La Corte Suprema de Justicia desperdició nuevamente la oportunidad que tuvo en la sala plena de este pasado 22 de febrero para elegir a la nueva fiscal general de la nación. Ante esta obligante responsabilidad, a la cual le viene sacando el cuerpo desde hace ya más de seis meses, la Corte parece estar en la actitud del niño que amenaza con no tomarse la sopa porque lo regañan. Para este alto organismo, regañarlo es exigirle que proceda cuantos antes a efectuar tal nombramiento, como se lo impone el artículo 249 de la Constitución Nacional.
En defensa de la Corte, algunos comentaristas señalan que no hay norma que fije plazos para tal designación. Desacertada defensa esa, pues resulta apenas lógico que exista tal vacío normativo si tenemos en cuenta que elegir significa tenerle sustituto a alguien que va a dejar un cargo en una fecha específica, a la cual, o a la de su víspera, habría que reconocerle carácter de plazo máximo para tal designación. Triste suerte la de un país como el nuestro, en el que aspectos aparentemente tan evidentes como el mencionado exigen para su cumplimiento de todo un arsenal normativo, incluso el de la fecha, para que el obligado sienta que lo está.
Ante tan negativo proceder, sigue en firme la orientación de la toma de calles y plazas -pacíficamente, no sobra reiterarlo-, para que los magistrados de ese organismo resuelvan tomarse la sopita y salvarnos de la desvergüenza de tener al frente de la fiscalía, así solo sea en interinidad, a una señora que se ha visto comprometida, según lo atestiguan funcionarios suyos, en escándalos que la vinculan con el tape tape al narcotráfico, que ha resultado más proclive a politizar el cargo que el exfiscal Barbosa, así como más dispuesta que este a hacer profesión de su abierto antipetrismo. Atestados de razones estaban quienes advirtieron del carácter continuista de Mancera de las nefastas prácticas de Barbosa, mientras fungió como fiscal.
En este momento, el país asiste a los preámbulos de un proceso reformatorio de la justicia. Para tal propósito, el ministro del ramo conformó una comisión de alto nivel, con integrantes de diversos credos ideológicos y políticos, para que formulen una propuesta que resulte atractiva para todas las fuerzas que se expresan políticamente en el Congreso, a fin de garantizar su aprobación.
De tal reforma, la de la Fiscalía debe ser de primer orden, comenzando por acabar con la interinidad que afecta al 80 por ciento de sus funcionarios, lo cual coloca su independencia funcional en manos de la politiquería, como lo ha sido hasta ahora. ¿Será que esta sí sale avante?
