"Hay que reemplazar a los bandidos"

La investigadora Claudia López decidió, como ella dice, no seguir persiguiendo “bandidos” en la política y jugársela para actuar. Se lanzó a las espesas aguas del mundo electoral para intentar salir elegida al senado por el Partido Verde. Su garra y la fuerza las puso a prueba en estos diez años denunciando la manera como los dineros provenientes de los paramilitares y de distintas mafias penetraron las campañas políticas. Junto a León Valencia, en ese entonces director de la Corporación Nuevo Arco Iris -hoy a la cabeza de la Fundación Paz y Recolección- demostraron la alianza del paramilitarismo con muchos de los congresistas que formaron la coalición que llevó a Álvaro Uribe a la presidencia en el 2002. Casi la totalidad de los denunciados terminaron en la cárcel. Claudia se prepara a dar la pelea por la depuración de la política en el Congreso que será elegido el próximo marzo en donde, de llegar, tendrá como su gran contrincante a Álvaro Uribe y su lista del Centro Democrático.

Sebastián Díaz López: Usted hablaba una vez del 10 por ciento de la parapolítica concentrada en Antioquia, 35 por ciento del Congreso cooptado por los paramilitares en el 2002. ¿Cómo ve el panorama para las elecciones de este año? ¿Vamos a volver a vivir esa cohesión a los electores?

Claudia López: “Una de las decisiones que tomé en la vida fue dejar de investigar bandidos para poder hacer mi doctorado y buscar soluciones, y poder reemplazarlos a ellos. Yo no sabría responderte con certeza esa pregunta. Entiendo que esta semana la Misión de Observación Electoral (MOE) va a publicar los mapas de riesgo electoral como los que hice para las elecciones del 2002, 2006 y 2010. Yo espero, y tengo la intuición, de que el nivel de riesgo de violencia política sigue bajando.

El mapa que yo publiqué en el 2006 fue un poco alto, pero en el 2007 que fueron las elecciones locales hubo más violencia política. En las locales suele haber más violencia que en las nacionales, y en el 2010 volvió a bajar un poco. Mi intuición me indica que la violencia política hacia candidatos, es decir amenazas, extorciones, secuestros, incluso asesinatos se van a reducir en esta campaña. A mí me parece que el gran fenómeno en esta campaña, más que la violencia física, lo que va a ver es una enorme polarización, estigmatización, un debate muy agudo con calumnias y falsedades, tratando de desprestigiar a algunos candidatos para que no ganen legítimamente. Eso no es bueno, pero es menos grave. Lo otro que creo va pasar es que va a ser una elección con falta de garantís electorales.

Yo no soy uribista ni muchos menos, pero a mí me parece que lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral contra el Centro Democrático a propósito de su logo y su nombre es un abuso de poder. Hoy todos aplaudimos porque es contra Uribe, pero cuando sea contra nosotros, ¿qué? Otro punto es que la mafia siempre va a aportar dinero para apoyar a ciertos candidatos y contra eso es muy difícil combatir. Y por último la repartición de cargos burocráticos por parte del presidente Juan Manuel Santos es otra falta de garantía”.

S.D.L: Ahora hablaba del uso de esa “chequera” por parte de la mafia para financiar políticos. ¿Ha habido un cambio sistemático en la relación de políticos con grupos al margen de la ley?

C.L: “Ha habido un cambio porque los hemos forzado a cambiar. Parte de lo que hacía que los políticos se unieran con grupos criminales de todo tipo, planearan robos de contratos, planearan asesinar a sus contrincantes, orquestaran robos de tierras era por la falta del control del Estado en el territorio y por plena connivencia del Estado con los grupos que debe combatir. En vez de combatir el paramilitarismo, lo que hizo fue darles armas y apoyarlos. Hoy han cambiado dos cosas. La primera, aunque desafortunadamente muchos sectores de Colombia legitiman más el paramilitarismo en nombre de que hay guerrilla, eso se ha reducido. Hoy le cuesta mucho más a un alto mando del Ejército y de la Policía y a un político aliarse con una Bacrim. Segundo, que los políticos que se alían con criminales la pagan ante la justicia por la presión de ella misma, del periodismo independiente y de la ciudadanía.

Hoy hay más de 400 políticos siendo investigados por vínculos con esas organizaciones criminales, hay 45 congresistas condenados y una cifra similar de alcaldes y gobernadores. Todavía es muy poco para la magnitud de la penetración, pero en todo caso ya hay esos dos precedentes. Te voy a dar un ejemplo concreto en Antioquia: si la justicia no hubiera operado el señor Luis Alfredo Ramos estaría hoy de prócer haciendo campaña como candidato presidencial. Gracias a la acción de la justicia él hoy está donde está, en una cárcel respondiendo por sus crímenes. Ese tipo de cosas ayudan a disminuir. Gracias a nuestro trabajo ya no es el 35 por ciento del Congreso que está siendo investigado, sino el 17 por ciento más o menos”.

S.D.L: Se lo pregunto porque estamos esperando si el gobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín le va a otorgar o no las concesiones del chance a La Gata. Si se la entregan ella volvería a financiar a políticos y seguiría con todo su prontuario. Esa es una forma de hacerle apología al delito de manera legal.

C.L: “Claro, ¿pero cuál es el problema estructural ahí? El problema es que el chance, no solo el de La Gata, es un mecanismo de lavado de activos en Colombia. La Gata es el ejemplo más obvio, el que tiene más pruebas, pero lo cierto es que un país como Colombia no tiene cómo controlar que un chancero de cualquier parte no use el chance para hacer lavado de activos de ilegales. Esa es la verdad. Aquí el problema no es si el gobernador de Bolívar le va a volver a dar el negocio de chance a La Gata, el problema es si es gobierno nacional va a seguir permitiendo que haya chance a sabiendas de que no lo puede controlar”.

S.D.L: Usted denunció hace muchos años a Luis Alfredo Ramos, pero apenas el año pasado la justicia actuó. ¿Se ha demorado la justicia en actuar contra otros parapolíticos?

C.L: “Se demoró 20 años con todos, y como se demoró tanto tiempo esos parapolíticos y los narcoparamilitares despojaron a 6 millones de colombianos de sus tierras, asesinaron a cerca de 120 mil personas, a muchos dirigentes políticos. La justicia tiene una cierta responsabilidad en la tragedia que nos ha ocurrido, porque reaccionó muy tarde, pero como bien dice el dicho más vale tarde que nunca. Yo denuncié a Luis Alfredo Ramos desde el 2006 y tuve que aguantarme la persecución de ese cínico durante 7 años hasta que finalmente está respondiendo. Si dejamos de invertir en tanques, en balas y en bombas invertiríamos en jueces que sean capaces de proteger a los ciudadanos en todos sus derechos. La justicia se ha demorado en reaccionar, pero en todo caso celebro que Ramos y otros estén frente a la justicia”.

S.D.L: Usted no ha tenido pelos en la lengua para denunciar a criminales y parapolíticos. ¿Quiénes que hoy estén ocupando una curul deben ser investigados o condenados?

C.L: “El método más eficaz para sacar de la política a los corruptos no es la justicia, es el voto. Si me preguntas cómo cortamos la estela de corrupción y parapolítica de Luis Alfredo Ramos en la gobernación de Antioquia, pues no eligiendo a su heredera, la señora Liliana Rendón, que ahora está de prócer. Es decir, la monita heredera de la mafia aspira otra vez a que la Gobernación de Antioquia vuelva a las manos de la mafia. ¡Pues no! A esa señora antes que derrotarla en la justicia, hay que derrotarla en las urnas con el voto libre de los antioqueños. Al próximo candidato que La Gata quiera poner en Sucre y en Bolívar hay que derrotarlos en las urnas, a los hijos de ella hay que extraditarlos, a la señora lo que hay que hacer es tenerla presa en la cárcel de mujeres, no en esta ridiculez de que vive rotando, porque qué curiosos que los criminales cuando cometen crímenes son rozagantes, pero el día que les decretan una orden de captura se enferman. Toda esa vagabundería hay que acabarla”.

S.D.L: Entiendo, pero no me está respondiendo. Esos casos que menciona son ampliamente conocidos por la opinión pública. ¿Cuáles parapolíticos que han pasado de agache la justica, los medios e investigaciones deben estar en un proceso judicial?

C.L: “Es que denunciar paga. La última investigación que yo hice de parapolítica, porque como te digo yo decidí que no me iba a quedar toda la vida investigando bandidos sino a reemplazarlos con ciudadanía, fue para las elecciones del 2011. En esa investigación dijimos que había más o menos 5 o 6 gobernadores con vínculos con paramilitares”.

S.D.L: ¿Quiénes eran?

C.L: “Hoy 4 de ellos por diferentes vías ya no están en el cargo. El señor Héctor Fabio Useche del Valle. Él era un tipo claramente promovido por la mafia. Perdió el cargo. El señor Kiko Gómez, que casi nos mata el vergajo, finalmente lo pusimos preso. Él no era manejado por la mafia, sino que era el jefe de la Bacrim que controlaba el narcotráfico en la Guajira y el Cesar. La señora Cielo González del Huila. El problema con ella era que tenía una red de corrupción que la apoyaba y terminó perdiendo el cargo de la gobernación”.

S.D.L: ¿Y el señor Guerra Tulena?

C.L: “Al señor Guerra no lo denunciamos por vínculos con los paramilitares. De hecho era su contendor. Allá pasó una cosa rarísima y es que La Gata y otra gente pusieron un candidato que cuando vieron que no podía ganar las elecciones, lo hicieron renunciar a la brava. El gobernador de Bolívar, sobre el cual todo el mundo tiene los ojos encima, porque durante toda su campaña tiene fotos con la hermana de La Gata en Magangué y en otros sitios Bolívar, y posiblemente, que hasta ahora no se lo han logrado comprobar, cómo empresas de La Gata le financiaron su campaña. Ese todavía está ahí a la espera porque vamos a ver si le niega o no el negocio del chance a La Gata”.

S.D.L: Porque también estábamos a la expectativa de lo que iba a suceder con el negocio del chance en Sucre y el gobernador al final optó por negárselo a La Gata…  

C.L: “Bueno, pero se lo negó gracias al zar anticorrupción que dio una pelea durísima que logró presionar a la Gobernación de Sucre para que lograra tomar esa medida. Realmente ese es un logro del zar anticorrupción que del gobernador de Sucre. A nivel de alcaldes y concejales la impunidad en brutal, hemos logrado que a nivel de congresistas y gobernadores baje, pero a nivel de alcaldes es más difícil hacer las investigaciones”.

S.D.L: ¿Y cuáles alcaldes y concejales dice usted que hoy están en la impunidad?

C.L: “No recuerdo muy bien. En esa investigación del 2011 nosotros le entregamos al Ministerio del Interior una lista como de 125 nombres”.

S.D.L: ¿Y cuáles nombres de alcaldes recuerda?

C.L: “Te insisto que ese es un ejercicio muy estimulante y del cual aprendí mucho en la vida, pero la realidad es que a luz de los resultados judiciales y políticos del país yo creo que no solamente se deba hacer investigación periodística, sino reemplazar a esos tipos”.

S.D.L: Hay otro punto y es que reapareció el mayor Juan Carlos Meneses, vinculado al clan paramilitar de Los Doce Apóstoles en Yarumal. Él y otros en muchas ocasiones han señalado a Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, como el fundador y dueño de ese grupo paramilitar, pero en dos ocasiones las investigaciones contra Santiago han prescrito. Algunos testigos, como Meneses, dicen que Santiago ha salido bien librado por el poder político de Álvaro Uribe.

C.L: “Por supuesto. Si Santiago Uribe no fuera hermano de Álvaro Uribe estaría seguramente en la Picota o extraditado. No solamente fue que formó grupos paramilitares, sus vínculos vienen de ser parte de las redes del Cártel de Medellín. ¡Desde allá viene su impunidad! A él lo ha protegido de la justica el poder de su hermano, que tiene la capacidad de torcer a la justicia para terminar amedrentando o asesinando a los posibles testigos en su contra. La cantidad de posibles testigos contra los Uribe que han terminado asesinados es brutal, y ese es el principal indicador del nivel criminal de un sujeto en investigación. Te pongo los siguientes ejemplos: en el proceso del señor Luis Fernando Almario, del Caquetá, que primero tuvo vínculos con las FARC y luego con los paramilitares, mataron a once testigos. Un indicador del nivel de criminalidad del sujeto investigado es que le empiecen a asesinar a los testigos en su contra. Te hago un contraste.

En el caso de Samuel Moreno, que es un delincuente, un bandido que se robó mucho dinero, no han asesinado hasta hoy ningún testigo porque no tienen la capacidad armada y mafiosa para asesinar a quienes los pueden enlodar. En el caso del señor Salvador Arana, exgobernador de Sucre, para poderlo meter a la cárcel asesinaron a 13 testigos, y lo mismo sucede con los Uribe y  en particular con Santiago Uribe. Que yo recuerde van por lo menos 6 testigos asesinados, pero debe haber más. Cada vez que en un proceso de investigación a un sujeto político le empiecen asesinar a los testigos en su contra, es el primer indicio de culpabilidad del investigado. Eso quiere decir que tiene rabo de paja. De ese nivel de gravedad es lo que ocurre en el caso de Santiago Uribe”.

S.D.L: Pero en otras ocasiones la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha salvado ciertos procesos e investigaciones. Un ejemplo es la compulsa de copias contra Álvaro Uribe del magistrado del Tribunal Superior de Medellín Rubén Darío Pinilla Cogollo. La Fiscalía y la Procuraduría dijeron que no podían investigar a Uribe por vínculos con paramilitares porque ya tenía otras investigaciones parecidas, pero la CSJ dijo la semana pasada que sí debían investigarlo.   

C.L: “Pero el problema aquí es otro. Yo sé que Álvaro Uribe es como el símbolo de impunidad en lo presidencial. Uribe no resistiría media hora libre si tuviera juez independiente. El problema es que todos los presidentes de Colombia tienen impunidad garantizada. Pueden hacer lo que sea y nadie los va a juzgar; pueden recibirle 6 millones de dólares a la mafia, como lo hizo Ernesto Samper, y quedan impunes; pueden meter sicarios a la Casa de Nariño para planear complots contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como lo hizo Uribe y quedan impunes; pueden meter al jefe de seguridad de Palacio, que es un señor que tiene la oficina al lado del Presidente, a que traquetee coca desde la Casa de Nariño como lo hizo Uribe con Santoyo y quedan impunes. ¿Por qué? Porque no tienen juez, porque el sistema está hecho para que en la práctica nunca los investiguen. Por eso es tan importante en la reforma a la justicia que hayan más cobertura de jueces y fiscales en todo Colombia y que los altos funcionarios del Estado como el Presidente, los congresistas, el Procurador, el Fiscal tengan un sistema de juzgamiento eficaz. Hoy lo que funciona es una gran impunidad”.

@sebastiandiazlo