La Declaración política del G7, emitida el 14 de mayo y suscrita por las principales economías industriales de Occidente, es de una enorme importancia. En primer lugar, porque ratifica la voluntad de los firmantes de proseguir la guerra contra Rusia en Ucrania hasta sus últimas consecuencias, aun cuando la propia Ucrania da signos inequívocos de agotamiento y cuando el “cansancio por la guerra” comienza a afectar a las opiniones públicas de los países del grupo, al cabo de dos años largos de guerra. La Declaración afirma que mantendrá el apoyo de Kiev en defensa de su “soberanía e integridad territorial”. Y que lo hará “todo el tiempo que sea necesario”. Que sería por lo menos de 10 años, el plazo de vigencia fijado en los acuerdos de cooperación y ayuda militar a Kiev, firmados en los dos últimos meses por Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón y por diez países de la UE, entre los que destacan Alemania, Francia, Italia y España. Se espera que terminen firmándolos el resto de los países de la Unión Europea.
La Declaración también es igual de importante por las consecuencias económicas que trae consigo, que suponen en su conjunto el fin de la globalización liberal. La que definió su programa en el Consenso de Washington de 1989 y se realizó con la firma de tratados de libre comercio en prácticamente todo el mundo. Colombia incluida. Tratados destinados a garantizar no solo el libre comercio sino también la libre circulación de capitales y la independencia política de los bancos emisores. Así como cierta neutralidad con respecto a la naturaleza de los estados o regímenes firmantes de los mismos. Fueran monarquías absolutas como las árabes o países socialistas como China o Vietnam.
Endurece aún más el régimen draconiano de sanciones impuesto a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea, y amenaza a “terceros países” que eluden dichas sanciones
Si digo que la Declaración pone fin a la globalización liberal lo digo, en primer lugar, porque no solo endurece aún más el régimen draconiano de sanciones impuesto a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea, sino porque amenaza a “terceros países” con sancionar a aquellos individuos, bancos y entidades financieras que eluden dichas sanciones o incluso se benefician de ellas. Como son los casos de Turquía, que importa gas ruso y lo revende a los países de la UE. De India, que hace lo mismo con el petróleo ruso. O de China, que igualmente compra gas y petróleo a Rusia a precios reducidos, aunque lo haga solo para su consumo interno.
Las sanciones impuestas y las que se piensa imponer demuestra que las siete economías más grandes de Occidente están dispuestas a sacrificar el libre comercio por motivos políticos, que por muy nobles o sublimes que a sus líderes les parezcan no por ello dejan de ser políticos. Y de hacerlo, además, por medios de muy dudosa legalidad. Las únicas sanciones legítimas, desde el punto de vista de la Carta de la ONU, son aquellas aprobadas por su Consejo de Seguridad. Las que aplica con tanta generosidad Estados Unidos son, por definición, “medidas coercitivas unilaterales”. Tales medios resultan incluso contradictorios con defensa que dice profesar de “un mundo basado en reglas”. Me refiero a la decisión - igualmente aprobada por esta cumbre del G7 celebrada en Italia – de otorgar un préstamo de 50.000 millones de dólares a Kiev, avalado por los beneficios obtenidos por los cerca de 300.000 millones de euros de activos rusos en bancos occidentales, congelados en la primera ronda de sanciones contra Rusia, aprobada en marzo de 2022. Una parte de esos activos son de propiedad estatal, otra parte importante son de propiedad privada y la apropiación de los mismos supone sino una expropiación pura y dura una violación del derecho a la propiedad tan clara que hasta la propia Unión Europea se ha negado hasta la fecha a autorizar.
Las decisiones referidas a China adoptadas en esta Cumbre merecen comentario adicional. En primer lugar, porque los firmantes amenazan con sanciones al gigante asiático no solo por las compras de gas y petróleo ruso antes mencionadas sino porque le acusan de estar proveyendo de insumos que resultan indispensables a la industria militar rusa. En su argumentación recurren a la tesis del doble uso: hay productos que pueden ser utilizados con fines civiles tanto como con fines militares, que por lo tanto no pueden ser enviados a Rusia.
En segundo lugar, porque la Unión Europea viene de sumarse a la guerra comercial contra el gigante asiático- iniciada por Donald Trump y proseguida por Joe Biden - imponiendo aranceles a los coches eléctricos de fabricación china. El argumento empleado para justificar esta decisión también es doble uso, porque es en realidad un poderoso argumento contra los tratados de libre comercio actualmente vigentes y un buen motivo para exigir la revisión de los tratados firmados con los países del G7. La Declaración llama a responder conjuntamente al desafío que representa la llamada “sobrecapacidad” china (global overcapacity challenges), lograda con “políticas y prácticas no mercantiles (non- market), que socaban la igualdad de condiciones y nuestra seguridad económica”. Estas afirmaciones remiten al hecho de que el Estado chino lleva tres décadas largas apoyando a su industria nacional, con el estupendo resultado de que hoy muchos de sus productos son mejores y más baratos que los equivalentes de los países occidentales. Lo sorprendente, lo inaceptable, es que los países del G7 pretendan que sigamos obligados por unos tratados de libre comercio que en su día socavaron el principio de la “igualdad de condiciones” y pusieron en riesgo nuestra “seguridad económica”, nuestra agricultura y nuestras industrias. Aprovechando la “sobrecapacidad” de las suyas, lograda con las subvenciones y las ayudas estatales que recibían y siguen recibiendo. Es la hora de renegociar dichos tratados.
