En marzo de 2020 el confinamiento por la pandemia nos obligó al mundo de la virtualidad. Y al mismo tiempo, ha sido la excusa perfecta para que políticos tradicionales de regiones como Santander justifiquen su improvisación, incompetencia y negligencia en la implementación de sistemas de plataformas digitales de "calidad, que sean amigables con los usuarios".
Esto se evidenció con el represamiento de solicitudes de trámite y renovación de pasaporte producto de tres meses de cierre de las oficinas, lo que puso al descubierto las falencias del sistema de otorgamiento de citas que la ciudadanía venía alertando, y de las que desde entonces se ha aprovechado el cartel de los pasaportes para probablemente estafar a la ciudadanía interesada en sacar el documento.
Es el caso de la oficina de pasaportes del departamento de Santander. Y tal parece, similares carteles funcionan también en el ámbito nacional.
Según dijo en entrevista en el canal TRO el secretario administrativo de la Gobernación de Santander, Camilo Andrés Arenas Valdivieso, en la oficina de pasaportes hicieron “enormes esfuerzos” en la adquisición “de un sistema muy avanzado de última tecnología para el otorgamiento de citas en la plataforma, que funciona a partir de las 8:00 a. m.”, y añadió luego, sin ningún pudor, que las 200 citas de pago de estampillas en la plataforma por PSE se agotan “en 15 segundos”.
El ‘software’ deficiente creado por el área de sistemas de la Gobernación de Santander vulnera el derecho ciudadano a realizar trámite y renovación de pasaporte.
Es decir, lo que hicieron con la aplicación de la técnica fue vulnerar un derecho a un trámite que antes de la pandemia era sencillo y rápido de realizar, y ahora, con un software deficiente y manipulable en el que se presentan muchas trabas y demoras, los usuarios tienen que ‘parir’ a punta de clics por un cupo a una cita, como si fuera una rifa o una bandada de aves de rapiña en refriega por un pedazo de carroña.
Crearon el mecanismo y las condiciones apropiadas con la puesta en línea de un ‘software’ deficiente y manipulable que facilita la conformación de cartel de tramitadores, pues muchas personas manifestaron[1] haber tenido que acudir a ellos y pagar diferentes sumas de dinero para agilizar el proceso de obtención de cita y así adquirir la estampilla para el pasaporte.
Y si bien otros ciudadanos afirmaron no haber acudido a intermediarios y haber hecho el trámite de obtener la cita por internet, ¿cómo logran los tramitadores tener acceso a por lo menos la mitad del número de las citas? ¿Es posible que quienes tienen acceso a la configuración de la plataforma filtren a tramitadores algún número de citas?
¿Qué garantía de transparencia puede esperarse de un software que fue creado y está alojado en el departamento de sistemas de la Gobernación de Santander?
Es decir, conforme a la afirmación que hizo Jessica Viviana Moreno Martínez en la audiencia de citación a control político en la Asamblea Departamental en junio de 2021 de que el software había sido creado por funcionarios del departamento de sistemas de la Gobernación de Santander[2], los mismos funcionarios técnicamente pueden acceder para manipularlo y filtrar las citas a otros funcionarios de la administración.
De este modo, se pueden hackear a sí mismos. ¿Quién los controla? Y todavía vemos la burla del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, dos días después de la pelotera en la oficina de pasaportes, quien sale en un video en esa misma oficina y en tono moralizante les invita a quienes le respondieron que tuvieron que pagar tramitador, a que denuncien. ¿A quiénes, a ellos mismos los del clan Aguilar? ¿Ante el Contralor Freddy Anaya? ¿O a la Fiscalía de ‘François’ Barbosa? El chiste se cuenta solo.
El criterio tacaño que ellos decidieron aplicar en ese mecanismo de asignar “200 citas diarias” que se evaporan en par patadas, o las “2000” del 11 de febrero que salió a anunciar el gobernador Aguilar y se agotaron en un instante, son globitos al aire para desviar la atención del elemento del crimen: la programación y configuración de la plataforma que ellos mismos administran, que además de vulnerar un derecho ciudadano como el de trámite o renovación de pasaporte (que en 2018 era un trámite sencillo y rápido de hacer) creó una atmósfera de especulación en el acceso a las citas, propicia para que aparezcan terceros o “tramitadores”, que, efectivamente, agilizan la diligencia al primer trámite de la estampilla para la expedición del documento.
Pues si funcionarios de la oficina de sistemas de la Gobernación de Santander crearon el software, y solo ellos y sus jefes pueden acceder a ese sistema, es muy posible que tengan complicidad con directivos de la oficina de pasaportes, y programen el software con algún mecanismo que filtre un número de citas y terceros las capten con algún tipo de software o hardware criptográfico, y conforme a la demanda de citas recibida, otorgan cita a los usuarios que previamente les pagaron entre $40.000, $50.000, $80.000, $120.000 y hasta $250.000 para obtenerla, y así agilizar el trámite y renovación del pasaporte.
Hay una página en Facebook[3] donde un tramitador dejó alojadas varias planillas con números de referencias de pago y certificados de confirmación de cita con nombres de personas que pagaron por la obtención de la cita. El certificado de confirmación de cita expedido por el tramitador que publicaba en esa página, cuenta con el membrete oficial y logo institucional de la Gobernación de Santander.
La página mantuvo actividad diaria en el mes de enero y hasta el 12 de febrero, tres días después que ‘se rebosó la copa’ con la denuncia hecha por el diputado de Santander, Luis Ferley Sierra Jaimes.
En ese mecanismo han usado a la vigilante de apellido Arciniegas (de quien abusan laboralmente delegando en ella tareas que claramente no forma parte de sus funciones), y con su celular y una lista en mano que le da algún funcionario de la oficina de pasaportes es la que permite el ingreso a los usuarios. Este esquema tácito de extorsión a la ciudadanía funciona a diario por lo menos desde 2021.
Una de las personas que han sido señaladas como presunta implicada en esta red de tramitadores es la coordinadora de la oficina de pasaportes, Jessica Viviana Moreno Martínez, quien es mencionada en un audio y ‘chats’ de WhatsApp por un tramitador de nombre Juan Manuel Peña Millán como una persona responsable de autorizar las citas, como se desprende de la denuncia pública hecha en “transmisión en vivo” por el diputado a la Asamblea Departamental de Santander, Luis Ferley Sierra Jaimes.
Según la denuncia, a los usuarios, dos días después de pagado el “favor” al tramitador, les llegaba la cita de agendamiento de pago de estampilla.
De igual forma, hay que recordar que Moreno Martínez estuvo en la citación a debate de control político hecha por la Asamblea Departamental de Santander en junio de 2021. Allí se comprometió con la realización de un convenio para la adquisición de un software (al parecer, el mismo) que pudiera programar citas sin restricciones de fecha o número de solicitudes. Desde entonces las cosas siguen igual y no se ha visto reflejada mejora alguna en el servicio de la plataforma de agendamiento. Lo típico: negligencia en las funciones y vulneración del derecho.
Por todo ese caos y alteración del orden público generado por la deficiencia en el funcionamiento de la plataforma, que facilita la creación de redes de tramitadores, la responsabilidad política, administrativa y penal recae en el gobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado; el secretario Administrativo de la Gobernación de Santander, Camilo Andrés Arenas Valdivieso, y la coordinadora de la oficina de pasaportes, Jessica Viviana Moreno Martínez.
Estas situaciones las aprovechan este tipo de politiqueros de la región, que, con esos deficientes y amañados sistemas, insisten en la humillación personal de la ciudadanía y mantienen en el atraso a las provincias por no implementar softwares de calidad similares a los de entidades de carácter nacional como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Esta entidad en su plataforma, cuando un contribuyente necesita acceder a algún trámite, como la expedición y/o actualización del RUT o la asesoría en la generación de la facturación electrónica, la persona accede a la plataforma de la Dian, sigue el instructivo y hace el diligenciamiento de reservar su cita. Las citas no se agotan a las 8:00 a.m. Incluso una persona al mediodía puede obtener una cita para ese mismo día o para el siguiente.
Finalmente, los diputados de la Cámara de Representantes de la Asamblea Departamental de Santander deben citar a control político al gobernador de Santander, al secretario administrativo y a la coordinadora de la oficina de pasaportes por las deficiencias en el sistema de agendamiento de citas y establecer su responsabilidad en el presunto cartel de los pasaportes.
Es evidente que la plataforma de agendamiento de citas es un software hecho a las patadas, como las que le propinaron los guardaespaldas del cartel de los pasaportes al diputado de Santander, Luis Ferley Sierra, por denunciar esa presunta olla de corrupción.
Al 15 de febrero, el enlace https://tramites.santander.gov.co/ de acceso a la plataforma de agendamiento de citas para pago de estampilla lo suspendieron; y en la calle frente al edificio se presentan largas filas producto del relajo de la oficina de pasaportes, que con acompañamiento de la policía, asigna de forma manual las citas para el trámite y renovación de pasaporte.
Datos a los que se hace referencia en la nota:
1
2.
3. https://www.facebook.com/CITAS-pasaporte-bucaramanga-101516819103367
