Todo parece indicar que el bienestar del país y la ciudadanía no están en la agenda del actual gobierno. Así lo demostró nuevamente Iván Duque cuando anunció que reanudará la aspersión aérea con glifosato para acabar con el llamado “narcotráfico”, lo cual como se ha visto, es una falacia. El glifosato no acabará con el “narcotráfico".
La realidad de esta política es que no golpea la industria multinacional de las drogas ilícitas, ni en su comercialización ni en su producción, ya que no se ataca ni controla la venta de precursores químicos que son los que hacen posible la transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, tampoco el lavado de activos.
Pero, lo que sí ataca es a las comunidades campesinas cocaleras que han sido abocadas por medio del despojo de sus tierras, el terror paramilitar y el abandono del Estado a la siembra de estas plantas como única opción de sobrevivencia. Reanudar la aspersión aérea es la continuidad de una política fracasada, equivocada en la que el presidente pretende insistir.
Los costos económicos, en salud y ambientales de asperjar el veneno del glifosato son gigantescos, cuando lo que requiere nuestra sociedad es inversión estatal en los territorios apartados, sustitución de cultivos, vías terciarias y comercialización de los mismos, de tal manera que con ello, se garanticen derechos y oportunidades para las comunidades. Es decir, lo que requiere Colombia y sobre todo sus comunidades es sustituir los cultivos de uso ilícito por otros que aporten a la soberanía alimentaria, al desarrollo territorial y al buen vivir de las comunidades. Que insensatez persistir en la fumigación, cuando esto que estoy planteando pareciera una verdad de Perogrullo.
Erradicar tan solo una hectárea de coca mediante aspersión aérea le cuesta al erario público alrededor de 210 millones de pesos. ¿Cuántos cultivos de papa, yuca, plátano o frutas se podrían apoyar para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y con ello promover el abastecimiento de alimentos?
Pero además, como se sabe, el uso de glifosato también tiene peligrosísimas implicaciones para el medio ambiente así como para la salud animal y humana. Este peligroso herbicida ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud, como probablemente cancerígeno en los seres humanos. Ejemplo de ello, es la indemnización de 78 millones de dólares que la gigante multinacional Monsanto debe pagar a un exagricultor que hoy se encuentra con cáncer terminal producto de los daños sufridos por el uso de este veneno.
Así mismo, sobre las consecuencias en especies acuáticas, estudios realizados establecen que el glifosato les causa estrés oxidadito que conduce al daño celular. En roedores, por ejemplo, afecta los ciclos reproductivos. Las afectaciones ambientales por su parte recaen buena parte sobre la contaminación del agua y la destrucción de otros cultivos o plantas.
Cabe preguntarse: ¿cuál es el objetivo de volver a la aspersión aérea cuando los costos nombrados anteriormente seguramente no van a bajar? Hay que hacer realidad soluciones integrales frente a esta problemática que golpea a Colombia y los 3 ejes que componen el punto 4 del acuerdo de paz presentan una solución, lógica, sensata, que si se implementa cabalmente, permitirá que nuestro país supere este fenómeno.
Comenzar con la sustitución como política de Estado es una necesidad urgente que beneficiaría al conjunto de la sociedad, que transformaría el campo colombiano, permitiendo disminuir progresiva, pero de manera permanente, los cultivos de uso ilícito. Así lo demuestra la realidad campesina que a pesar de los incumplimientos, siguen firmes en arrancar las matas y ansiosos de que la institucionalidad cumpla con su parte.
Las 130.000 familias que firmaron acuerdos colectivos y procedieron a arrancar las matas de coca de manera voluntaria o asistida, han logrado disminuir en 34.767 hectáreas los cultivos de uso ilícito. Tan solo el 0.6% ha sido resembrado, demostrando el éxito y la potencia de la Sustitución Voluntaria sin que se afecte el ambiente, ni la salud humana o animal.
El Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) contribuye a la disminución progresiva de los cultivos, por ello es necesario que se adicionen los 1.3 billones de pesos que no están presupuestados para cumplirles a las 33.119 familias que han firmado acuerdos colectivos.
En el tercer año de implementación de los acuerdos firmados entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las Farc-Ep, le manifestamos al presidente en función, que reverse su concepción equivocada de acabar con los cultivos mediante la erradicación por aspersión aérea y que ponga esos esfuerzos en materia económica e institucional para que el punto 4 del acuerdo final sea una realidad y con ello, nuestra nación se configure como una de las experiencias exitosas en Sustitución de Cultivos en el mundo.
Atacar los cultivos de uso ilícito como si ahí radicara el problema no es la solución, esas miles de hectáreas sembradas son producto del abandono estatal que han sufrido las comunidades rurales por décadas enteras, donde el analfabetismo y el rezago escolar son el pan de cada día, donde la informalidad laboral alcanza más del 97%, el hacinamiento, la pobreza y la vulnerabilidad están presentes. La sustitución, acompañada de la Reforma Rural Integral, es un horizonte posible y hacia allá debemos ir.
