Los mitos sobre el ELN siguen pesando en los análisis. Parece que el afán de ciertos expertos es hacer que, forzadamente, los hechos concuerden con sus prejuicios. Uno de ellos es que el proceso de negociación entró en crisis “por culpa del ELN”. Pero no es así.
Antes del anuncio de la agenda de diálogos (marzo de 2016), el gobierno probó con dividir al ELN tratando de desarrollar negociaciones por separado con cada frente y hubo exmilitantes elenos que se prestaron para ello. Pero finalmente, el proceso preliminar y confidencial dio sus frutos: una agenda pública, gracias, entre otros, a Frank Pearl, un empresario de derecha que entendía a su contraparte.
Pero las tensiones sobre el tema del secuestro volvieron a aplazar la inauguración de la Mesa. Esa vez fue Mauricio Rodríguez el artífice de una solución. Cuñado de Santos, de bajo perfil y alta estatura, Mauricio logró destrabar el proceso; él goza del respeto de las partes y mantiene su apoyo a las conversaciones; por lo que podría ser una figura útil, al igual que Pearl, en un nuevo equipo negociador para 2018.
La Mesa durante 2017, bajo la coordinación de Juan Camilo Restrepo, tuvo por lo menos tres logros: establecer los diálogos y la confianza necesaria, avanzar en el diseño del mecanismo de participación de la sociedad y conseguir un cese al fuego bilateral. Estas cosas no son pocas ni carentes de importancia, pero no han sido suficientes para que el proceso gane legitimidad ante la opinión pública.
Sin embargo, en el curso de estos meses, además de los logros mencionados, dentro de la Delegación del gobierno hubo tensiones por lógicas cruzadas que obedecen a dos problemas: por un lado, la falta de una estrategia clara, es decir de responder a la pregunta sobre qué es lo que realmente quiere el gobierno con esa negociación y hasta donde está dispuesto a llegar y, dos, qué se entiende por paz: porque se quiere editar, por parte de algunos, un modelo muy parecido al de las FARC donde lo importante es el desarme y no la discusión de las causas del conflicto.
Esto se agrava si se tiene en cuenta que: uno, hay muy pocos asesores del gobierno en comparación con el número de delegados que hubo en Cuba; dos, prácticamente no hay documentos conjuntos de trabajo (salvo los informes sobre participación pero, según una fuente fiable, los dos informes responden a dos versiones diferentes de las mismas audiencias) y, tres, hay un vacío de presencia de técnicos apoyando el proceso en la Delegación del gobierno.
Es cierto que hubo un mal llamado “mecanismo paralelo” de interlocución entre Santos y el ELN (con menciones directas a Iván Cepeda y Álvaro Leyva), pero muchos procesos de paz cuentan con canales de información alternativos que no son, por definición, perjudiciales sino útiles, ayudando incluso a solucionar impases, cuando la Mesa en cuestión llega a un punto muerto.
En el caso colombiano, esa labor sirvió para darle nuevos aires y nuevas opciones a la negociación; en ese sentido no afectó el proceso sino que lo benefició. La existencia del “mecanismo paralelo” es más un indicador y un resultado de la falta de agilidad de la Delegación oficial que un acto de irrespeto a ésta. Así como se puede decir que la Mesa con el ELN se instaló no gracias al entonces Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, sino a pesar de él, hay que reconocer que el cese al fuego pactado, fue más una imposición del mismo Santos que el resultado de la voluntad del equipo negociador. En ese contexto se dio la renuncia de Restrepo.
El problema central no es la salida de Juan Camilo, un hombre inteligente y conocedor del país, como ministro de Hacienda y como ministro de Agricultura, quien al fin de cuentas era un funcionario que debía aplicar unas decisiones presidenciales en la Mesa. Juan Camilo es un hombre culto, pero eso no necesariamente lo hace el mejor negociador: por ejemplo, su manejo de las redes sociales eran un gran malestar. Pero no se trata de quien reemplaza a Juan Camilo porque sería la pregunta equivocada, la pregunta correcta sería qué pasos hay que dar si se quiere salvar esa Mesa.
Un negociador es, esencialmente, un funcionario que aplica una política pública. En ese sentido, puede ser él o puede ser otro, porque sus limitaciones están determinadas por el mandato que tenga, por lo tanto, sobre eso no hay que hacer tanta alharaca. Pero hay que ser conscientes de que el nombre del nuevo jefe negociador tiene un valor simbólico, porque eso es un termómetro de qué tan importante el gobierno está viendo el proceso y de que tan serio está frente a la Mesa.
Una Mesa para charlar por charlar no tendría futuro.
¿Seguirá primando la línea que considera que paz es so
el desarme de las insurgencias?
Una Mesa para charlar por charlar no tendría futuro. ¿Seguirá primando la línea que considera que paz es solo el desarme de las insurgencias? ¿Cada parte podrá contar con su propio grupo de expertos sin que esos queden señalados para siempre como colaboradores del santismo o de ser intelectuales al servicio del ELN? ¿Las conversaciones apuntarán a lograr acuerdos tangibles como el cese al fuego, o se quedarán en meras disquisiciones políticas?
Si Santos designa a una persona de bajo perfil, significa que no hay un compromiso real de avanzar con la mesa de negociación. Si nombra a una persona absolutamente política sin un equipo técnico significa que va a ser un proceso de: “bla, bla, bla” y si elige a un técnico, es muy probable que la pretensión principal del gobierno es que el jefe del equipo negociador se dedique a ensamblar el proceso de las FARC y lo que se avance con el ELN. Lo ideal sería contar con una “cabeza política” como fue Humberto de la Calle en el caso de La Habana y una “cabeza técnica” como lo fue Sergio Jaramillo.
El desarrollo de un nuevo modelo de negociación implica preguntarse: uno, cuáles van a ser en términos inmediatos la reformulación del cese al fuego, para su prolongación y fortalecimiento y, dos: qué tipo de acuerdo parcial se quiere dejar firmado el 6 de agosto de 2018 para el nuevo gobierno; eso implica necesariamente trabajar en varias bandas al mismo tiempo y requiere una flexibilidad por parte del gobierno y del ELN.
PD1: hay una diferencia entre los dos equipos negociadores que poco o nada se menciona: unos son funcionarios que representan al gobierno y que, además, no responden por todo el gobierno, por eso no pueden dar cuenta de toda la política oficial. Los otros, los elenos, están permanentemente haciendo consultas, en este sentido no son plenipotenciarios, pero tampoco funcionarios que un día puedan dejar de lado su papel. Los primeros se juegan (lo digo con respeto) poco más que un contrato y su fe en un país sin guerra; los segundos, su proyecto de vida.
PD2: Recientemente, han revivido los rumores pesimistas, los mismos que hace un año presagiaban que el pulso entre la salida negociada y la opción militar contra el ELN, lo estaría ganando los más guerreristas. Algunas voces creen que el 9 de enero de 2018 podría convertirse en el 20 de febrero de las FARC de 2002 (en referencia al ataque a la zona del despeje, dando por terminadas las negociaciones). Otros hablan de entrenamientos militares de preparación para un ataque masivo a campamentos del ELN. Ojalá todo eso no sea cierto.
@DeCurrea-Lugo
