Queridos lectores, en mi reciente artículo en esta prestigiosa revista me pronuncié en contra de la postura del presidente Duque con respecto a la cuestión Uribe. El presidente Duque rompió el silencio impuesto, salió de su misterio y dijo con toda claridad, (…) frente a estas instancias judiciales me corresponde tener toda la prudencia”. Pienso que el presidente tiene toda la razón en emplear la prudencia a la hora de pergeñar soluciones y dejar que fluyan los acontecimientos con la esperanza de que así podremos asegurar lo que todos nosotros queremos, la búsqueda de la verdad irrefutable en medio de tanta confusión y respetar los derechos del debido proceso legal y la igualdad de oportunidades para el presidente Uribe. Por tanto, es necesario extremar la prudencia e imparcialidad “frente a estas instancias judiciales”, pero también tener la audacia de la imaginación y ofrecer garantías suficientes de franqueza y objetividad y disponer que determinados derechos humanos se deben respetar "en particular". En una materia tan delicada, audacia y prudencia deben ir de la mano. A pesar de su aparente neutralidad frente a quien como colombiano dijo “ha dado su vida por servirle bien a Colombia”, considero que usted no debe perder su capacidad de indignación y no puede ser indiferente ni neutral frente a la injusticia; en casos semejantes, se hace casi imposible un enfoque prudente. Lo que apunto puede hacer pensar a los ciudadanos electores —quienes deben valorar si sus gobiernos nacionales hacen bien sus tareas en materia de derechos humanos— “es que estamos hablando de una vaga tolerancia que o bien se exhibe como muestra de un imperativo moral, o bien destila un escepticismo intelectual neutral o indiferente”. Además, la idea de que la justicia no se administra adecuadamente se está extendiendo cada vez más en Colombia, por lo que esta presidencia tiene una deuda política con los ciudadanos, con los electores y con los contribuyentes, a este respecto.
Señor presidente, no me corresponde a mí evaluarle, pero no sería mejor utilizar la prudencia y el respeto democrático en toda referencia al uso de nuestra razón práctica y ponderar los valores en juego y, con toda cautela y prudencia, con todos los límites razonables pedir a la Suprema Corte que evite que aparezca parcial e insuficiente, en especial a la vista de la evolución permanente de sus ansias de protagonismo y chovinismo mal calibradas que afecta inevitablemente la percepción de la imparcialidad y neutralidad, independientemente de si uno considera o no esta cuestión como éticamente aceptable. Presidente Duque, respeto el modo con que desempeña su presidencia y no hago diferencias al respecto, pero me pregunto cómo puede justificar el hecho de que su “gran amigo” fuese acusado por supuestos falsos testigos, comunicados de prensa indican también interceptaciones ilegales, estigmatizaciones y señalamientos irresponsables y continúe prevaleciendo el poder opaco —sin control externo— de la Suprema Corte, donde prevalece la noción de que "el poder otorga el derecho". Así que para recibir una salva de aplausos al final de su mandato tendrá que permanecer fiel a sus opiniones y convicciones, así como a la coalición que lo ha propuesto para la presidencia, pero asumir su función con rectitud e imparcialidad como parte de su función ética y de supervisión y, en particular, sobre su papel de garante de los principios y valores universales.
La función presidencial encarna la voluntad de la mayoría de la población de disponer de un dirigente fuerte al frente del país. Gobernar es tener autoridad y poder sobre los demás. El gobierno del presidente debe estar a la altura de ese propósito y de su evidente obligación en su calidad de garante de la Constitución, de su supremacía en el marco jurídico y del interés común. Necesitamos esta autoridad sin demora que tenga el poder de guiar el sistema de una manera rigurosa e inteligente. Si el presidente desea convertir las palabras en hechos y mantener su credibilidad y prestigio en el ejercicio de su función de vigilancia ética y autoridad moral, así como del restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en la justicia, ha de ser capaz de tener autoridad y poder de control sobre los otros poderes, seguir su propia ruta, y dejar claro que no le asusta gobernar con mano dura e implacable: concentrarse en las tareas de información política, en vez de dedicarse a informar a los ciudadanos y la defensa del orden público o de la moral, incluidas la buena marcha de la justicia, la posibilidad de una persona para tener un juicio justo ante un tribunal imparcial y competente, realizado según las reglas de la ley, y también el derecho fundamental a ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.
Creo que existe un amplio consenso acerca de la creciente importancia y del mayor protagonismo de la presidencia. Quisiera decir al presidente, Iván Duque, que no deseamos una presidencia debilitada. Al contrario, queremos una presidencia fuerte, creativa, al tanto de los grandes retos que las nuevas injusticias —que pueden definir nuestra situación actual— y el activismo judicial plantean al derecho. Si no afrontamos esta cuestión, la presidencia “entraría en clara contradicción con los principios y valores sobre los que se sustenta y perdería toda credibilidad, y sin credibilidad no se tiene la autoridad necesaria para impulsar y exigir a los demás el respeto de los principios que decimos defender”. Juntos tenemos que construir las paredes de la casa de la justicia en la que vive nuestro pueblo. Todo ello implica la necesidad de buscar un delicado equilibrio entre diferentes intereses relacionados con los derechos humanos. Por este motivo, esta presidencia tendrá que utilizar todo su peso para que el equilibrio institucional del país progrese en varias direcciones y que todos los problemas se han de abordar sin tabúes, en particular que multiplique las señales fuertes que movilizarán la conciencia colectiva sobre la universalidad de los valores fundamentales y la dignificación del ser humano. Los ciudadanos que le hemos otorgado mandato no comprenderían que la presidencia se limitara a ser un interlocutor menor en la vigencia de los principios generales del derecho y en el concepto de justicia en la sociedad y se conformarse con ser una presidencia pequeña y diminuta reducida a la mínima expresión. Por favor, no acepte compromisos mezquinos en este ámbito. Puede estar rodeado de seguidores —que tendrían demasiado que perder— y contradictores o enemigos mezquinos y muchos obstáculos pueden retrasar su marcha, pero las cosas importantes y reales como parte integral de sus mandatos y/o modus operandi, el derecho y la justicia y los ciudadanos están de su parte. Es bien sabido que es usted una personalidad exigente pero también que tiene un profundo sentido del equilibrio y una independencia celosamente protegida.
Yo creo —¿por qué ocultarlo?— que el asunto Uribe es una de las cuestiones fundamentales por resolver. Estamos convencidos de que, bajo su autoridad, hará respetar los derechos de cada colombiano y los principios del derecho internacional.
Por último, presidente Duque, es bien sabido que gobernar es mucho más difícil que hacer una campaña. Gobernar significa traducir en hechos concretos y sostenibles sus palabras positivas y sus propósitos. Su mandato democrático en la construcción de Colombia viene acompañado de grandes responsabilidades, responsabilidades de gobernar en bien del pueblo. Dice un amigo que el arte de gobernar es una cuestión de individuos, no de técnica, presupuesto, leyes o normas, se afirmaba incluso que la gobernanza va torcida cuando deforma en un método de "gobernar sin gobierno". Usted seguirá siendo el árbitro final del poder en la gestión de este amado país. Corresponde pues al presidente crear, decidir, ejecutar, controlar y administrar las políticas públicas, así como ejercer su autoridad en todo el país. Amén.
Nota. Hace mucho que la situación de inseguridad para la población civil y el quebrantamiento del orden público en la capital del país (cierre de vías, manifestantes armados y daños a bienes públicos o privados) es motivo de preocupación y, por tanto, debe afrontarse. Este problema, cuya urgencia resulta evidente para millones de ciudadanos, no solo afecta a los trabajadores, sino también a los estudiantes y las empresas. ¿Cuál puede ser la razón de esta violencia por parte de los estudiantes que, repito, resulta intolerable y absurdo? ¿Se habrá convertido la Colombia en un país tan inseguro de darle a su pueblo la tranquilidad que no puede hacerse cargo de estas protestas? La tolerancia cero frente a la alteración del orden público y los saqueos y las demás conductas indebidas constituye una condición previa para la recuperación de la confianza en la función pública. Es evidente que no se puede responsabilizar directamente al gobierno, por la ocurrencia de los casos citados. No obstante, es sin duda responsable de la manera en que afronte la amenaza que para nuestra libertad y nuestros derechos civiles constituye los actos violentos que acompañaron a las manifestaciones de protesta y los atentados contra la integridad física, puesto que una aclaración sin cortapisas ni lagunas de dichos casos le permitirá desmarcarse positivamente de estos métodos violentos e ilegales. El presidente debe enviar un mensaje firme a los manifestantes de que toda alteración del orden público, por ejemplo, los incendios de edificios públicos o vehículos, etc. y todos los tipos posibles de crímenes contra la población civil es una práctica no democrática y que es contraria a la base del estado de derecho, garantizando que tales delitos terroristas serán castigados con penas eficaces, proporcionadas y disuasorias y los resultados han de estar a la vista de todos.
