Parece mentira que luego de anunciarse con bombos, platillos, payasos, serpentinas, globos y confites que se conectarían a internet miles de colegios públicos en Colombia, nos hayan anunciado que simplemente se perdieron 70.000 millones de pesos del proyecto en manos del contratista.
El asunto, expuesto a todos los niveles en los medios de comunicación, no deja de causar asombro, no solo por el extravío per se de los recursos públicos, sino porque la forma en que se perdieron podría equipararse al instante en que al niño inocente le es arrebatado el dulce por la trampa del avivato.
Se conoció que desde el instante en que la licitación pública fue adjudicada, había un olor a fétido en el ambiente, situación que fue denunciada por una emisora radial ampliamente escuchada en el ámbito nacional, y cuya periodista que hizo la denuncia fue posteriormente amenazada.
No es digerible cómo un contrato de más de un billón de pesos, con el que se quiso dar solución a un rezago tecnológico en procura de la educación de la población escolar, pudo ser adjudicado a un contratista sin experiencia en esa área, que no contaba ni con el equipo técnico ni con los recursos para ejecutar el proyecto, eso sin dejar de lado las pólizas falsas con las que se intentó garantizar el cumplimiento del contrato.
Si lo anterior no es digerible, mucho es la gestión de la señora Karen Abudinen en este suceso tan bochornoso, en el que pretende endilgarle toda la responsabilidad al contratista en procura de salir librada del asunto. Y es que la ministra de las TIC no es una funcionaria lela; por el contrario, su trasegar en lo público y en los asuntos de carácter técnico iniciaron por allá en 2002 como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que presumo, contrata personal por sus calidades técnica, para luego iniciar una carrera ascendente en el ámbito local de la mano de la ¨magnánima¨ familia Char, hasta aterrizar en el gobierno de Iván Duque.
Para una funcionaria de sus calidades no es admisible mostrarse como sorprendida por ese mamut que entró por la puerta del ministerio que preside. Primero, porque había una jugosa contratación de recursos públicos sobre los cuales había que enclavar los ojos; segundo, porque el interés perseguido estaba dado a beneficiar en educación a niños y adolescentes en Colombia, y tercero, porque fue el mismo ministerio quien escogió al contratista.
Hoy, la señora ministra atornillada en su cargo, dando señales de indignación por habérsele perdido la no despreciable suma de 70.000 millones de pesos, insiste una y otra vez que esos dineros públicos no se van a perder. Sin embargo, se recuperen o no, el daño ya está hecho.
Su gestión quedó en entredicho; la percepción es que se actuó con poca o nula diligencia en un contrato que por sus características se debió emplear con total rigurosidad. En cambio quedó en la órbita una contratación amañada para el beneficio de unos ¨empresarios¨ de cuya responsabilidad no puede apartarse la ministra, así como quien se sacude la ropa de polvo.
Ojalá y esta crónica no se convierta en otro Reficar o Agro Ingreso Seguro, de los cuales ya sabemos cómo termina, lo que sí es cierto es que la ministra, gracias a este escándalo, debe irse por sus omisiones, que han puesto a dubitar a todo un país de sus capacidades.
Ministra, hágale un favor a Barranquilla, a la costa y por supuesto al país, ¡váyase!
