Las conversaciones del gobierno y las Farc en “la isla” —como la llaman en sus conversaciones Zuluaga, Hoyos, su dragoneante espiritual, y el espía informático Sepúlveda— vuelven con fuerza al centro del debate político. Su discernimiento puede inclinar la balanza electoral en la segunda vuelta; desde el comienzo he defendido el nuevo diálogo;[1]aunque no haya escrito propiamente, aquí va un resumen.
Un repaso a los procesos de paz anteriores muestra que siempre hubo un tercer interesado en descarrilarlos: (1) Estados Unidos, parte de la cúpula militar y la derecha civil torpedearon el ensayo de Betancur; (2) las Farc, el de Barco-Gaviria; (3) Estados Unidos, parte de la cúpula militar y de la derecha y las Farc, sabotearon a Samper; (4) los paramilitares y sectores de la derecha, el del Caguán de Pastrana; además el 11 de septiembre mató cualquier posibilidad de una Zona Desmilitarizada.
Aparte de problemas de mal diseño del formato de las conversaciones, evidentes en la iniciativa de Pastrana, cocida en la campaña presidencial de 1998, todos esos procesos fracasaron excepto el de Barco-Gaviria con el M-19 y sectores del EPL. Todos estuvieron expuestos al acoso mediático, muy fácil de armar. Las conversaciones de La Habana tienen en los uribistas el tercer interesado en hundirlas pese al acotamiento temático y a la posterior refrendación popular.
Lo de La Habana comenzó el 10 de agosto de 2010 en la reunión Santos-Chávez en la que debió plantearse la búsqueda de un canal diplomático con las Farc. El ambiente era favorable: las guerrillas, para nada destruidas militarmente, estaban acotadas y debilitadas en relación al 2002; acusaban el castigo y el gobierno aprovechaba el momento para infligir más golpes a su dirigencia. Por otro lado, el régimen cubano había desechado oficialmente la lucha armada y aconsejaba las vías que llevaron al triunfo a Chávez, Correa, Evo.
Dos años después se supo: venían conversando en secreto en La Habana desde febrero del 12; habían acordado una agenda de seis puntos y un método de negociación propio del mundo empresarial y de la OMC: nada está negociado hasta que todo esté negociado. Que la noticia no se hubiera filtrado era indicio de seriedad. Las Farc ofrecieron dos muestras adicionales: se reunieron formalmente pocas semanas después de que fuera abatido el comandante Cano y por primera vez en su historia hablaron de dejación de armas, una vuelta de 180° del dogma de que guerrilla que no esté vencida va ganando. La agenda solemne, el acompañamiento noruego, la sede habanera, todo mostraba consistencia y más con el aval de Washington. Los delegados del gobierno eran gente seria y con claridad de propósito. Lo mismo puede decirse de la delegación de las Farc que, pese al pesimismo abrumador con que iniciaron las conversaciones, mostró que predominaba la disciplina en sus filas y consiguió rotar “comandantes de frente” en la mesa.
El punto central de este proceso es muy concreto y nada tiene que ver con “la paz a cualquier precio”; el gobierno señaló tres puntos que no serían objeto de negociación: el modelo constitucional básico; el estatuto de la Fuerza Pública y el modelo económico. Bajo estas premisas, ¿cómo se integrarían las Farc a la vida política y electoral del país? Y el reverso, ¿cómo podría digerir el sistema político colombiano una formación política legal surgida de una guerrilla tan enraizada? Este es el fondo del asunto que se va desarrollando en la secuencia de la agenda.
Arrancaron simbólicamente por el tema agrario y no es cierto que hubiera excluidos. Pastrana y los conservadores entraron; las Naciones Unidas y la Universidad Nacional canalizaron las propuestas, iniciativas, opiniones de la sociedad civil. Formalmente todos los partidos representados en el Congreso avalaron. Uribe, a cuyo gobierno se debía el debilitamiento de las Farc, se autoexcluyó y trinó a cada rato en un crescendo agresivo y hasta soez, desvirtuando la función moderadora de un expresidente de Colombia. Pese a lo cual se avanza, lentamente. Si se llega al acuerdo vendrá la refrendación popular y la implementación legal.
Suponiendo que ganara Zuluaga, y que fuese cierto que no se levantará de la mesa de “la isla”, es obvio que en el interior de su campo harán todo lo posible por arruinar la refrendación y la compleja implementación legal, a no ser que hayan hecho una farsa estos cuatro años y sean corderos con piel de lobo. En un proceso tan delicado, que requiere fe y constancia, solo el liderazgo presidencial de Santos garantiza un final que corresponda al esfuerzo desgastador de estos cuatro años, habida cuenta del desprestigio político de las Farc. Si hay acuerdo en La Habana será materia pública sobre la cual decidirá la ciudadanía. El momento de la refrendación será un marco de conversación política razonable, infinitamente mejor que seguir en la guerra sin fin, con un alto costo en vidas, en calidad democrática, en el presupuesto nacional.
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[1]A raíz de la publicación de mi libro Violencia pública, concedí una entrevista a Semana; vinieron otras en El País de Madrid y El País de Cali; en El Espectador, junto con el tema de tierras; acudí a cuatro o cinco entrevistas con Carmen Aristegui en CNN; tuve el honor de participar en el “seminario de los jueves” de Carlos Gaviria en Medellín; conversé civilizadamente con Fernando Londoño Hoyos ante el auditorio de Uniandinos, con moderación de Juan Manuel Ospina; di conferencias en las universidades Nacional (Bogotá y Medellín) UPTC de Tunja, del Valle y fui panelista en un Foro en la Universidad de los Andes. Eso quedó grabado y bastante está colgado en la red.
