Son bastantes los motivos para movilizarse este 28 de abril, y aunque parezca una contradicción que los diversos movimientos sociales soliciten un aislamiento preventivo en especial en la capital del país, ante el incremento del pico epidemiológico, y que a la vez hagan presencia en las calles, ello resulta necesario ante el engaño histórico promovido por parte de las élites económicas y políticas de la nación, en cabeza de los sucesivos gobiernos y de los partidos que han apoyado estas políticas, que ahora posan como reivindicadores de derechos sociales y defensores de las clases medias y bajas que resultarán ser las más afectadas de llegar a aprobarse la reforma tributaria que sigue su curso en el Congreso de la República.
Las exigencias son múltiples, encabezadas por la de retirar la propuesta de reforma tributaria, que implica el aumento indirecto de los productos de la canasta básica para los consumidores vía el incremento del costo de los insumos para los productores, así como del transporte a causa del denominado impuesto al carbono y la propuesta de peajes en las ciudades capitales. Sin contar con el gravamen al internet, a las pensiones, a los servicios públicos, el impuesto por retiro de las cesantías, las gabelas que se harán de los salarios por encima del millón setecientos, mientras los superricos y los supersuperricos del país continúan con exenciones que siguen incrementando las desigualdades sociales de la nación. Colombia cuenta con un sistema de tributación regresivo sesgado hacia ingresos laborales y en favor de los ingresos de capital, ello afecta a los sectores de menores ingresos y aumenta la pobreza del país, en contraste con los impuestos progresivos que son aquellos gravámenes al patrimonio, a los dividendos, a la renta, al igual que la disminución de las exenciones de las empresas, fórmulas que deberían aplicarse en Colombia.
Pero esta es solo la punta del iceberg, el descontento social viene en incremento por varias razones, el incumplimiento del acuerdo de paz es una de ellas, el primer punto del mismo se refiere a la reforma rural integral, que implica la transformación del campo colombiano, derecho que ha sido negado a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes históricamente y que en el proceso de implementación actual parece ser un logro lejano en el país.
Así mismo el acuerdo de paz implica el fin del conflicto y la garantía de la participación política, para el primer caso es importante tener presente el pronunciamiento que hiciese la canciller Claudia Blum, un claro atentado contra la paz, implicando a las disidencias como incumplimiento del acuerdo por parte de quienes se desmovilizaron, quizá se le olvide a la canciller que en los procesos de negociación de la paz en diferentes acuerdos a nivel mundial, siempre quedan disidencias, reductos del grupo que deja las armas, en el caso colombiano, algunos de estos reductos producto del incumplimiento de lo pactado por parte del gobierno nacional, quien tiene en sus manos la implementación.
Y es que desde la firma del acuerdo en el año 2016 han sido asesinados 276 exguerrilleros, 22 en lo corrido de este año. Han sido también asesinados durante este año 52 líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo cual dista mucho del cumplimiento cabal de lo acordado en el campo de participación política, sin contar las masacres ocurridas en diferentes zonas del territorio nacional, 32 en a lo largo del 2021.
Así mismo, cerca de 8930 familias han tenido que huir por desplazamiento en los tres primeros meses del año, incrementándose este fenómeno en un 96% en comparación con el mismo periodo del año anterior según destaca la Defensoría del Pueblo. De igual forma, la representación de las diversas agencias de Naciones Unidas en el país condenan el incremento de la violencia hacia las diversas comunidades, líderes sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos, casos de destacar el del Cauca y Antioquia, el primero encabezando los actos de desplazamiento y el segundo los eventos de masacres.
Es así que motivos hay muchos para la movilización, a los cuales también se suma la manera en que se ha manejado la pandemia en el país, con uno de los procesos de vacunación más lentos de la región, con un incremento inusitado en el tercer pico de la pandemia, que ha superado en muertes diarias incluso a Estados Unidos, con la negación de la renta básica para las comunidades más vulnerables de manera tal que se pudiese garantizar un aislamiento con condiciones esenciales para aquellos que por necesidad requieren salir a las calles a conseguir el sustento de sus familias.
Es determinante hacer el análisis de la condición actual del país, donde se percibe el incumplimiento de acuerdos en diversos niveles por parte del gobierno nacional, en especial desde el paro del año 2019, y donde la mayoría de las reivindicaciones siguen pendientes y el descontento se manifestó de forma generalizada en las calles del país.
