En un país que ha sufrido durante más de cinco décadas un conflicto armado interno atroz, así como múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, mucho se aprendió en materia de protección. Tanto que las experiencias colombianas han sido exportadas a toda Latinoamérica. Sin embargo, estos tiempos de pandemia demuestran que líderes y Defensores de Derechos Humanos asumieron que su protección estaba en casa. Pero hoy los asesinatos de los que son víctimas han sido mayoritariamente cometidos en sus lugares de residencia. Al parecer la pandemia adormeció la conciencia del riesgo en los líderes y Defensores de Derechos Humanos, pero más grave aún, en el Estado mismo que tiene el deber de garantizar y proteger sus vidas.
Un desconocido golpea la puerta de la casa de un líder social, él mismo se apresura a abrir la puerta, el desconocido pregunta si es Fulanito de Tal, el líder ratifica su identidad y el desconocido procede a disparar contra su humanidad.
En otro rincón del país, un DDH que tiene un esquema de protección asignado, en la puerta de su casa se despide de los hombres que lo protegen e ingresa. Un rato después sale de su casa por petición de una vecina, para hacer una reparación eléctrica y en el camino, a plena luz del día, hombres armados lo atacan y lo matan a tiros.
En los dos casos es claro que sus enemigos saben dónde viven, conocen sus movimientos, los han vigilado. Los ataques son premeditados, programados, planeados. ¿Han pensado en este hecho el Estado, los directivos de la Unidad Nacional de Protección o acaso los hombres que prestan sus servicios como escoltas de estos líderes y defensores?
¿Qué instrucciones está dando el Estado central a las autoridades locales para que cuiden la vida de líderes y defensores en tiempos de pandemia? ¿Acaso los han congregado para mostrarles lo que está sucediendo con los riesgos en esta cuarentena? ¿Les habrán recordado las pautas básicas para su autoprotección?, ¿Habrán ordenado a la policía realizar ronda de prevención por las viviendas? ¿Habrán destinado lugares seguros para ellos en caso de emergencia? ¿Habrán activado el protocolo de seguridad para garantizarles una salida de emergencia, mientras abastecen a sus familias de lo necesario para vivir? ¿La UNP, habrá financiado a los Defensores y Líderes para que creen barreras de acceso o refuercen los techos, muros y ventanas de sus viviendas?
En tiempos previos a la pandemia, sin que fuera su responsabilidad, la Unión Europea abrió canales de comunicación con líderes y defensores para atender sus situaciones de emergencia, operando 24 horas 7 días a la semana. ¿No tiene nada que aprender el Estado colombiano de esta experiencia?
En los últimos meses este mismo Estado, en cabeza de su presidente, Iván Duque Márquez, se ha jactado de la capacidad estatal ganada para ubicar a más de tres millones de personas que por sus condiciones sociales han requerido de su apoyo para transitar la cuarentena. Con tanta experiencia ganada, resulta lógico esperar que esta nueva capacidad pueda usarse para poner en marcha acciones reales que salven las vidas de líderes y Defensores de Derechos Humanos.
Hoy conviene al Estado mirar de frente la realidad nacional rural y revisar a profundidad sus prioridades en momentos de pandemia ¿es realmente prioritario destinar numerosos hombres del Ejército Nacional a erradicar a la fuerza, los cultivos de uso ilícito, cuando esto sólo golpea el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico?, ¿no es más razonable cumplirles cabalmente a los campesinos que ya suscribieron los acuerdos de erradicación voluntaria, para garantizar la reducción de las hectáreas sembradas con coca y, destinar estos hombres a controlar los actores armados ilegales que en días de cuarentena se expanden a sus anchas por todo el territorio nacional?
En tiempos de pandemia, erradicar por la fuerza cultivos de uso ilícito en Saravena, detener Defensoras de Derechos Humanos en Arauca como Yolanda González, o abrir a la presencia de fuerzas armadas norteamericanas zonas altamente sensibles -Pacífico nariñense; Sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño; Catatumbo y Arauca-, puede conducir el país a un nuevo escenario de caos en el campo que, sin duda agravaría, aún más la situación de los pobladores rurales y generará un clima imposible para el ejercicio de la defensa de derechos humanos.
La opción actual en todas las acciones del Estado debería ser salvar las vidas en riesgo, por ello tendría que abstenerse de realizar cualquier acción que pueda conducir a su pérdida directa, o al deterioro de las condiciones sociales en que líderes, defensores y población civil están subsistiendo hoy la cuarentena en medio de un conflicto armado interno que se recrea y avanza.
