Iniciamos este artículo realizando una precisión conceptual con respecto al significado de ordenamiento territorial como instrumento importante de planificación vinculado al adecuado uso y aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales y de las actividades económicas que subyacen en el contexto particularmente de la ruralidad colombiana.
El Ordenamiento Territorial (OT) permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio sobre la base de las potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos de planificación y gestión. Al momento de soportar un desarrollo integral basado en las comunidades, el ordenamiento territorial, aparece como un modelo teórico y metodológico que perfila los medios específicos para redireccionar el desarrollo de acuerdo a una particular configuración político-administrativa de la planificación territorial, de este modelo se desprende entonces, la planificación de los asentamientos humanos, la reglamentación de los usos indicados de uso del suelo y la posibilidad de regular la inversión pública y las actuaciones particulares.
Partiendo de que los procesos de ordenación planificada del uso del suelo deben tener una fuerte participación concertada de los actores sociales bajo un enfoque de “Desarrollo Territorial Participativo y Negociado” (DPTN). Desafortunadamente, en Colombia, estos mecanismos de participación se han invisibilizado como producto de las condiciones de fragilidad estructural que presentan las diferentes regiones y subregiones del país, asociadas a dificultades de gobernabilidad (principalmente de legitimidad institucional), la variedad polifacética de expresión en el seno de los entes territoriales municipales de conflictos entre intereses privados e intereses públicos como también, las distancias entre una planificación estatal que no consulta las prioridades del desarrollo en términos de las particularidades socio culturales y ambientales propios de esos territorios, lo que finalmente se constituye en una flagrante debilidad y sustancial desafío para la gestión del desarrollo territorial en Colombia.
Si se observa el marco normativo sobre el que se soporta los Planes de Ordenamiento Territorial en Colombia (POT), se evidencian serias restricciones para impulsar el desarrollo territorial sobre condiciones de equidad ambiental, bienestar social y participación ciudadana en beneficio de los diferentes actores sociales presentes en los territorios, así por ejemplo la Ley 388 de 1997, fue apenas un código de construcción regularmente redactado y con pretensión de ser una ley de tierras. A pesar de lo cual la ley permitió avances significativos en planificación urbana que fueron boicoteados —de manera temprana y sistemática— por el gobierno nacional, que revocó o relajó las reglas en beneficio de los dueños de tierras y constructores privados.
La Ley 1454 de 2011 reformó la Ley 388 pero siguió evadiendo las decisiones de fondo sobre organización estatal y descentralización. Apenas introdujo algún mecanismo para facilitar los acuerdos con el sector privado, disponer de las regalías territoriales con gran injerencia del gobierno nacional y reforzar la interferencia de gobierno central en las decisiones sobre el suelo.
De esta forma el marco constitucional colombiano del ordenamiento territorial no ha sido lo suficientemente desarrollado para que incida radicalmente en la reducción de las brechas del desarrollo en el ámbito nacional y regional en lo que respecta al uso del suelo y al aprovechamiento con criterios de sustentabilidad ambiental de los recursos naturales que sustenta los ecosistemas presentes en las diferentes regiones.
