Hace un par de semanas el Gobierno nacional se rasgaba las vestiduras ente el informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la situación de hambre en Colombia, el cual señalaba que 7,3 millones de colombianos necesitarían asistencia alimentaria en 2022 y que, incluso, la situación de hambre en nuestro país era tan grave como la de Etiopía, Sudán del Sur, Yemen y Nigeria.
En una rueda de prensa la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez afirmó que el informe no era representativo del sistema de producción de alimentos del país y pidió el ajuste del mapa que allí se presentaba. Igualmente, reclamó de manera aireada que Colombia debería ser excluida de los países con riegos de hambruna y que en la actualidad no se enfrentan embates específicos que pongan en riesgo la estabilidad del circuito de producción, distribución y consumo de alimentos.
Pero más allá de un informe, que muy seguramente si refleja el estado de muchas familias en parte urbana y rural del país, es pertinente preguntarnos: ¿realmente los colombianos tenemos seguridad alimentaria en todos los rincones de la nación? Para responderlo es necesario tener en cuenta que la seguridad alimentaria en consistencia con el documento Conpes que regula la política pública se encuentra determinada por la interacción de la producción, distribución, acceso, aprovechamiento, calidad e inocuidad de los alimentos.
En el mejor de los casos, la mayoría de los colombianos tenemos acceso a los alimentos, es decir, la posibilidad de salir a comprar los alimentos que requerimos diariamente, pero ¿esto es suficiente? En el hipotético caso que se tuviera el dinero para comprar comida, pero que ni en la galería, ni en el mercado existieran productos, ¿qué haría? ¿podría sobrevivir con las minutas alimentarias que ofrece el gobierno en sus diferentes programas, como el PAE y los complementos nutricionales que se distribuyen en educación inicial que lidera el ICBF?
El verdadero rasero con el que se debería medir el hambre, en cualquier lugar del mundo, debería ser la capacidad que tienen las familias de cultivar, cosechar y consumir su propio alimento. Es decir, la capacidad de tener soberanía alimentaria. Este concepto es precisamente el que ha evidenciado la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), en un comunicado enviado hace pocos días al presidente Iván Duque en el que le solicitan abordar con urgencia las demandas de los pueblos indígenas respecto de su autonomía alimentaria y el cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Los argumentos presentados por la Onic van ligados directamente a la relación que tienen los pueblos indígenas con el territorio, de manera que no se puede medir el hambre de los pueblos ancestrales, sin reconocer la importancia que tiene la tierra. “Nosotros no somos pueblos de minutas y de paquetes nutricionales, somos pueblos de cosechas, de manejo biocéntrico de ecosistemas alimentarios, somos pueblos de ríos, desiertos, selvas, nómadas, seminómadas, rurales, urbanos, de playas, páramos o serranías. En nuestras leyes de origen contamos con indicadores propios para gestionar la salud de nuestros cuerpos en medio de las complejas transformaciones ambientales, geográficas e históricas que hemos vivido. Hemos hecho enormes esfuerzos de autonomía y agenciamiento para afrontar los daños a la naturaleza que se nos han impuesto”.
Es por eso, que los 155 pueblos indígenas, incluyendo los wayuu, no están de acuerdo que la condición de hambre sea relacionada única y exclusivamente con el concepto de nutrición/desnutrición. El hambre va más allá de la capacidad de medir los valores nutricionales que necesitan para abandonar los estados de desnutrición “Por esto, más allá de entrar en polémica con las metodologías del reciente informe de la FAO y el PMA (Hunger Hotspost, 2022), y pedirle al gobierno del presidente Iván Duque que acepte dicho informe, lo conminamos al respeto por las formas de vida y diversidad. Exigimos el reconocimiento de las formas de medir, representar y conceptualizar la salud y el bienestar de los cuerpos/territorios”.
Ante la grave situación que enfrentan los pueblos indígenas, la organización nacional exige el cumplimiento de acuerdos, que se habían pactado con el Gobierno y que hasta el día de hoy siguen en deuda, entre ellos el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. El acuerdo F42 del plan de desarrollo contempla construir un módulo indígena de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin). No se ha implementado. Igualmente, que se publiquen con trasparencia los resultados (y sobre todo las metodologías) de los Estudios Nacionales de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas (Ensani), que desde el 2012 el ICBF realiza para los pueblos en peligro de extinción física y cultural, sin hacer partícipe a la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC).
Precisa la ONIC que a la fecha es nulo el cumplimiento del acuerdo C4 del plan de desarrollo, que diseñaría un capítulo indígena para el plan nacional de alimentación. Las 11 dependencias del gobierno que conforman la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan) se tiran la pelota y han irrespetado de forma reiterada el dialogo con la Mesa Permanente de Concertación (MPC), en especial el ICBF y el Ministerio de Agricultura cuya ausencia y omisión han sido absolutas.
Con base en lo anterior, se exigió que se solucione de manera inmediata la crisis humanitaria migratoria que afrontan los pueblos indígenas, especialmente los plurinacionales yukpa y wayuu (Sentencia T 302 DE 2017), y los emberá, que han sido desplazados hacia las ciudades, incluida la capital. Se exige también el cumplimiento de la salvaguarda de los pueblos indígenas de conformidad con los diferentes Autos de seguimiento de la Corte Constitucional.
Es urgente que el Ministerio de Agricultura asuma su papel en el estímulo a la agricultura baja en carbono, que se diseñen concertadamente acciones para el intercambio de alimentos en circuitos cortos de mercado entre campesinos e indígenas y una categorización de las necesidades de ayudas de emergencia.
Es imperativo cumplir el mandato constitucional del derecho a la paz. En el acuerdo de paz que heredó el Gobierno, en el punto 01 se pactó la construcción de un sistema para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación y la reconfiguración de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan).
Finalmente, la carta firmada por el consejero mayor de la organización expresa que esta es una década decisiva para enfrentar la crisis ambiental y climática, los pueblos indígenas aportan soluciones y han conservado lo que hoy el mundo reconoce como estratégico: los bosques y la diversidad biológica. Los pueblos indígenas conocen cómo alimentarse y producir sin contaminar, esta es la vía contraria al discurso del hambre y a la lógica de la guerra. Pedimos al Gobierno honrar la Constitución y los pluriversos que coexisten en este país.
