La pobreza es el principal problema de Colombia. Por lo menos para más de 30 millones de colombianos. Cuando se habla de pobreza y se relaciona con carencias -sobre todo materiales- es bueno jerarquizar y arriba, en primerísimo lugar, está la física hambre. No tener zapatos, ropa, agua potable es un problema mayúsculo, pero no tener qué comer es simplemente inhumano.
En un país inmensamente rico como el nuestro, quiebra el alma ver a los 300 niños de la Guajira que mueren por desnutrición anualmente. ¡300 niños que mueren de hambre!
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 31 millones de compatriotas aguantan hambre, 8 millones de los cuales están además en la pobreza extrema. Personas que sobreviven con menos de $145.004 pesos al mes, cifra misérrima que no alcanza para suplir las calorías mínimas requeridas por un ser humano sano. En éste Macondo de injusticia e inequidad, hay 2.4 millones de hogares que comen menos de tres veces al día.
Este cuadro desolador ha sido la constante de las últimas décadas y sólo ha venido a agravarse producto de la pandemia. El gobierno de Duque, de raigambre reaccionario en lo social y continuista del neoliberalismo en lo económico, no hizo absolutamente nada para aminorar, por lo menos, el sufrimiento inusitado de millones de personas.
Esa es la cruda realidad de un régimen que sirve a los intereses de banqueros, especuladores, latifundistas y mafiosos y no al pueblo que lo elige con la esperanza de que resuelva los problemas y no que los agrave.
Ni Plan de Choque Social como propusimos desde Comunes, ni ampliación del monto y la cobertura de subsidios y ayudas para la población, ni Renta Básica (RB). Nada.
La Renta Básica, en esencia consiste en entregar un monto de dinero mensual a cada ciudadano, suficiente para poder adquirir los bienes y servicios mínimos requeridos para una vida digna.
En el mundo existen varios tipos de Renta Básica: la Renta Básica Universal (RBU), que abarca a todos y cada uno de los ciudadanos sin distinción.
Otro tipo de RB es la Renta Mínima de Inserción (RMI), la cual permite asignar recursos a un grupo particular y significativo en condiciones de extrema precariedad. En todo caso la RB, a diferencia de los subsidios, no necesariamente limita a sus beneficiarios ni impone condiciones para su entrega o destinación.
La Renta Básica no solo soluciona el problema apremiante del hambre del ciudadano del común, sino que, además, mejora las dinámicas del mercado, mejora los indicadores de cobertura en salud, reduce los índices de violencia intrafamiliar, mejora los niveles de tributación, y lo mejor de todo, reduce las desigualdades sociales, caso éste en el que nuestro país ocupa un deshonroso lugar a nivel mundial.
La Renta Básica, además, significa el cumplimiento de parte de las obligaciones constitucionales del estado, garantizando una base material que permita desplegar una libertad real para todos los que se benefician de ella.
La aplicación de esta RB implicaría la inyección de 3 billones de pesos mensuales a la economía real, permitiendo que la demanda de bienes y servicios se dispare, impulsando la reactivación económica a escala nacional, regional y local.
El costo de la RMI asciende a 37.4 billones de pesos al año, equivalente al 3.7% del PIB.
Las fuentes de financiamiento están garantizadas si hay voluntad política: utilización de recursos disponibles del FOME, Títulos de Emergencia Social Económica (Créditos de emisión del Banco de la República al gobierno Nacional), GMF (Gravamen a los movimientos financieros), desmonte de exenciones y gabelas tributarias ineficientes, transferencia del 10 % de las Reservas Internacionales, y la reducción del costo del servicio de la deuda pública externa e interna para generar recursos presupuestales netos en 2022.
La experiencia de países como Finlandia, demuestra que los beneficiarios de la Renta Universal tienen una percepción positiva de su bienestar económico.
En España aprobaron el Ingreso Mínimo Vital de manera permanente como una política de garantía de rentas que ampara a los más vulnerables. Y en ambos escenarios los beneficiarios han aumentado su confianza en los demás y en las instituciones de la sociedad, por ende, no es sólo un beneficio económico, desmitificando de esta manera la concepción de que la asignación de este tipo de Rentas sólo convierte a los pueblos en “perezosos”.
Más justicia social sólo puede perjudicar a quienes viven de la miseria ajena.
Por Sergio Marín. Twitter: @SergioComunes
