Por mandato constitucional la Fiscalía General de la Nación es la titular de la Acción Penal en Colombia. Eso significa que es la encargada de investigar los delitos, autores, partícipes, condiciones en que ocurren, etc. y en ejercicio de esa facultad puede investigar a cualquier persona, hacerle imputaciones, acusaciones y pedir su condena en juicio. Para cumplir esa tarea dispone hasta de dos años (en la mayoría de casos el ciudadano desconoce que le están preparando su calvario), 42.000 funcionarios y facultades legales exorbitantes que la convierten en la institución más poderosa del país, a tal punto que cuando un ciudadano enfrenta un proceso penal es como un ratoncito peleando con un gigantesco dragón dispuesto a devorarlo.
No conforme con esas ventajas estructurales (que no debieran existir porque el debido proceso también implica igualdad de condiciones al momento de ejercer el derecho a la defensa) hay fiscales e investigadores judiciales que utilizan falsos testigos para incriminar a sus víctimas, y otros peores que no aceptan que los ciudadanos al defenderse tengan el coraje de denunciarlos y demostrar ante todo el mundo que son víctimas de falsos testigos, de montajes, y de arbitrariedades inaceptables en una democracia que respete sus instituciones y que respete a sus asociados.
Quizá por esto es que diariamente me recomiendan cuidarme de algunos fiscales sin escrúpulos y capaces de cualquier cosa cuando se les deja en evidencia como me ha tocado hacerlo en varias ocasiones.
Es quizá por esto último que la fundación Defensa de Inocentes con sus permanentes denuncias se ha convertido en un palo en la rueda para algunos fiscales arbitrarios que en lugar de operar justicia respetando los derechos fundamentales y garantías procesales de los ciudadanos se sienten emperadores y se resienten cuando el ciudadano se les escapa del patíbulo que prepararon.
Y es precisamente para salvaguardar el control social indispensable en toda democracia por la que muy respetuosamente he solicitado al señor fiscal general de la Nación garantías para que la Fundación Defensa de Inocentes y todas las ONG de DDHH que actúan en el país puedan cumplir con su labor de denunciar la arbitrariedad y el delito.
Un fiscal que utiliza falsos testigos para incriminar a un ciudadano inocente ¡es un delincuente!
Este corolario le quedó claro al país el día 18 de octubre de 2012 después del acto en que de manera gallarda y valerosa el señor fiscal general de la Nación pidió perdón por el error cometido por la Fiscalía al privarme injustamente de mi derecho fundamental a la libertad y al exhibirme ante los ojos del mundo como un criminal.
Estoy seguro que si algunos fiscales en Colombia tuvieran la mitad del coraje y la gallardía que tiene el fiscal general para reconocer sus errores las cárceles colombianas no estarían llenas de inocentes.
Ese mismo 18 de octubre de 2012 el doctor Eduardo Montealegre se comprometió con la sociedad colombiana a mejorar la Fiscalía, capacitar a sus fiscales, excluir de ella a los corruptos y luchar contra el flagelo de los falsos testigos a quienes denominó un cáncer para la justicia. Y efectivamente, a los pocos días el país conoció la respuesta institucional y celebró la creación de la Unidad contra Falsos Testigos conformada por un puñado de valientes fiscales que hoy adelantan esa importante y difícil tarea.
Es importante resaltar que hoy, después de dos años, se han abierto más de 900 investigaciones contra cerca de 3.500 falsos testigos y, que algunos pocos han sido imputados, otros más escasos acusados, y que media docena de estos peligrosos criminales han sido condenados.
Pero entonces, ¿qué va a pasar con la mayoría de estos casos?
Tal como lo evidencian los resultados, para que no haya impunidad se hace necesario fortalecer esta unidad por lo menos con 50 fiscales más para poder cumplir con el noble objetivo de esclarecer la verdad, devolver la libertad y la dignidad arrebatadas a los ciudadanos inocentemente detenidos, así como el establecer las causas y combatir los estragos que deja este infame delito.
Pero más allá de la deficiencia en el número de fiscales para enfrentar este flagelo, el problema radica en que las investigaciones no están llegando a donde tienen que llegar: ¿quiénes están detrás de los falsos testigos? ¿Quiénes los utilizaron contra ciudadanos inocentes y con qué propósitos? ¿Por qué si existe un compromiso del fiscal general en llegar hasta el fondo con estas investigaciones las mismas se quedan en la superficie? ¿Qué ha pasado con las denuncias hechas por la fundación Defensa de Inocentes y otras organizaciones de derechos humanos y por ciudadanos valientes que se han atrevido a denunciar a falsos testigos, a fiscales e investigadores corruptos que los han utilizado?
La respuesta es nada, y creo que al ritmo con el que avanzan las investigaciones nada va a pasarle a esos delincuentes que todavía y en contra de toda evidencia probatoria continúan impunes y colmando de vergüenza a la fiscalía.
Declaración Edver Fajardo
En mi caso, por ejemplo, existen confesiones de los propios falsos testigos que dan cuenta de la forma burda y criminal de como el entonces fiscal 38 de DDHH de Cali Paulo César García López los utilizó para ponerme preso.
Declaración Julio Cesar Salazar primera parte:
Declaración Julio Cesar Salazar segunda parte
Declaración Julio Cesar Salazar tercera parte
Y sin embargo sigue muy orondo como símbolo de la impunidad que reina en la justicia. Algo similar ocurre con otros fiscales ib ídem en Colombia, incluyendo a algunos de muy alto rango contra los que también existen pruebas y contra los que muy probablemente tampoco pasará nada (Declaración Margarita Marín).
Jamás me cansaré de exigir justicia y de repetir, cuésteme lo que me cueste, que un fiscal que utiliza falsos testigos para incriminar a un ciudadano ¡es un delincuente! o ¿Qué piensa usted de esto señor fiscal general de la Nación?
