La pasta de coca como moneda de uso local en las regiones de Colombia, especialmente las que dependen exclusivamente de este ingreso, es una realidad innegable. Ya sea que con gramera en mano se intercambien la coca por el valor correspondiente en dinero del producto que se está comprando, práctica llamada “cambalache”, o que se le fíe a quien tiene como garantía una “chagra”, son dinámicas que durante años se han manejado en esos territorios y que tienen como común denominador la garantía de que luego, eso se convertirá en dinero. No obstante, hace un poco más de seis meses esa seguridad se desvaneció.
Había mucho silencio, para ser un viernes en pleno crepúsculo. Faltaba la ranchera a todo volumen en la cantina y en el billar del centro de la vereda, la charla entre amigos y las miradas escudriñando las personas desconocidas que están llegando, rutinas normales después de terminar sus jornadas laborales de quienes allí viven. Caminamos casi todo el caserío para llegar a donde doña Eulalia, una mujer de aproximadamente 70 años, quien es la encargada de una de las residencias de Nueva Colombia. Ella no nos esperaba, la información se había cortado en algún momento, pero rápidamente empezó a prepararnos las habitaciones.
El silencio representaba varias realidades. Por un lado, muchas personas se habían ido de la zona en búsqueda de oportunidades laborales ante la crisis que ha iniciado, por otro, quienes quedaron no tenían ni la energía ni el dinero para estar consumiendo ningún producto asociado con el ocio, lo que ha ocasionado que muchos billares y cantinas permanezcan cerrados. En gran parte de la región del Guayabero, con sus más de 90 veredas, su economía depende principalmente de la hoja de coca, seguido de la ganadería. No obstante, veredas como Nueva Colombia se dedican completamente a este cultivo considerado de uso ilícito, ya que no hay vías que las conecte con una cabecera municipal y los costos fluviales para comerciar otro tipo de producto o con bovinos, son excesivamente costosos, casi una tarea titánica.
Las y los habitantes de Nueva Colombia han visto afectada su seguridad alimentaria en múltiples ocasiones, por ejemplo, cuando se adelantan los operativos de erradicación forzada, puesto que, no tienen otra fuente de ingresos y eso ha conllevado a enfrentamientos con la fuerza pública sin importar si resultan heridos, como se vio en el 2020. “Es una situación se ha venido presentando históricamente en la región, la violación de derechos humanos ha sito total en estos sectores. Tenemos por una parte la falta de inversión por parte del Estado y el abandono del gobierno, la única presencia estatal en estos sectores son las fuerzas militares y lo que hacen son reprimir y violentar a las comunidades campesinas con operativos de erradicación forzada, de desalojo, allanamientos, decomiso de ganado (…) tenemos un total de seis personas heridas de bala, y muchas personas heridas por artefactos del ESMAD”, nos explicaba en agosto del 2020 Pablo Parrado, líder social del sector.
Raspachín cruzando los surcos de coca, iniciando una nueva línea de raspada. Foto: Vladimir Encina
Realidad que han vivido desde hace más de 20 años cuando el Gobierno Nacional, para terminar con la hoja de coca, fumigaba y arrasaba de paso con los alimentos de pancoger. No obstante, en agosto de 2022 el presidente Gustavo Petro anunció que los operativos de erradicación forzada no deberían adelantarse sin información clara de sustitución y sin una política de drogas. Inclusive, en el mes de septiembre, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que “detienen a sus cultivadores y los encarcelan, por destruir o poseer la hoja de coca (…) la planta no es sino una planta (…) y los campesinos que la cultivan porque no tienen más que cultivar es denostado”, mientras exponía que la guerra contra las drogas, su justificación por defender la selva y declarar a la cocaína como la gran enemiga, eran discursos hipócritas pues por otro lado seguían demandando carbón y petróleo, actividades que realmente destruyen todo a su paso.
Luego de demandar que se acabe la irracional guerra contra las drogas, el Presidente Petro el 25 de agosto manifestó que la erradicación forzada continuaría, pero con los cultivos industriales y que no se utilizaría la fumigación. La meta de erradicación de este gobierno son 20.000 hectáreas, 30.000 menos que las proyectadas por el gobierno de Duque, dado que lo que busca es que la energía institucional se concentre en detener la salida de grandes cargamentos, al tiempo que se busca detener a los dueños del capital, en vez de criminalizar al campesinado.
Este año, según publicó El Tiempo, la Policía Antinarcóticos ha erradicado más de 700 hectáreas y se han producido alrededor de 14 bloqueos por parte de la comunidad para evitar estos procesos. El Ejército Nacional no habría iniciado operativos esperando la política antidrogas anunciada por Petro.
Pese al limbo que persiste sobre si será la sustitución voluntaria lo que prime en el Guayabero o se verán alcanzados por los operativos de erradicación forzada, un alivio temporal para la constante zozobra en la que vivían, fue la decisión del actual gobierno de ponerle un freno a la Operación Artemisa, aunque en Guaviare organizaciones como la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, el DIH del Río Inirida y la Defensa del Medio Ambiente de la Amazonía- DHRIMAA, ha denunciado que en los operativos de erradicación forzada no solo han quemado cambullones, sino también viviendas de campesinos de la zona, misma práctica que caracterizó los operativos de Artemisa.
No obstante, si no hay una acción militar en Nueva Colombia ¿por qué las y los campesinos están anunciando una crisis humanitaria?
Vea la investigación completa en: El Cuarto Mosquetero
*Con el apoyo de Voces del Guayabero. Investigación y redacción: Lina Álvarez y Shirley Forero; Edición de imagen: Vladimir Encina; Producción audiovisual: Camilo Rey; Diseño y desarrollo web: Didier Álvarez.
