Gustavo Francisco Petro Urrego es economista de la Universidad Externado, es exalcalde de Bogotá (2012-2015), excongresista de la República y fue miembro de la extinta guerrilla M-19, hecho con el cual se caracterizó tanto su rol en la oposición como su campaña para llegar al poder, lo que a su vez transformaría el panorama político porvenir.
Con más de 11,2 millones de votos, y una participación del 58,17% (la más alta desde 1998) el 7 de agosto de 2022 la Casa de Nariño anticipa la llegada del primer gobierno de izquierda en Colombia, o al menos, de un candidato alternativo a la clase política tradicional. El presidente electo Gustavo Petro parecía haber descifrado los anhelos de la sociedad colombiana; una sociedad que tras haber enfrentado una pandemia devastadora y un estallido social en los años anteriores, ahora se encuentra preparada para un liderazgo que deja atrás una retórica polarizada frente al conflicto armado y la criminalidad, para abrir paso a nuevas discusiones territoriales que en su discurso estarían próximas a enfrentar una lucha contra la clase política hegemónica.
Promesas incumplidas
El llamado “gobierno del cambio” logró articular los estallidos sociales como su principal plataforma política, acompañado de la filosofía “Soy porque somos” y liderada por la voz de la primera vicepresidente mujer afro en los últimos 100 años, un hecho que sin duda, marcaría un hito en la historia política colombiana. Las expectativas fueron en aumento tras varias promesas que parecían ser cada vez más acertadas: el desmantelamiento pacifico de los grupos armados criminales, la transición energética, la garantía del acceso y permanencia al sistema educativo, un sistema de salud preventivo y territorial, así como un enfoque transversal de la denominada “paz total” son solo algunas de las promesas que se quedaron cortas a la hora de su ejecución, pues muchas de ellas parecen no alcanzar su meta para final de mandato y aún más preocupante, no logran entender el contexto en el que esperan ser negociadas.
Sin embargo, tras dos años de gobierno el panorama político ha tenido cambios sustanciales luego de un segundo remezón ministerial, el presidente acumula un total de 38 ministros y 54 viceministros hasta el momento; un número significativo en comparación a los anteriores gobiernos (tan solo es seguido por Andrés Pastrana 1998-2002 con 32 ministros en dos años), lo cual significa que, en promedio un funcionario dura aproximadamente poco más de un año en el cargo. Bajo una democracia sana son naturales los cambios en el ejecutivo debido a las circunstancias coyunturales, pero, en la práctica se debilita la efectividad de sus funciones en el ejercicio de la administración pública y se ve fragmentada la confianza entre su gabinete, siendo la elección de sus funcionarios como principales enlaces con el legislativo, una decisión crucial para el gobierno.
Reformas a medio camino
Un primer escándalo familiar de corrupción de su hijo Nicolas Petro por la financiación de su campaña, el cual hoy enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, un segundo escándalo legislativo tras los pagos millonarios a los expresidentes del Congreso y Senado, Andrés Calle e Ivan Name para acelerar el trámite de sus reformas; y una actual investigación por el Consejo Nacional Electoral por una presunta violación a los topes de campaña son el conjunto de eventos que concentran toda la energía mediática de presidencia, argumentando una falsa persecución a la izquierda del país por parte de las instituciones (el cual ha sido calificado varias veces de “paranoia política”); acudiendo al recurso del discurso politico del “golpe blando” y de la revolución del cambio, una estrategia que parece desgastarse cada vez más en la Plaza de Bolívar.
La aprobación de una tributaria (Ley 2277) calificada como progresista que prometió cobrarle más a quienes ganen más, tras ser negociada principalmente con congresistas y empresarios de los hidrocarburos, representa el mayor logro del gobierno en estos dos años, junto con una reforma pensional que hoy enfrenta más de 100 demandas en la Corte Constitucional que pretendía ser respaldada por la marcha de las canas, pues, luego de un arduo debate en el rama legislativa la iniciativa finalmente fue aprobada, abriendo paso a las próximas reformas.
Una Cámara de Representantes laxa frente a sus disposiciones, y una falta de mayorías en el Senado, resume a groso modo el escenario político que da inicio a sus propuestas; en consecuencia, una reforma laboral que aunque fuerte ideológicamente se enfrentó a estructuras económicas conservadoras, en pro de las garantías de los trabajadores, parece haber olvidado el actor principal de un eje transformador en su política bandera de paz total: el trabajador rural; tras el fin de su trámite en Cámara de Representantes, el articulado sobre trabajo agropecuario parece estar en el olvido y hasta el momento no ha visto la luz en su próximo debate hacia Senado. Adicionalmente, con la aprobación de una reforma política se busca dar cohesión a toda esta serie de cambios, propuestas abruptas como la financiación estatal al cien por ciento, y el establecimiento de listas únicas y cerradas pretenden reformar la dinámica de quienes juegan en la arena política por los próximos años.
Decepción
El panorama no parece ser alentador para el gobierno con una serie de reformas dispersas y desconectadas entre sí, en primer lugar, con una reforma a la salud 2.0 que ya se encuentra en plenaria; y aunque en el pasado ya cobró el puesto de la exministra de salud Carolina Corcho, sigue sin atender a las preocupaciones de los colombianos, sino a las preocupaciones de las EPS y su transformación como próximas “Gestoras de salud y vida”. Pacientes, trabajadores, instituciones, sindicatos y gremios están próximos a velar por sus intereses cambiando en un cien por ciento las dinámicas del sistema de salud, a la expectativa de mejorar un sistema que le ha costado más de 30 años crear una dinámica medianamente eficiente.
En segundo lugar, tras la próxima aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025 vía decreto, los consensos económicos del gobierno una vez más, no se han caracterizado por la negociación; la falta de ejecución y de financiamiento le costaron la aprobación por parte de las comisiones económicas, dando paso a una ley de financiamiento acelerada y confusa.
Finalmente, con una aprobación ciudadana del 34% hasta octubre del presente año, y una desaprobación del 61% pareciera que un acelerado trámite de las reformas asfixia la capacidad de negociación no solo con la rama legislativa en general, sino principalmente con sus detractores quienes no han dudado en poner en la cuerda floja la viabilidad de un gobierno de izquierda para las próximas elecciones 2026; le queda al gobierno dos años para ejecutar un presupuesto, negociar las reformas en trámite, restablecer su relación con las instituciones, y dar solución a los escándalos mediáticos que contradicen su discurso y que muy probablemente, le cueste un futuro en el ejecutivo a la izquierda al menos por un largo tiempo.
Referencias bibliográficas:
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- La Silla Vacía. (2024). Así quedó la reforma tributaria aprobada de Petro. Recuperado de https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/asi-quedo-la-reforma-tributaria-aprobada-de-petro/
