Existe una justa indignación de la opinión pública por la desproporcionada condena contra la youtuber Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. Más allá de trivializar la controversia o de las pasiones que genera el personaje en particular, se desnuda una vez más el doble racero de un sistema judicial en crisis. Epa es víctima del populismo punitivo de los jueces y del rancio santanderismo, que no es mera leguleyada como se entiende siempre, sino también represión y prejuicio de clase.
Epa Colombia fue condenada en segunda instancia por tres delito distintos: perturbación del servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir “con fines terroristas”. No es un detalle menor esta calificación para que la autoridad judicial le imponga 63 meses de privación de la libertad en centro carcelario. Si bien es obvio la injusticia en el caso en específico y la parcialidad del Tribunal, detrás existe toda una arquitectura legal represiva que hunde sus raíces en el Estatuto de Seguridad de Turbay y el Estatuto Antiterrorista de Barco, perennizados por la Constitución del 91 y arreciada con las reformas penales de Pastrana y Uribe. La figura de incluir el agravante “con fines terroristas”, a todas luces un prejuicio político, duplica el rango de las condenas y las hace no excarcelables. El código penal colombiano permite que se declare terrorista desde volar las Torres Gemelas hasta dejar una puntilla en una vía, todo a discreción del linchamiento político y mediático.
No está en discusión que los hechos de destrucción física en una estación de Transmilenio dentro del marco del Paro Nacional de 2019 filmados por la misma youtuber, son una infracción al orden jurídico. Pero el debate que ha propiciado su desmedida sanción es la pertinencia jurídica y política de la decisión judicial. Más de cinco años tras las rejas por daños que no superan los 6 millones de pesos, y la impostura de la figura de “fines terroristas”, solo muestran la sevicia del aparato de represión legal contra manifestantes, mientras campea impunidad para los delitos cometidos contra la protesta. Las cosas en su justa proporción. Mientras que el presunto asesino de Dylan Cruz, Capitán Manuel Rodríguez Cubillos quien gozó durante casi dos años del encubrimiento de la justicia penal militar, sigue libre y activo en la Policía Nacional, y hoy no tiene mayores acciones legales por parte de la Fiscalía de Barbosa; una mujer de origen popular va a pasar más de un lustro en prisión por dañar un aparato dentro de una estación, sin que se hubiese afectado la integridad de ninguna persona. ¿Valen más los activos de una empresa quebrada –que igual las y los contribuyentes estamos sosteniendo- que la vida de un ser humano? Ese es el mensaje detrás de la polémica condena.
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En el fallo contra Epa se siente la pesada carga de la legalidad represiva. Si esto sucede con un personaje reconocido, ¿qué le espera a los cientos de presos políticos capturados este año durante el Paro Nacional?
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Quien lo creyera, pero en el fallo contra Epa se siente la pesada carga de la legalidad represiva. Si esto sucede con un personaje reconocido, ¿qué le espera a los cientos de presos políticos capturados este año durante el Paro Nacional? Qué va a ocurrir si se aprueban las nuevas iniciativas legislativas que buscan aumentar las penas y tipos penales contra el llamado “vandalismo” como si los existentes ya no fueran liberticidas? Preparémonos para cárceles atiborradas por jóvenes condenados por tirar una piedra, partir un vidrio o rayar una pared, mientras quienes han segado vidas y mutilado ojos, sufren “restricción severa” en guarniciones militares o policiales, en la mejor de las situaciones. El caso de Epa pone en primera plano la abnegada labor de abogados y abogadas defensores de derechos humanos que están conformando una primera línea jurídica por la libertad de todos y todas. Pongo mi tarjeta profesional a disposición para desentrañar montajes judiciales contra el Paro Nacional, como los acaecidos recientemente en Barranquilla y para denunciar el sesgo político de la justicia en Colombia.
Pero el drama de Epa va más allá. La sabiduría popular ha definido que “la justicia es para los de ruana”, juicio palmario que se comprueba cuando el caso se mira comparativamente ya no solo respecto a los hechos dentro del Paro o respecto a las normas represivas, si no ante perjuicios realmente severos contra el erario y la ciudadanía, pero que a diferencia del de Barrera Rojas cuentan con padrinazgos políticos o linajes para su protección. Hay de mujeres a mujeres por ejemplo. La siempre funcionaria pública Karen Abudinen Abuchaibe, experta al parecer en múltiples áreas ya que se ha desempeñado sucesivamente en cargos tan diversos como el ICBF, la Alta Consejería para las Regiones y el MinTIC, es responsable cuando menos por omisión de la pérdida de 70.000 millones de pesos- es decir 14.000 “delitos” de la Epa Colombia-, detrimento que se revierte en la perpetuación de la brecha digital para niñas y niños campesinos, en plena virtualización forzada de la educación rural. No hablemos de investigaciones de la tristemente célebre Comisión de “Absoluciones” de la Cámara que acaba de precluir el casos de Odebrecht para beneplácito del exfiscal Martínez Neira, al parecer a Abudinen como es común denominador en este gobierno no le caerá siquiera responsabilidad política, ya que seguirá campante en su cargo, hasta que le propongan uno nuevo a ella o a su clan político.
Pero como hay de mujeres a mujeres, cuando esto sucede con la MinTIC, la población carcelaria femenina sigue esperando aún la aprobación de la excarcelación para madres cabezas de hogar condenadas por delitos relacionados con narcotráfico, que fue definido en el Acuerdo de Paz de La Habana, y que el fiscal Martínez Neira impidió su aprobación. Se buscaba reconocer la condición estructural de víctimas de estas mujeres privadas de la libertad utilizadas por mafias y carteles. No es gratuito que la misma madre de Dylan Cruz no pudo estar en su entierro por estar privada de la libertad por un delito menor, mientras sus agresores siguen siendo funcionarios públicos. Ya es hora de romper con la idea punitivista de que la cárcel equivale a justicia y resuelve el problema de la delincuencia en Colombia. El actual sistema penitenciario es un jugoso negocio tanto para las clientelas políticas del Inpec y la Uspec, como para los contratistas privados que se lucran de atiborrar las prisiones. La manera en que funciona el sistema carcelario hace que no contribuya en nada a la llamada “resocialización”, si no que por el contrario sea una escuela de criminalidad. Lo irracional del modelo judicial penitenciario colombiano, -calcado del injusto y racista complejo carcelario norteamericano- resalta aún más cuando se compara que prisioneros sociales o por delitos políticos no caben en las celdas, mientras políticos como Guerra de la Espriella, Andrés Felipe Arias, la familia Aguilar los envían a instalaciones militares sin mayor control, pese a no poseer relación alguna con la institución castrense. ¿Por qué un martillo contra un torniquete en Transmilenio le da cárcel a Epa Colombia y el desfalco del Acueducto de Zipaquirá le da cuarentena en casa al representante Caicedo Sastoque y le permite posesionar su reemplazo? Qué diría el obsecuente Fiscal Jaimes el caso de Epa Colombia? ¿Le compulsaría copias al policía que la denunció?
Señores magistrados del Tribunal de Cundinamarca: no todo lo del pobre es robado. Toda mi solidaridad con Daneidy quien ya reparó materialmente los daños causados y asumió su error. Es irregular que la condena prohíba la libre expresión en redes sociales de una persona privada de la libertad, porque estaríamos otorgándole poderes de censura a la justicia penal. Abogo porque las instancias pertinentes revisen y revoquen esta decisión nociva no solo contra Epa Colombia sino contra los vestigios democráticos en nuestro país. Es hora de romper el sesgo de clase de una rama judicial que se hunde en su ilegitimidad, porque mientras políticos y militares cambian de competencia y jurisdicción acorde a su acomodo, y terminan protegidos por medidas de aseguramiento domiciliaria o en instalaciones militares, somos las y los pobres los que rebozamos el hacinamiento carcelario que solo representa una vena abierta para el patrimonio público, y no precisamente de 5 millones de pesos como en los hechos que condenaron a Epa Colombia.
