Si algo nos enseñó el proceso de paz con las Farc y anteriores acordados con el M-19, PRT, EPL y Quintin Lame es que la paz se hace dialogando entre enemigos que aceptan deponer las armas para sentarse alrededor de la misma mesa a conversar respetando elementales normas de cortesía y unas reglas del juego previamente aceptadas.
Los beneficios del acuerdo más recientes con las Farc los vivimos en el Cauca y otras regiones del país azotadas por la violencia hasta poco más de un año después que la mayoría de guerrilleros entregaran las armas y desmovilizaran sus frentes.
Poblaciones como Corinto, Toribio y Caldono renacieron y hasta abrieron restaurantes y otros negocios que habían cerrado al estar sometidos a frecuentes ataques de la guerrilla enfrentada a la Policía con sus cuarteles como búnkeres protegidos en medio de calles cerradas al tráfico de vehículos y personas.
A finales del gobierno de Santos y al inicio del de Duque, con sus jefes llamando a “hacer trizas los acuerdos de paz”, no fue sino que las fuerzas armadas y las entidades del Estado se demoraran en hacer presencia en los territorios donde mandaban las Farc, para que con total libertad llegaran nuevos grupos guerrilleros, se fortalecieran las disidencias, los paramilitares del Clan del Golfo y otras siglas, más narcotraficantes aliados con carteles mexicanos para que la guerra se reanudara y creciera exponencialmente el asesinato de líderes sociales en medio de tanto grupo tirando la piedra y escondiendo la mano para echarse la culpa entre ellos, mientras, sin que nadie la viera, entraba la vistosa maquinaria para la minería ilegal, los insumos químicos y gasolina para los laboratorios de cocaína y la extorsión se consolidaba.
Ya cuando estaba alborotado el avispero ahí si desplegaron más de 20.000 soldados en el territorio caucano sin que la situación cambiara significativamente.
La anterior introducción para referirme a la necesidad urgida por Popayán y el Cauca de llegar a un acuerdo de convivencia entre los diferentes sectores sociales que desde hace años vienen enfrentados privilegiando sus diferencias políticas, étnicas y gremiales a los intereses y necesidades de la mayoría de población que calladamente sufre las consecuencias de sus enfrentamientos e intransigencia.
No podemos esperar a que desde este gobierno nacional se desarrollen los acuerdos de paz aprobados con las Farc, ni se reanuden las negociaciones con el ELN u otros grupos, pero si podemos avanzar en perfeccionar el Pacto por la Paz, Convivencia y Respeto a los Derechos Humanos, promovido desde el año anterior por la Gobernación del Cauca, la Asamblea Departamental, los personeros municipales, la Universidad del Cauca y otras entidades para construir acuerdos de convivencia entre organizaciones de trabajadores, estudiantes, comunidades campesinas, indígenas, campesinas y autoridades departamentales, municipales. De ese pacto no participaron los representantes de gremios de comerciantes, agricultores y ganaderos y de la industria a quienes la mayoría de la contraparte de organizaciones populares los miran como enemigos irreconciliables con quienes no se puede dialogar ni negociar.
Los efectos demoledores que sobre la salud, vida cotidiana y la economía caucana causó la prolongada cuarentena los potenció el bloqueo por el Paro, que además desnudó que el Cauca ha cambiado y Popayán ya no es la ciudad de los antiguos terratenientes que manejaban a su antojo las finanzas y política municipal y departamental.
Tal como en declaraciones a una emisora lo expresó el exsenador Jesús Piñacue, Popayán es una ciudad donde la mayoría de población sobrevive del rebusque o de pequeñas empresas y comercios y ya no es la ciudad de grandes señores de unas cuantas familias.
Ya tuvimos gobernador indígena, el actual representa a la población afro y estas dos etnias han logrado significativos avances en su organización y en la reivindicación de sus derechos que han exigido y gestionado amparados en el desarrollo de las leyes sobre autonomía y Ordenamiento Territorial que consagró la Constitución del 91.
La bancada de congresistas y senadores del Cauca no han podido conciliar sus diferencias parroquiales y no han actuado en bloque, como los hacen sus colegas de otras regiones del país, a la hora de defender e impulsar grandes proyectos que beneficien a la mayoría de la población. Cuando citaron a la ministra de Obras y al director del Invías para que explicaran y buscaran solución al atraso de seis años en iniciar la construcción de la doble calazada Popayán-Quilichao, solo asistió un senador de los cuatro y un representante a la Cámara.
La ANDI-Cauca, por medio de Corpopalo, ha llegado a acuerdos con comunidades indígenas del norte del Cauca para recuperar la cuenca del río Palo y apoyar proyectos productivos en los resguardos. Ya hay ejemplos de convivencia sin traicionar sus intereses.
