Los voceros de los fondos privados de pensiones y algunos sectores del gobierno nacional han venido sosteniendo que existe una “bomba pensional”. Ya en 2004 el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, más conocido por ser el creador de los bonos de agua, sostenía que la bomba pensional “No se desactivó a tiempo, y ahora toca conseguir el dinero con urgencia”[1].
Sin embargo, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, sostuvo en reciente entrevista para un medio televisivo[2] que no existe la tal bomba y que, por el contrario, el año pasado sobró algunos billones de pesos para las pensiones.
Entonces, ¿cómo justificar una reforma pensional que ya había comenzado con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022?. Sencillo, como es costumbre del Gobierno nacional: acudiendo a la semántica y cambiándole el nombre a la reforma. Ya no se llamará reforma pensional sino, reforma al sistema de protección a la vejez.
Esta estrategia es común en este gobierno. Hay que recordar que la reforma tributaria cambió su nombre por el de Ley de Financiamiento que luego cambió a Ley de Crecimiento Económico. Es decir, que el sustento técnico de las reformas pareciera no estar basado en las cifras sino, en la semántica.
En apoyo de la ministra Arango es bueno traer a colación algunas cifras demuestran que el problema financiero no es de tal magnitud que pueda catalogarse como una bomba que pueda desestabilizar las finanzas públicas en un corto o mediano plazo. En los últimos años Colombia ha dedicado alrededor del 3,5% del PIB en pensiones[3], mientras que otros países[4] como Italia, Portugal y Austria algo más del 14%, Dinamarca y España más del 12%, Polonia y Chipre más del 10%, Islandia y Luxemburgo más del 8%, Letonia y Lituania más del 6%, Irlanda más del 4%. También es sabido que Grecia ha llegado a pagar 14.5% del PIB en pensiones y Brasil el 12%.
Como se ha mencionado en anterior ocasión, el problema pensional va más allá de la supuesta ”bomba” y tiene que ver con aspectos tales como: la incoherencia de los gobiernos de turno en el manejo de los recursos de la seguridad social, la falta de una política pública de formalización del trabajo, la cadena de decisiones equivocadas para el uso de los recursos de las pensiones (unas en contravía de la Constitución, la ley y la jurisprudencia, otras fraudulentas, algunas sin soporte técnico suficiente) y la voracidad de los fondos privados de pensiones que cada vez quieren acumular mayores utilidades.
REFERENCIAS:
[1] Revista Semana. Pagar, pagar y pagar. Abril 7 de 2004. https://www.semana.com/economia/articulo/pagar-pagar-pagar/66641-3. Consultado en febrero 3 de 2020. [2] "Queremos hacer una pirámide": Alicia Arango sobre reforma pensional.” Consultado en febrero 3 de 2020. enhttps://www.colombia.com/actualidad/economia/alicia-arango-reforma-pensional-noticias-caracol-258844 [3] http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/sucesos/401107-en-colombia-no-hay-una-bomba-pensional- porque-no-hay-pensionados [4] https://www.eldiario.es/economia/pensiones-Espana-comparado-paises-OCDE_0_613488981.html
