las áreas quirúrgicas que, muy a pesar de aparecer como infectados con Covid-19 en el informe del INS, no eran merecedores de tal reconocimiento. Aún no conocemos la resolución definitiva, pero ahora anuncian que se dejará tal reconocimiento para el momento de mayor pico en la pandemia. ¿Será que llega?
Como si fuera poco, el ministro de salud nos convirtió de víctimas en victimarios pues, en declaraciones apoyadas desde presidencia, puso en tela de juicio la ética y la profesionalidad de los médicos/as haciéndoles parecer como los determinadores de una conducta delictiva y corrupta, solo atribuible a los ya conocidos políticos regionales y nacionales que medran del erario. No se desconocen las verdaderas causas de actos corruptos, seguramente los hay, pero provienen, fundamentalmente, de instancias administrativas e intermediadores que, desde mucho antes de la pandemia, encuentran en la esencia del sistema de salud colombiano, la manera de obtener dinero mediante prácticas corruptas como dejar de atender pacientes, sobrefacturar, retardar las autorizaciones para manejar el dinero en el sistema bancario, crear formas leoninas de contratación con las IPS que no están en el sistema de verticalización de las EPS, que glosan descaradamente o simplemente dejan de pagar sin causa alguna y terminan quebrando las mismas, entrega parcial de medicamentos, negociaciones por debajo de la mesa con la industria farmacéutica y de tecnología médica, tercerización o deslaboralización de los trabajadores de la salud, etc.
Todas estas formas, abiertamente ilegales y denunciadas por los pacientes, por los gremios, las asociaciones científicas sin que tengan algún eco, pues los entes de vigilancia y control, como ya lo mencioné, solo actúan para favorecer a los intereses económicos de las grandes EPS y políticos de turno que en muchos casos son subsidiados por dichas empresas; porque o que prima realmente en este sistema de salud es el negocio, la ganancia sobre la garantía del derecho fundamental a la salud, no en vano se ha dejado de reglamentar, desde su promulgación el 17 de febrero del 2015, la Ley Estatuaria de la Salud.
En resumen, en esta pandemia pasamos de la esperanza en medio de la incertidumbre a la exaltación, desde donde nos sometieron a la profundización del maltrato laboral, para luego, en boca del gobierno, proceder al desprestigio de nuestra labor y nuestra ética profesional.
Es por ello que debemos entender, como gran enseñanza de esta pandemia, que los trabajadores de la salud tenemos que asumir las riendas de nuestro sistema y que solo desde la organización gremial y sindical, podremos recuperar o conquistar nuestros derechos. Está claro que no nos van a reconocer ni a regalar nada, tenemos que reclamarlos de forma unida y organizada.
*Presidente del Colegio Médico de Bogotá D.C.
Miembro de la Federación Médica Colombiana
