Luego que el Sistema de universidades estatales (SUE) publicó su estudio “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia - La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales” donde calculo en 11,3 billones de pesos el desfinanciamiento de la educación superior pública, hoy en varias de nuestras universidades las directivas han planteado que existen recursos suficientes para el desarrollo de la actividad académica. ¿Qué se esconde detrás de esta afirmación?
Esta afirmación realizada en cabeza de los rectores la argumentan principalmente en los reducidos recursos venideros de fuentes como:
1. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD – CREE, estableció un punto adicional temporal para los periodos gravables 2013, 2014 y 2015, del cual el 40% es para financiar las instituciones de educación superior públicas. Según lo afirmado por el gobierno nacional, esta fuente aportará un billón y medio en los tres años, recursos que serán distribuidos así: el 75% destinado a universidades públicas y el 25% restante a colegios mayores, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, también del sector público. Para el 2014 se proyecta una transferencia por esta vía de $294 mil millones, suma inferior a lo planteado en la reforma tributaria.
2. LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA, que estima recaudar 5 billones en 20 años, 250.000 millones anuales. Durante los primeros 5 años, la Universidad Nacional recibirá el 70% de lo recaudado y el 30% restante se distribuirá entre las demás universidades públicas del país, esta distribución será a la inversa a partir del sexto año. Esta forma de financiación fortalece un recaudo de ingresos por parte del Estado de carácter indirecto, es decir, la estampilla se puede asimilar a los impuestos indirectos, los cuales no consultan la capacidad económica de las personas.
3. EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, se definió para el sector de la educación 27,4 billones con una participación en el PGN de 17,1%, que comparado con el presupuesto de 2013 de $24,9 billones con una participación del 18% en el PGN, muestra una participación menor del gasto total para educación. Para las universidades públicas, el PGN 2014 estipula $3 billones que incluyen el CREE.
4. AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LOS CRÉDITOS DEL ICETEX, para 2014 asciende a $548 miles de millones mientras que para 2013 fue de $396,4, presentando un incremento del 38%, fortaleciendo con esto la política de financiación a la demanda.
Lo que se esconde detrás de esta mampara es una clara política de desfinanciación a la educación pública, las cifras reafirma la falta de compromiso y voluntad política del Gobierno para responder a la crisis universitaria generada en las últimas décadas. En contraste con el crecimiento total del PGN para el 2014 fue de 7,4% respecto al aprobado para 2013, pasando de $189 billones a $203 billones de pesos, el presupuesto para el funcionamiento y la inversión para las universidades se redujo.
Si bien, algunos de los recursos mencionados, son partidas con las que las universidades no contaban, éstas no dan cuenta de una salida estructural a la crisis y solo pretenden tapar huecos y dar respuesta a muy corto plazo, reafirmando y manteniendo el modelo agonizante de financiación de la educación superior.
No siendo suficiente lo anterior, el ánimo de lucro se disfraza y se retoma con la búsqueda de una alternativa jurídica que permita el desarrollo de las empresas de Spin off, que se refieren a proyectos empresariales gestados en las instituciones de educación superior y que persiguen intereses privados. Es decir, son empresas o negocios de tecnología o investigación, creadas y apoyadas por las universidades, que persiguen lucro y cuya propiedad privada se pretende que esté en manos de docentes e investigadores de las universidades.
Estas medidas que se vienen implementando sistemáticamente en las Universidades son las causantes que hoy su principal fuente de recursos sea las rentas propias (Recursos por venta de servicios). En el caso de la Universidad Industrial de Santander cerca del 70% de su presupuesto anual lo obtiene bajo esta modalidad, mientras que el gobierno nacional le aporta menos del 30% a esta institución tan importante para el desarrollo del Nororiente Colombiano.
Es claro, que el gobierno nacional viene introduciendo dinámicas de financiación neoliberales, en la vía de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, y alejando cada vez más al Estado como principal garante de la financiación de la oferta educativa estatal. Esto ya lo había intentado en el 2011 con el proyecto de ley 112 al que el movimiento estudiantil respondió con sendas movilizaciones lideradas por La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, donde desnudó la crisis financiera por la que atraviesa la educación superior colombiana después de 20 años de la aplicación de la ley 30 de 1992.
Federación Universitaria Nacional FUN – Comisiones MODEP
JHON ALEXANDER MOSQUERA VANEGAS
Vocero Nacional MANE
Vocero Nacional FUN Comisiones MODEP
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