Llevo meses en una intensa tarea de investigaciones periodísticas y de intercambios de comunicaciones con las oficinas jurídicas de la Presidencia de la República y el ministerio del Interior. La fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, en la búsqueda de respuestas sobre la crisis jurídica y política que se afronta en la gobernación del Chocó.
Un departamento atrapado en las últimas décadas en una profunda inestabilidad institucional con un saldo de un promedio de un gobernador cada nueve meses por los efectos de la corrupción que lo carcome.
Igualmente, atrapado en otros espirales de inestabilidades por una ola de violencia e inseguridad desbordada con rachas de asesinatos en su capital Quibdó, rachas de paros viales orquestados por los indígenas con los cierran frecuentes de las dos únicas carreteras que unen al departamento con el centro del país, los cuales afectan la productividad, la generación de riqueza, de empleo y los intercambios de bienes y servicios, en un departamento con una de las tasas de desempleo más altas del país.
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Un departamento también atrapado en paros armados de la guerrilla del ELN y de los paramilitares del Clan del Golfo que afectan los tráficos por las carreteras, los ríos y los litorales. De otra parte, es un departamento que enfrenta espantosos niveles de corrupción con la feria de los recursos de las regalías y los saqueos del fisco regional en varias instituciones del orden regional y en buena parte de los municipios.
El panorama del desgobierno es triste y desolador. El Chocó es un departamento agobiado por los altos índices de pobreza, secuestrado por la guerrilla, el paramilitarismo y la corrupción. Un departamento a la deriva en medio de la desesperanza de sus pobladores y con el agravante que afronta esta crisis tan aguda con dos gobernadores.
Un gobernador electo, Ariel Palacios Calderón, quien fue separado del cargo por un proceso penal de corrupción y por el cual está llamando a juicio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y otra danza de procesos penales por corrupción que hacen fila en la fiscalía Delegada ante la Corte.
Fue dejado en libertad por vencimiento de términos, pero sin orden judicial de reintegrarse al cargo. Pese a tener las funciones públicas suspendidas se tomó por las vías de hecho el cargo, desafiando el ordenamiento jurídico del país. Una gobernadora encargada Farlin Perea, refugiada en otro departamento por temor a ser linchada por las hordas de la corrupción que campean en la gobernación chocoana.
Con un panorama tan oscuro desde las oficinas jurídicas del ministerio del Interior y de la presidencia de la Republica se han estructurado un cenáculo de abogados expertos en manipular, dilatar y evadir las responsabilidades del gobierno de acatar los fallos judiciales contra el gobernador Palacios Calderón y poner fin a la crisis de los dos gobernadores.
Las actuaciones de estos abogados no han estado direccionadas a resolver la crisis, sino a perpetuarla con expediciones de conceptos no vinculantes y en un laberinto de cruces de comunicaciones entre ellos con fines de dilatar el problema.
De los cruces de comunicaciones con las dependencias jurídicas de la Presidencia de la República y la jefe de la Oficina Jurídica del ministerio del Interior, Luz Yolima Herrera Martínez, es fácil concluir que sus propósitos han estado enfocado a evadir el acatamiento de los autos del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Enrique Bustos Bustos y los dos fallos de tutela de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, Luz Yolima Herrera Martínez y el abogado Julián Palma, quién ha elaborado la mayoría de los conceptos jurídicos y las respuestas que ha expedido dicha cartera son los mayores responsables de crisis política que vive el Chocó, dado que son el alfa y la omega de las dilataciones y de la oscura trama de corrupción alrededor de este tema.
Se han convertido en un cenáculo de expertos en manipular, dilatar y evadir con respuestas que tergiversan las actuaciones de los magistrados y el fiscal involucrados en el proceso penal contra Palacios Calderón. No solo han incurrido en prevaricato, sino en fraude a resolución judicial y fraude procesal, entre otros delitos que son materia de investigaciones penales y disciplinarios por los organismos competentes.
La crisis de los dos gobernadores fue propiciada por ellos cuando expiden el 27 de abril del 2023, un derecho de petición al abogado Jesús Javier Parra Quiñones, apoderado de Palacios Calderón, por medio del cual solicito al ministerio del Interior: “reintegrar al cargo de Gobernador del Chocó, Ariel Palacios de manera inmediata, toda vez que ha operado el fenómeno del decaimiento de los actos administrativos”.
En la respuesta de este derecho de petición no solo se limitaron a trascribir los conceptos de los magistrados Jaime Velasco Muñoz, Luis Enrique Bustos y del Fiscal 12 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, sino que hicieron una radiografía de los hechos con apartes selectivamente escogidos que se convirtieron en piezas claves para eludir los mismos. Continuará: el cambiazo.
@j15mosquera
