Colombia, país que se jacta de sus instituciones democráticas, que no aplica la pena de muerte, tiene algo peor: la cultura de la eliminación física del delincuente común, por un lado, y la indiferencia y, en muchos casos, la complacencia, frente a los asesinatos de líderes sociales, por otro.
La pena de muerte ha sido abolida en muchos países, incluyendo Colombia. Sin embargo, todavía hay algunos que la aplican como sanción penal o, en casos excepcionales, en tiempos de guerra. En algunas partes de Estados Unidos, en China, India, en naciones musulmanas, en algunas africanas, sigue vigente.
En pleno siglo XX fue un arma de exterminio de la oposición política. En la Alemania de Hitler fueron ejecutados miles, sin contar las cifras del holocausto ni los asesinatos masivos de civiles polacos, rusos y de tantas otras nacionalidades. En la Unión Soviética, ni se diga. No solo en las purgas stalinistas, sino también después del ascenso de Krushev en el 56. Nagy, el líder de la insurrección húngara, que pretendía algunas libertades intolerables para Moscú, fue juzgado y ejecutado en el 58. En Cuba se fusiló al general Arnaldo Ochoa. En China y otros asiáticos sigue vigente, aunque, en principio, como arma penal.
En la actualidad, el número global de ejecuciones a cargo de los estados se va reduciendo y son cada vez mas los que la proscriben.
Según Amnistía Internacional, la ONG cuya bandera es, justamente, la de la abolición de la pena capital, en 2017 hubo 993 ejecuciones “oficiales” en 23 países, aunque se presume que el número de ajusticiados por el estado chino es mayor que el conocido.
No obstante, no basta que la pena de muerte esté proscrita. Para efectos prácticos, sean los de “limpieza social” o de eliminación de disidencia política molesta, no hay necesidad de código penal si la sociedad permite y alienta las ejecuciones “por vías informales”.
Es el lamentable caso de Colombia. No me refiero a los bárbaros hechos atribuibles a fuerzas del estado como los falsos positivos o a ejecuciones extrajudiciales recientes, como es el caso de un desmovilizado, Dimar Torres, a manos de un cabo del ejército.
La gravedad radica en la indiferencia y tolerancia de parte de millones de colombianos de a pie frente a la pena de muerte aplicada por toda suerte de grupos contra delincuentes comunes y líderes sociales.
La semana pasada circuló en los medios y en las redes el video de un hombre baleado en Medellín. Iba, con otro, en una moto, con la pretensión de asaltar al ocupante de un vehículo, al que venían siguiendo. Alguien, desde otro carro, le disparó y le dejó malherido. Su acompañante alcanzó a huir y el delincuente herido botaba sangre a borbotones. La policía lo recogió y, aparentemente, no falleció.
“Lo único malo es que la rata no se murió”,
uno de muchos ejemplos en Twitter, de la proclividad a la “limpieza social”,
expresiones cotidianas de personas comunes y corrientes
Lo verdaderamente enfermo de la sociedad colombiana se encuentra en el tipo de mensajes en las redes alredededor de hechos como el presentado en el mencionado video. “Lo único malo es que la rata no se murió”. “Qué buen ejemplo, así hay que acabar con esos …” Uno de muchos ejemplos fáciles de auscultar en Twitter, proclives a la “limpieza social”, expresiones cotidianas de personas comunes y corrientes.
La otra veta, la ola actual, la de los asesinatos de los líderes sociales, se manifiesta en la tolerancia e incluso el aplauso y, quizá peor, en la indiferencia de la ciudadanía. Las ejecuciones de quienes son considerados por algunos sus enemigos políticos o, simplemente, personas incómodas para ciertas estructuras locales de poder, son de diaria ocurrencia, como cotidiana es la indiferencia.
Durante la semana pasada, el atentado a Francia Márquez y un grupo de líderes sociales, el asesinato de un cineasta, asesor de la gobernación de Arauca, en Arauquita, el de un médico en El Bagre, Antioquia, no generaron el repudio masivo de los colombianos de a pie.
No se salvan de la indiferencia los niños, como fue el caso del bebé Samuel David, asesinado en la Guajira, hijo de una pareja de desmovilizados. En cualquier democracia respetable la indignación se hubiera manifestado de inmediato.
Aliento cultural a la “limpieza social” de delincuentes comunes, complacencia e indiferencia frente a la eliminación de quienes se consideran enemigos, de izquierda o derecha, en un país que se jacta de democrático, es la garantía a la permanencia en la barbarie.
Sin cultura de respeto por la vida, es obvio, la paz es imposible.
El atentado a Francia Márquez y un grupo de líderes sociales, como en otros casos, quedaron entre la indiferencia de los colombianos de a pie. Foto: Fundación Goldman
