Si en un país hay que acudir a un largo proceso judicial para que la justicia decida cuanto es la mitad más uno de 99, su régimen político y jurídico está en crisis. Así quedó demostrado el pasado 21 de mayo cuando la Corte Constitucional en su Comunicado N°18 anunció al país que tuteló el derecho de las víctimas al debido proceso y declaró aprobado el proyecto de Acto Legislativo que crea 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes.
Aunque se conozcan muchas aristas del conflicto que generó esta norma mínima de apertura del régimen político, son muchas las que se ignoran o soslayan, así que vale la pena volver a traerlas presentes. El Acuerdo de Paz de La Habana contempló dentro del punto de Participación Política no medidas relacionadas con los excombatientes o el nuevo partido Farc, sino orientadas a ofrecer garantías para la inclusión de sectores no representados o abiertamente excluidos dentro del actual régimen político. Una de los mandatos más interesantes consagrados en este acuerdo fue justamente la creación de 16 Circunscripciones Especiales de Paz, que creaban curules adicionales para territorios duramente golpeados por el conflicto armado y la pobreza, sin vocerías reales en el parlamento.
Justamente una de las deudas con la misma Constitución de 1991 ha sido la reforma del ordenamiento territorial, que fue maniatada en el Congreso de la República y cuyo espíritu inicial ya no existe. Los mapas electorales no se tocan porque de ellos depende la elección de quienes los discuten y aprueban en el parlamento. La Cámara de Representantes que se supone lleva la representación territorial está conformado de manera tan desigual, que solo el Distrito Capital tiene más curules que todos los antiguas intendencias y comisarias. De poco sirven que departamentos como el Cauca, Nariño, Bolívar, Antioquia o Norte de Santander tengan asignados múltiples escaños en esta cámara, cuando estos son copados por sus capitales y zonas vitales para la paz y el desarrollo del país como el Pacífico, los Montes de María, el Sur de Bolívar, el Bajo Cauca o el Catatumbo se quedan por fuera del Congreso.
Así que por iniciativa de la entonces Delegación de Paz de las Farc, se acordó la creación de 16 curules para estos territorios por dos períodos legislativos. No se le quitaba un escaño a ningún departamento, no se le restaban votos a ninguna candidatura y apenas significarían cerca del 10 % de la cámara baja, pero logrando darle voz a 170 municipios de todo el país. No obstante, todo lo que implica tocar el statu quo de la clase política se hace prácticamente inviable en el Congreso de la República, donde prima la mezquindad política y el cálculo electoral. Primero los enemigos del Acuerdo de Paz se inventaron que estas curules iban a ser para las antiguas Farc, temor que se demostró infundado cuando en los pasados comicios dicho partido apenas ganó en 1 de esos 170 municipios, y respecto al cual en el trámite legislativo quedó incluido que ningún excombatiente de ningún grupo armado, así como ningún integrante de ningún partido político podrán postularse para dichas circunscripciones.
Lamentablemente el trámite de este importante Acto Legislativo en 2017 quedó prisionero de la campaña electoral en ciernes y de la perfidia a la paz que ya había empezado el Estado colombiano. Luego del desarme de la exguerrilla fueron pocos los avances de las normas requeridas por el Acuerdo de Paz, y los que se realizaron se hicieron en medio de la alteración de lo firmado, como sucedió con la Ley Estatuaria de la JEP y con las Circunscripciones Especiales de Paz. Los entonces representantes a la Cámara no querían voces propias de las comunidades que compitieran con las de ellos, entonces buscaron hundir el proyecto y colgarle sus micos. De ser 16 curules para 16 territorios victimizados colectivamente, se pasó a reducir la representación a las víctimas registradas ante la UARIV y excluir de la votación a la ciudadanía inscrita en las cabeceras municipales. El gobierno Santos las vendió a la opinión pública como “curules para las víctimas”, pero con estas dos sustantivas modificaciones no solo se violaba lo firmado en La Habana, sino que quedaba afectada ostensiblemente la posibilidad real de representar plenamente a todas las víctimas de estos territorios. Pregunta apenas obvia: ¿las víctimas de la represión policial del paro se podrán inscribir a la UARIV antes de marzo?
Teniendo en cuenta que hasta ahora la Corte Constitucional no ha modulado estos componentes del Acto Legislativo, la buena noticia de su sentencia no puede eclipsar estas taras que impuso el pasado Congreso. Aun así, el proyecto prosiguió su trámite y tras caerse 3 veces en la conciliación en la plenaria de Cámara, hasta que esta corporación impuso su versión amañada del Acto Legislativo, el último día del llamado fast track, obtuvo 50 votos aprobatorios en un Senado compuesto entonces por 99 integrantes ante 3 sillas vacías por corrupción. Con rapidez el entonces –y ahora nuevamente- secretario general de Senado quien ya proyectaba su candidatura a la Procuraduría, declaró que el proyecto que creaba 16 curules de paz no había sido aprobado, porque 50 no era la mitad más uno de 99. Tres años y medio después la Corte Constitucional por tutela tuvo que recalcular –y en segunda instancia- lo obvio: que 50 es la mitad más uno de 99 y que el proyecto había sido aprobado.
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Ver el mapa de las Circunscripciones de Paz, es ver el mapa de la victimización contra líderes y lideresas sociales en este gobierno, y ver parte de la cartografía de este gran estallido popular
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Obviamente la Sentencia SU-150/2021 no es ni una coincidencia jurídica ni una epifanía matemática de la Corte Constitucional. Digo sin temor a equivocarme que puede ser entendida como otra victoria del Paro Nacional y las comunidades sublevadas a lo ancho y largo del país. Ver el mapa de las Circunscripciones de Paz, es ver el mapa de la victimización contra líderes y lideresas sociales durante el actual gobierno, y es ver parte de la cartografía de este gran estallido popular. Ante un parlamento de espaldas al país incapaz siquiera de censurar a un indefendible mindefensa que debería estar es ante los estrados judiciales, la posibilidad que entren 16 nuevas voces de víctimas y territorios rurales, pese a los micos impuestos, podría implicar un aire democratizador en un régimen político tan hermético como el colombiano. Esta posibilidad dependerá en buena medida de la continuidad y cohesión de las expresiones sociales que se han movilizado en el país y de neutralizar los planes de la derecha por usurpar estas candidaturas.
Ahora bien, no se puede aún cantar victoria respecto a las curules especiales de paz. En primer lugar porque las modificaciones introducidas en el Congreso pueden trastocar la participación de las comunidades de estos territorios si no hay modulación de la Corte. En segunda instancia, porque lo que logra la sentencia de tutela – que aún no ha sido expedida- es que el Acto legislativo se dé por aprobado en el parlamento y pase para sanción a manos de un primer mandatario que terminó de hacer trizas la paz, pudiendo éste acudir a figuras como la de las objeciones presidenciales que ya utilizó contra derecho y contra cualquier raciocinio en el caso de la Ley Estatutaria de JEP. Un saboteo presidencial dejaría en manos de este Congreso a las 16 curules y podría empantanar su elección en marzo próximo. En tercer momento, porque si no hay garantías de seguridad física en estas regiones, estas 16 curules podrían convertirse en 16 escaños adicionales para las mafias y los partidos tradicionales. Y finalmente, porque entre los ruidos de sables, de guerra exterior y de conmoción interior las y los colombianos vivimos en el filo de la legalización de una dictadura expresa que podría implicar incluso la suspensión de elecciones. El tratamiento de guerra al paro y los nulos correctivos a la fuerza pública son evidencia de ello.
Saludo la resurrección de las curules de paz pero llamo a todos y todas a exigir su cabal y pronta implementación. Llamo a las comunidades reconocidas por estas curules a no bajar la guardia y exigir plenas garantías y cumplimiento de la sentencia. Que todos y todas tengamos claro que mientras Duque sea presidente y Molano el ministro de Guerra, las víctimas no nos podemos sentir tranquilas.
