Hace seis años cuando llegó la primera plataforma tecnológica a intentar conquistar el mercado del transporte nadie imaginó que se convertiría en un verdadero dolor de cabeza para el transporte legal, debido a que dichas plataformas se han ido apropiando del espacio en varias ciudades del país, a pesar de su ilegalidad.
Durante estos años han sido objeto de sanciones por parte de los diversos entes del estado tales como el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional; han pagado multas millonarias que les han sido impuestas por infringir las normas sobre la prestación del servicio de transporte especial.
Entre tanto, el gremio de los taxistas se ha pronunciado en diversas oportunidades ante los entes pertinentes, ante los medios de comunicación, han hecho protestas y entablado acciones judiciales para mostrar su inconformidad con la operación de dichas plataformas, por considerarlas anárquicas y perjudiciales, por cuanto evaden la debida regulación, el pago de impuestos y el debido cumplimiento de normas de seguridad para transportar pasajeros, mientras que ellos, pagan un cupo, impuestos, se ciñen a las normas, pero debido a la competencia desleal e ilegal, afrontan una grave crisis económica, lo cual no podemos permitir.
Sin embargo, los representantes de las diversas plataformas argumentan que están legalmente constituidas y su objeto social es la conexión de personas que tienen necesidad de transportarse, con personas que pueden prestar ese servicio a través de sus vehículos a cambio de un pago, que estos vehículos cuentan con los seguros necesarios para cubrir posibles contingencias, además aducen que no se debe dejar al país rezagado, frente a otros países que hoy tienen reguladas las plataformas.
El Ministerio de Transporte ha sido enfático y ha dicho que este servicio es ilegal, pero le otorga la responsabilidad al Ministerio de las TIC, que a su vez dice no tener capacidad para impedir que las aplicaciones se sigan usando para este servicio.
Con este galimatías urge que haya resultados importantes en la lucha contra la ilegalidad, porque hasta hoy no ha habido contundencia en las estrategias, ni en los operativos y seguimos en un círculo vicioso, que se convierte en el caldo de cultivo ideal para que otras plataformas lleguen a hacer parte de esta ola de aplicaciones, que ofrecen transporte público y ponen en jaque al transporte legal.
El gremio de taxistas está cansado de escuchar discursos. En mi calidad de concejal, como abanderado de la defensa de sus derechos y la legalidad, considero necesario llevar a cabo un debate de control político, en el que el Secretario de Movilidad y el comandante de la Policía de Tránsito nos expliquen por qué no se hacen avances claros. Por supuesto habrá que invitar a la Superintendente de Puertos y Transporte, a las señoras ministras de las carteras de Transporte y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, porque no vemos progreso en normatividad, regulación o declaratoria definitiva de ilegalidad.
Desde el año pasado, he dado una batalla desde el Concejo de Bogotá denunciando, haciendo debates de control político y acompañando al sector del taxismo en la instauración de diversos mecanismos jurídicos que pongan fin a todas las pretensiones de vulnerar este importante sector dinamizador de la economía, buscando soluciones para el fortalecimiento del gremio; el cual parece haber sido abandonado a su suerte, por parte del gobierno distrital y nacional. "Debemos tomar ejemplo de países como España que ha mostrado verdadera determinación política para acabar con la ilegalidad en el uso de plataformas de movilidad".
