Esta frase, que en boca del procurador sonó tan mal, sí se aplica en todo su contenido a los miembros del Congreso que pretenden darle un golpe de muerte a la restitución de tierras. La gran fortaleza de la Ley de Víctimas consiste en que la carga de la prueba está en quienes fueron desplazados de sus predios, millones de colombianos. Lo increíble es que sin sonrojarse, la representante María Fernanda Cabal y el senador Antonio Guerra, pretenden darle un viraje total a la norma al poner la carga de la prueba precisamente en los desplazadores. Es decir, repetir la horrible historia que tanto daño le ha hecho a millones de campesinos colombianos.
Pero no se sabe que debería darles más vergüenza, si los argumentos que está planteando la representante Cabal para justificar su apoyo a esta iniciativa, o el hecho de que uno de los representantes de los grandes terratenientes de la Región Caribe sea quien presente esta iniciativa en la Comisión Primera del Senado. Ambos estarían legislando en beneficio propio y esto por lo menos debería avergonzarlos. Tanto la congresista Cabal, vocera de esa derecha recalcitrante que tanto tiene que explicarle al país sobre el desplazamiento, y el senador Guerra que personifica a aquellas familias que han combinado la política con grandes propiedades rurales, representan los intereses de quienes ahora quieren defender: esa derecha recalcitrante de la cual ella es su vocera más atrevida y él a los terratenientes dada su historia familiar.
Guerra y Cabal estarían legislando en beneficio propio
y esto por lo menos debería avergonzarlos
Utilizar a los campesinos, dividirlos entre decentes e indecentes, para defender a los que de manera brutal adquirieron ilegalmente más tierras, es reamente inaudito. Estas fueron sus palabras: "Los campesinos decentes están siendo despojados por el Estado por cuenta de la ley como está hoy" (Las 2 Orillas). La conclusión entonces es la evidente: hay que cambiar la Ley precisamente en lo que le da fuerza a la aplicación de la justicia en este tema para que ahora sean los campesinos desplazados, los que tengan que demostrar cómo adquirieron los predios.
La concentración de la tierra colombiana en pocas manos —las de siempre, más la de los nuevos ricos— es parte de la historia del país. Hasta ahora han tenido éxito los que han impedido que se distribuya la propiedad rural, que no se concentre más y que los pequeños campesinos tengan los predios que requieren para una vida digna. Ante la posibilidad del cambio a favor de las víctimas del conflicto, ahora están surgiendo nuevamente las fuerzan que desean mantener la situación actual. Apoyan los frenos que surgen de las iniciativas de esos sectores retardatarios y los tiene sin cuidado que la continuación de la injusticia social de origen a otro conflicto armado. La experiencia les confirma que ellos, las elites urbanas, no sentirán la guerra y por eso no les interesa que se renueve. Solo eso explica las trampas que le están poniendo a los sectores rurales menos favorecidos, para que recuperen lo que perdieron. Es decir, se oponen a que haya justicia.
Por ello es necesario insistir en que estos grupos de parlamentarios que representan las clases que han concentrado la tierra y el poder político, han perdido totalmente el pudor, la vergüenza de decirle tantas mentiras al país y de defender intereses personales como los que se sabe representan los congresistas. La Ley de Víctimas, que por fin se logró aprobar después de que la hundiera el presidente Uribe durante su largo mandato, no puede ni debe modificarse en cuanto a quien tiene que probar la adquisición de los predios de manera legal. Esta propuesta del senador Guerra y de la representante Cabal no puede progresar. Pero más aún, el hecho de que Cambio Radical se haya asociado con el uribismo para proponer y defender este cambio, debe ser un elemento crucial para pensar en la conveniencia de una Presidencia en manos de su fundador y director real, el vicepresidente, German Vargas Lleras.
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