La reinserción es el proceso de incorporación de insurgentes que están afuera del sistema político y de la constitución -- por haberse alzado en armas-- al amparo del derecho de rebelión. El regreso a la civilidad -tanto de combatientes activos, como de prisioneros que fueron vencidos en el campo de guerra- conforme al DIH, se hace según el pacto resultante del proceso de negociación política del conflicto, que los compromete a acatar la constitución vigente, abandonar el uso de las armas y someterse a la justicia de restauración, sin que hayan renunciado a la idea política que defendieron con armas. Con esta lógica varios miles de excombatientes de las FARC-EP esperan recibir del Estado las garantías pactadas y el reconocimiento de la sociedad para ingresar al ejercicio de la política desarmada y recíprocamente asumir las responsabilidades de su nuevo status de ciudadanía.
La reinserción que viene resulta de la negociación entre enemigos convertidos en adversarios políticos, en virtud de que Colombia es un estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, cuya soberanía reside en el pueblo. Que sintetiza el anuncio de que en la base del estado están los derechos humanos y en el centro el sistema de derecho internacional de derechos humanos compuesto por los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, que en todo momento podrán ser reclamados mediante la lucha social, que presione a los gobernantes a atender políticas y ofrecer garantías para su realización material. Con estos rasgos la reinserción esta inscrita en el ámbito de los derechos humanos y corresponde al sistema democrático garantizarla.
No es tarea fácil entender esta complejidad y menos aun cuando la democracia en su dimensión política aparece reducida a procesos electorales, manipulados por una red de clientelas que suplantan la voz de las mayorías, toman para sí bienes colectivos, formulan el destino de la nación, hacen leyes contrarias a derechos y reconstruyen poderes absolutos encarnados en varones electorales que actúan como soberanos medievales que eliminaban al otro como ciudadano y lo convertían en su subalterno obligándolo a manifestarle lealtad personal. Esta manera de hacer la política esta ahí, en las regiones, obstruye el debate democrático, ocupa espacios de deliberación (Congreso, cortes de justicia, tribunales, gobiernos locales, instituciones) y en paralelo usa intermediarios que le entregan al demos -al pueblo- productos ya creados sin participación colectiva (candidatos, normas, contratos, cargos) a cambio de lealtades pagadas con compensaciones (vivienda, servicios, mercados, contratos laborales, becas, otros) que le permiten sustraerles derechos y capacidad de resistencia para mantenerla uno a uno controlados y atados a su reino político como lo hace el pastor con sus fieles.
Estas distorsiones crean estratégicas confusiones sobre lo realmente ocurre y será la sociedad, sus organizaciones, grupos políticos alternativos y movimiento social, los que aclaren y extiendan la verdad favorable para crear un marco de garantías que le permita a los excombatientes hacer política como insurgentes desarmados y movilizar un discurso y unos modos de acción propios que converjan con otros para propiciar las transformaciones aplazadas. El ejercicio civil de los excombatientes no podrá ser otro que hacer política después de décadas de guerra.
A este propósito se opondrán las clientelas y otras fuerzas contrarias a la paz, que esperan ver a los excombatientes convertidos en reclusos, guardabosques, oficiales de obra o hasta gerentes de banco, individualizados y relegados a sobrevivir entre desigualdades, desempleo e inequidades. Pero su tarea no puede ser otra que demostrarle a la sociedad que las armas solo fueron un soporte temporal, el ultimo recurso de su proyecto político y será en el debate publico, sin uniformes, ni estratagemas, que se conecten con la sociedad para aprender y comprender de conjunto el sentido que tiene terminar una lucha armada larga, cruel y devastadora, con una negociación corta, rigurosa y confiable, que con la voluntad del gobierno y la insurgencia ha logrado derrotar a la guerra sin dejar vencedores ni vencidos, que ahora tendrán la encomienda de dimensionar el derecho a la paz como valor supremo.
La sociedad esperará de los nuevos actores políticos prácticas basadas en la solidaridad y la construcción colectiva de país de abajo hacia arriba, contrarias al modo clientelista de control de garantías a derechos, sometimiento y slogans sin programa. Su discurso tendrá que abrir el camino cerrado por las armas y la ganancia para el país será entender el significado de no volver a matarse por ideas contrarias, de respetar la vida de los otros a pesar de diferencias aunque parezcan insalvables, a ver matices y abandonar sectarismos y a cooperar entre distintos como ha ocurrido en otras experiencias de fin del conflicto por negociaciones como en Irlanda o El Salvador donde los antiguos enemigos en el combate se reconocieron plenamente como adversarios en la política.
Una tarea colectiva esencial de la sociedad es disponerse a entender -y oponerse- a quienes desde trincheras de odio, convertidos en soberanos esparcen apocalípticas amenazas y temores entre sus clientelas y manifiestan que comprenden al pueblo y fueron enviados a salvarlo. Visibilizar y comprender que la paz es un valor supremo empieza por abrir el debate sobre la democracia y el ser democrático y crear condiciones para que quienes abandonaron la guerra, pasen rápidamente de las veredas de concentración y los campamentos a exponer su proyecto político en ciudades, barrios, universidades, centros de producción, organizaciones sociales y medios de comunicación.
Reinsertar exige despejar el camino para que en igualdad de condiciones de ciudadanía, los excombatientes entren a la lucha política desarmada. Reinsertar es ofrecer un marco político y social adecuado para que participen del rediseño de la democracia herida con las balas de los buenos y de los malos. La negociación habrá triunfado cuando la política sin subalternos ni soberanos sea la que impulse la reconstrucción colectiva del país, reduzca las desigualdades y no permita justificaciones para que las armas vuelvan a ser desenfundadas por nadie.
